jueves, 20 de enero de 2022

NUEVA NORMATIVA SOBRE COBERTURA EN CELIAQUÍA

 

MINISTERIO DE SALUD

Resolución 144/2022

RESOL-2022-144-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-103989942-APN-DD#MS, la Ley N° 26.588 y su modificatoria N° 27.196, los Decretos N° 528/2011 y N° 754/2015, las Resoluciones Ministeriales N° 695/2021, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.588 declara de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.

Que la enfermedad celíaca es la enfermedad intestinal más frecuente. Su prevalencia se estima en el 1% de la población, de acuerdo a los datos arrojados por dos estudios: uno en adultos realizado por Gómez y Col entre 1998 y 2000 en La Plata, que arrojó una prevalencia de 0.6%, y otro multicéntrico realizado sobre la población pediátrica de varias provincias, en el marco de un estudio financiado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, en el año 2010, por Mora y Col, que arrojó una prevalencia de 1.26 %.

SE OBLIGA A LAS TABACALERAS A BRINDAR EN LAS ETIQUETAS DE SUS PRODUCTOS, INFORMACIÓN SOBRE SUS INGREDIENTES

 

Resolución 143/2022

RESOL-2022-143-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 19/01/2022

VISTO el Expediente N° EX-2021-96904021-APN-DD#MS, la Ley N° 26.687, el Decreto Reglamentario N° 602/2013, las Resoluciones Nº 425/2014 y N° 83/2019, y

CONSIDERANDO:

Que el tabaquismo es un problema mundial de salud pública con devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, económicas y ambientales que hoy es responsable de más de 8 millones de muertes anuales en el mundo y de costos sanitarios y ambientales que incluso exceden las recaudaciones fiscales por impuestos al tabaco.

Que esta epidemia representa la primera causa de muerte prematura evitable a nivel mundial, produciendo en nuestro país más de cuarenta mil muertos por año, incluyendo alrededor de cinco mil muertes anuales en no fumadores por exposición al humo de tabaco ajeno.

martes, 18 de enero de 2022

FALLO DE LA CSJN A FAVOR DE LA SSSALUD POR EL AMPARO PRESENTADO POR SWISS MEDICAL POR EL PAGO DE LA MATRÍCULA PARA EL REGISTRO

 

Dejo el link para copiar y pegar en el navegador

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=gqvHwJsYGKr1NcakwIxQ0SDqScB1nGemLcG%2FAdEU2Fs%3D&tipoDoc=sentencia&cid=236640


SALUD MENTAL

 

EL PARADIGMA ACTUAL DE LA SALUD MENTAL

 

Autora: María Cristina Cortesi *

* Abogada (UBA) Especialista en Derecho de la Salud y Derecho Farmacéutico. 

Sumario: I.- Haciendo un poco de historia. II.-Estado de situación en Argentina III.- La demencia y la incapacidad en el Código Civil. IV.-Antecedentes y fundamentos de la Ley Nº 26.657. V.-La salud mental y la incapacidad a partir de la Ley 26.657 VI.Desmanicomialización.  VII.- Acciones tomadas por nuestro país a partir de la sanción de la Ley Nº 26.657. VIII.-Antecedentes: Resolución nº 275/09-M.S. IX.- Conclusiones

Introducción:

     El derecho de la salud ha sufrido un importante desarrollo sobre todo en los últimos tiempos. Estos cambios, de los que no se encuentra exenta la Salud Mental y su tratamiento, han sido el resultado de considerar a la salud como un derecho humano fundamental. En esa línea se ha enmarcado la nueva ley. El presente trabajo tiene por objetivo mostrar los cambios producidos, producto también del nuevo concepto de la “demencia”, y los Programas y Resoluciones dictados a esos efectos.

     No obstante el planteo tiene que ver con la posibilidad de adaptar algunas propuestas de la ley a nuestra realidad, a la vez que dejo sentada mi opinión en relación al  lugar que pasan a ocupar el médico psiquiatra y el juez en este nuevo paradigma.

