EN
SALUD, EL MERCADO ES MUERTE
El presente trabajo corresponde a la opinión del autor y refiere a la administración anterior.
Autor: Jorge Rachid**
Desde la
asunción del gobierno actual, los sistemas de control de precios fueron
eliminados, los empresarios del sector farmacéutico ocuparon puestos
expectantes en el gabinete nacional, el dueños de una de las principales
cadenas comercializadoras, Mario Quintana, es el jefe de gabinete de asesores
de Macri, con lo cual el sector ya no necesita políticas de loby para acceder
al poder, sino que por primer vez en la historia, son poder.
El Mercado
como ordenador social es darwiniano, sobreviven los más aptos, que para la
industria son aquellos seres humanos que tienen recursos económicos para
afrontarlos. Con el resto la industria aplica una eutanasia económica: o lo
paga el Estado o no tiene acceso al medicamento y muere. Un derecho humano
esencial como la salud, queda subsumido a la dinámica del mercado, por lo cual
deja de ser un derecho y se transforma en un bien de consumo. Así lo visualiza
la industria, así los percibe el gobierno, así lo trata el sistema de salud,
incluso la mayoría de mis colegas médicos.
El
medicamento se ha transformado en un proveedor de ganancias a las
multinacionales, a los médicos que apuntalan sus honorarios con recursos extras,
las droguerías que pueden provocar faltantes y por ende aumento de precios. O
sea está mas visualizado como un bien, antes que como un instrumento de control
o curación de enfermedades, basado en una relación asimétrica del conocimiento,
que hace al paciente rehén del médico, del farmacéutico, de la marca o sea de
la industria.
La
accesibilidad universal al medicamento, debería ser una responsabilidad
absoluta de los estados nacionales, ya que la salud es un derecho esencial que
permite al individuo desarrollarse en el medio social. Una persona enferma deja
el trabajo, ingresa a la Seguridad Social cuando puede, se convierte en un
trabajador de su propia salud, intentando controlarla, mecanismo en el cual el
medicamento tiene un rol central, por lo que su carencia tiene efectos clínicos
pero también psicológicos profundos de abandono y desolación.
Los
precios disparados, que vienen siendo incontrolables desde una Secretaría como
Comercio, con estructuras de costos que nunca muestran los laboratorios, con
cadenas de valor caprichosas que suben los precios desde el 800% base de
cualquier medicamento, entre el costo de producción y el precio final al
paciente, al cual se trata de consumidor, desde la reforma constitucional de
1994 que denominó así a los pacientes, en el capítulo de salud, definiendo su
impronta neoliberal.
Salud
Pública y el ANMAT, organismo regulador, no intervienen en los precios de los
medicamentos que se comercializan y mueven por otros andariveles, ajenos a los
sistemas de salud, instalando una concepción de Mercado que inunda su acceso al
tratamiento. Al no existir una política de salud nacional, que contenga el
medicamento como política social indispensable, se producen estas maniobras de
aumentos de precios, abusivos, descontrolados tanto en aquellos de tratamiento
habitual en la atención primaria de la salud, como aquellos de alto costo y
baja incidencia, que impactan de manera brutal en los sistemas solidarios de
salud, desfinanciando los mismos y desviando las prioridades sanitarias que deberían
estar destinadas al apuntalamiento de la salud, antes que al tratamiento de la
enfermedad, necesaria pero muchas veces evitables en su desencadenamiento de
complicaciones, en especial en los enfermos crónicos.
El aumento
que va del 144% al 35% con promedio del 45%, en tres meses, significa para un
paciente crónico, diabético, hipertenso, renal o cardiópata, por sólo nombrar
algunas de las patologías dependientes del medicamento, que en nuestro país,
suman aproximadamente 6,5 millones de compatriotas, que gastan en forma mensual
1.000 pesos, casi un 50% de sus gastos en salud. Piensen en un jubilado, que
vive solo, que tiene medicamentos no cubiertos al 100%, que paga el 40%, de
esos mil gasta 400 pesos y ahora 600 pesos, de los 4.170 pesos que percibe de
jubilación mínima. Con estos datos se explican los porcentajes de inversión en
salud, que se van en medicamentos en nuestro país, el gasto mas alto del mundo
en proporción a la inversión, llegando al 32%, cuando en cualquier país,
central o emergente no llega al 15%. Estamos hablando de cifras millonarias en
miles de dólares, que en un 40% salen del bolsillo de los pacientes y el resto
los ponen los sistemas solidarios de salud.
Quienes
estamos dedicados a la Producción Pública de Medicamentos, con una concepción
social de accesibilidad plena, de gratuidad a los enfermos crónicos, de control
de adhesión al tratamiento, de investigación y desarrollo científico
tecnológico en el campo de la salud, sufrimos no sólo por el precio ya que
conocemos su estructura de costos y su ganancia desmedida en cualquier
actividad, sino por la permanente interferencia de las multinacionales y
nacionales de la industria farmacéutica, en el desarrollo de políticas
soberanas de salud, que han boicoteado desde la época de Ramón Carrillo, se
atrevieron con el SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud) de Perón en el `74,
pasando antes por Illía y el plan Oñativia y ahora conspirando desde AEA
(Asociación Empresaria Argentina), donde los Laboratorios juegan un rol central,
en especial Bagó.
**Jorge
Rachid . Médico-UBA. Posgrado
en Medicina del Trabajo. Se especializa en Seguridad Social. Profesor titular
en Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, y Profesor adjunto
de la Cátedra de Medicina del Trabajo – UBA, de la que fue co-fundador.
Director Médico de OSPIDA, la obra social de los trabajadores de imprenta.
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