Desarrollo:

I.-Haciendo un poco de historia….

     El Derecho de la Salud ha tenido un desarrollo como disciplina jurídica autónoma sólo desde hace treinta años. Si nos remontamos al siglo pasado, hasta 1945 se dio el Primer Modelo Higienista, basado en el higienismo francés, que implicaba que el Estado sólo se hacía cargo de la salud pública buscando evitar pestes y epidemias, que constituían el flagelo  de la época. De la salud individual se ocupaba cada persona en las medidas de sus posibilidades. En el famoso fallo de nuestra CSJN “Saladeristas Podestá c/Provincia de Buenos Aires” de 1887[1] se observa este criterio, que por otra parte dio origen al llamado Poder de Policía Sanitario.

     Es a partir de la década de los ‘40 que la situación cambia y el Estado comienza a ocuparse de la salud individual. Durante ese período se fundan hospitales, se agregan camas a los existentes y se crean las autoridades sanitarias, fortaleciéndose lo que hoy es el subsistema público de salud. Pero mientras el Dr. Carrillo, primer Ministro de Salud de la Nación, pretendía crear un sistema de salud único basado en la atención a través del Hospital Público, los Sindicatos comenzaron a ofrecer servicios de salud a sus afiliados.

     Eso provoca la fragmentación del sistema, cuyo punto crucial se produce con la sanción de la Ley Nº 18.610 de Obras Sociales, en 1970. Con esta ley, la acción reguladora del Estado quedó condicionada a acuerdos con las corporaciones introducidas con este nuevo modelo: CGT, COMRA, FEMEBA, CONFECLISA, etc. Finalmente, después de idas y vueltas que intentaron en vano, quitarles el manejo de las Obras Sociales a los Sindicatos de los trabajadores, las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661 reinstitucionalizaron el sistema.

TRATAMIENTOS PARA EL USO Y ABUSO DE DROGAS : ¡REDUCCIÒN DE DAÑOS O ABSTINENCIA?

 

TRATAMIENTOS PARA EL USO Y ABUSO DE DROGAS: ¿REDUCCIÓN DE DAÑOS O ABSTINENCIA?

 

AUTORA: María Cristina Cortesi Abogada. Directora del Instituto de Derecho Sanitario del C.P.A.C.F. 

 

 

BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA Y MARCO NORMATIVO:

El consumo de drogas ha sido una constante a lo largo de toda la humanidad aunque siempre existieron ciertos tipos de controles para poder limitar su uso. Las primeras normas que se dictaron a nivel internacional, estaban relacionadas al  uso y comercialización del opio[1], pero recién después de la Segunda Guerra Mundial, los países comenzaron a tratar con más profundidad el tema de consumo de sustancias.

La Convención Unida sobre Estupefacientes de 1961, fue la que reunió toda la normativa dictada con anterioridad. Lo que hizo fue limitar el uso de drogas a la investigación médica y eliminó todos los demás, con lo que dio lugar a la utilización del paradigma abstencionista. Pero es en 1988 con la firma de la Convención sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Psicotrópicas, que por primera vez comienzan a endurecerse las leyes de los Estados y se penaliza el tráfico ilícito y el consumo personal de dichas sustancias.

A nivel internacional, podemos citar, además de los Convenios mencionados más arriba, la Declaración sobre la Lucha contra el Narcotráfico y el uso Indebido de Drogas de las Naciones Unidas ( Resolución Nº 39/142) de 1978 que establece que: “El narcotráfico y el uso indebido de drogas son problemas de extrema gravedad que por su magnitud y extensos efectos perniciosos, se han convertido en un actividad criminal internacional que exige urgente y máxima prioridad”. Y que la producción ilegal, la demanda, el consumo y el tráfico ilícito de drogas obstaculizan el progreso económico y social, constituyen una grave amenaza de seguridad y el desarrollo de muchos países y pueblos y deben ser combatidos por todos los medios morales, legales e institucionales, a nivel nacional, regional e internacional”.

ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO

 



ACCESO DE LOS PACIENTES A LAS

TERAPIAS INNOVADORAS: LOS ACUERDOS

DE RIESGO COMPARTIDO

 

  AUTORA: María Cristina Cortesi *

 *Abogada (UBA) Especialista en Derecho Sanitario y Derecho Farmacéutico. 

                     Existe consenso a nivel mundial que los nuevos desafíos que deberán enfrentar los sistemas de salud son los referidos al envejecimiento poblacional, a la cada vez más creciente “judicialización de la medicina” y los relacionados con la aparición de nuevas tecnologías en el mercado de la salud que han permitido entre otras cosas, la cronificación de enfermedades aumentando su prevalencia efectiva en la población, pero a un alto costo sanitario.

                     Además, resulta claro que los avances en el ámbito de la biología molecular están introduciendo una nueva oferta de fármacos caracterizada por un altísimo nivel de innovación con terapias cada vez más específicas que complejizan la toma de decisiones en el sector de la salud.

                     Resulta creciente la demanda de medicamentos por el aumento de las tasas de uso que requieren ser tratadas con terapias farmacológicas, obligando a destinar una mayor cantidad de recursos para dicho rubro.

                      Según la O.M.S.[1] las enfermedades se previenen, diagnostican y curan en un 74% con medicamentos, 20% con cirugías y 6% con otras terapias. Se hace necesario entonces mejorar el acceso universal de los pacientes a las nuevas tecnologías, poder compensar la innovación y hacer sostenible el sistema.

CSJN DEJA SIN EFECTO SENTENCIA QUE ORDENÒ A OBRA SOCIAL A CUBRIR UN TRATAMIENTO DE CARÁCTER EXPERIMENTAL

 Partes: B. M. A. y otros c/ (OSDE) Organización de Servicios Directos Empresarios s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación

Fecha: 8-abr-2021

Cita: MJ-JU-M-131739-AR | MJJ131739 | MJJ131739

La Corte, por mayoría, deja sin efecto la sentencia en cuanto ordenó a la obra social demandada que cubra un tratamiento biomédico de carácter experimental.

Sumario:

1.-Se deja sin efecto la sentencia en cuanto ordenó a la obra social demandada que cubra un tratamiento biomédico al hijo de los reclamantes que tiene una discapacidad diagnosticada como trastorno generalizado del desarrollo con espectro autista, pues se trata de un tratamiento de carácter experimental y el a quo ha omitido que, conforme las constancias de la causa, la autoridad sanitaria no ha otorgado suficiente autorización para que los agentes de salud prescriban y apliquen estas nuevas prácticas y tratamientos. De acuerdo a la doctrina sentada en el precedente ‘D. G., C. E. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación’ – Fallos: 340:1995- , a cuyos fundamentos corresponde remitir en razón de brevedad, es improcedente el reclamo a la obra social demandada para que cubra las terapias que necesita el hijo de los peticionantes en tanto exceden las limitaciones – carga horaria y valores -dispuestas por el decreto 1193/98 y la Res. 428/99 del Ministerio de Salud.


2.-Se rechaza el recurso deducido contra la sentencia que ordenó a la obra social demandada que cubra tratamiento integral a una persona que tiene una discapacidad diagnosticada como trastorno generalizado del desarrollo con espectro autista, pues los agravios del apelante remiten al examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho procesal, propias de los jueces de la causa y ajenas a la vía del art. 14 de la Ley 48, máxime cuando la decisión se basa en fundamentos suficientes de igual carácter que bastan para sustentarla. (Del voto en disidencia del Dr. Rosatti)

RESPONSABILIDAD DE ENTIDAD DE MEDICINA PREPAGA QUE LE NEGÒ MEDICACIÒN A PACIENTE POR SU ESTADO TERMINAL

 Partes: M. M. A. y otros c/ Medicus S.A. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala/Juzgado: II

Fecha: 11-nov-2021

Cita: MJ-JU-M-135212-AR | MJJ135212

Responsabilidad civil de una empresa de medicina prepaga que, alegando el carácter terminal de la enfermedad padecida por la afiliada, se negó a brindarle los medicamentos necesarios para mejorar la calidad de vida que le quedaba. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Se configuró el incumplimiento contractual de la empresa de medicina prepaga, atento las demoras en la provisión de medicamentos y otros elementos necesarios para el tratamiento, los atrasos en entregar bienes indispensables para mantener o proveer condiciones de vida mínimas a quien está afectada por una enfermedad terminal.

2.-El conocimiento especializado que le compete a la empresa proveedora de servicios, no permite dudar respecto a que la demandada dejó de proveer los medicamentos como debía, sabiendo lo que hacía; se negó a pagar la internación para inyectar gammaglobulina en la paciente que sufría la progresiva y acelerada parálisis de su cuerpo y sus responsables lo hicieron a conciencia.


3.-Debe admitirse la indemnización del daño moral, porque empresa de medicina prepaga demandada incurrió en actos discriminatorios de una persona con discapacidad certificada aduciendo que era una enferma terminal que igual iba a morir, y que las medidas terapéuticas que se negó a pagar no iban a evitar su muerte, cuando era evidente que sólo buscaban mejorar su calidad de vida en lo poco que quedaba de ella; la situación de la paciente se agravó al ver a su familia desesperada por obtener los elementos y los servicios que la demandada se negó a pagar.

4.-El daño moral que como los herederos como damnificados indirectos han sufrido no es reclamable, en tanto del hecho no resulta la muerte de la víctima.

5.-Los daños punitivos reconocen su causa en los actos de discriminación, trato indigno, en los incumplimientos contractuales dolosos, en la intención de prevenir hechos similares en el futuro, evitar la repetición de las conductas, desbaratar el ilícito lucrativo, y también en las demoras injustificadas a cumplir las órdenes judiciales del Juez federal.

6.-Aun cuando en ninguna parte se incluyó expresamente el reclamo por ‘daño moral, espiritual o extrapatrimonial’, lo que hubiera sido prudente, no corresponde exigir una expresión sacramental cuando -conforme surge de los puntos de pericia- las pruebas ofrecidas estaban manifiestamente destinadas a sustentar un futuro reclamo por daño moral.

7.-Tanto el crédito por reparación del daño material derivado de una lesión psíquica, como el correspondiente al llamado ‘daño punitivo’ o ‘multa civil’ son -conforme el art. 1195 del CC.- transmisibles de ese modo por sucesión, en tanto las leyes no imponen ningún otro requisito adicional, por lo que solo resta decidir si la causante era o no acreedora de esas indemnizaciones.

8.-La utilización de una tasa negativa no solo refleja un problema conceptual consistente en el desfasaje entre el fin contemplado por la ley -reparar el daño moratorio- y el medio escogido para cumplirlo -una alícuota que solo asegura pérdidas-, sino que además genera efectos prácticos completamente nocivos en el proceso, sea en términos de justicia de la decisión que pone fin al diferendo, sea en términos de generación de incentivos perniciosos que fomentan el litigio innecesario, sea en términos de habilitar la financiación judicial de deudores solventes, etcétera.

9.-El interés moratorio no debe suplir un lucro cesante basado en un hipotético ahorro a plazo fijo sino indemnizar el daño emergente representado por el costo de sustitución del capital que el deudor no ha querido o podido pagarle oportunamente a su acreedor y ello, a su vez, supone el reconocimiento judicial de una tasa moratoria activa vinculada con la operación bancaria a la que consideremos que debió acudir para procurarse ese dinero.

10.-Las consecuencias que se siguen de utilizar tasas inferiores a la inflación -afectación al derecho patrimonial del actor, enriquecimiento incausado del deudor, litigiosidad, financiación judicial, etc.- no deben ser consideradas como meras externalidades negativas de un problema estrictamente coyuntural sino como un resultado injusto que, además de ser causado por la inflación, reconoce como concausa a la elección desacertada que hacemos los jueces al elegir un parámetro económico estéril para tarifar el daño moratorio y cumplir los propósitos que el legislador contempló en los arts. 622 del CC y 768.c del CCivCom..

11.-En contextos inflacionarios como los que rodean al proceso civil bonaerense desde hace casi dos décadas, el juez debe escoger una tasa activa que asegure en el mediano y largo plazo un rendimiento positivo, entendiéndose por tal a un resultado que sea superior al valor actualizado del capital de condena.

Fallo:

En la ciudad de Mar del Plata reunida la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: «M., M. A. y Otros c. MEDICUS S.A. s. Daños y perjuicios». Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES

1) ¿Es justa la sentencia apelada?

2) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:

I: En la sentencia del 18 de diciembre de 2020, el Sr. Juez de primera instancia desestimó la excepción de incompetencia opuesta por la accionada, rechazó la demanda e impuso las costas a los actores vencidos.

Para decidir de ese modo tuvo en cuenta que el contrato con la demandada solo vinculó a E. F., cónyuge y madre respectivamente de los actores. Calificó esa relación como «contrato de consumo», y dejó establecido que – conforme las pruebas producidas – «no hay duda» de que fue incumplido por parte de la empresa de medicina prepaga.

Sin perjuicio de ello, el Sr. Juez entendió que el reclamo de los actores – al haber sido promovido con posterioridad al fallecimiento de la Sra.F.- fue «realizado» únicamente por derecho propio y no «iure hereditatis», y que el efecto relativo que es propio del contrato impide accionar a los herederos forzosos.

Afirmó que «más allá» de que se considerara que la consumidora instó la acción judicial en vida, los terceros damnificados por el incumplimiento solo pueden perseguir la reparación en el ámbito de la responsabilidad «aquiliana» (extracontractual), y en base a un factor de atribución propio de esa órbita, ya que para quienes son ajenos al contrato no es suficiente el mero incumplimiento.

Con cita de destacados autores de doctrina nacional repasó las diferencias que entre ambas órbitas subsisten luego de la unificación dispuesta por el Código Civil y Comercial, para fundar el requerimiento de un factor de atribución. Revisó antecedentes jurisprudenciales dejando aclarado su desacuerdo con alguno de ellos, descartó la aplicación de la figura del «bystander», evaluó detenidamente cada elemento de prueba, y concluyó que los daños sufridos no guardan adecuada relación causal con los incumplimientos constatados pues: a) la aplicación de gammaglobulina no hubiera impedido el deceso de E. F.; b) a la paciente se le administró Riluzol, única medicación que disminuye la progresión de la enfermedad, conforme el dictamen de la perito; c) no se ha probado, ni invocado, que el fallecimiento de E. F. derivara de «una mala praxis asistencial reprochada a la empresa de medicina prepaga»;d) el daño psicológico que sufren los actores deriva de la muerte de su esposa y madre y no de los incumplimientos de la demandada; e) los actores carecen de legitimación para demandar por derecho propio los daños que son consecuencia del incumplimiento del contrato habido entre la accionada y la Sra. F.

II: Apelaron los actores y el recurso que les fue concedido en relación, fue fundado mediante el respectivo memorial y respondido por la accionada.

Los agravios son los siguientes:a) Considera que la sentencia incurre en absurdo al «suprimir» la acción «iure hereditatis» por responsabilidad contractual, y tratar la acción de un modo distinto al que fue promovida (punto I de la demanda a fs.77 vta.).

LA OBRA SOCIAL DEBE MANTENER LA MEDICACIÓN RECETADA POR EL MÈDICO TRATANTE ANTE EL DETERIORO DE LA SALUD DEL BENEFICIARIO POR EL CAMBIO DE MEDICAMENTO

 Partes: A. A. A. c/ I.N.S.S.J.P. s/ amparo ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: A

Fecha: 22-sep-2021

Cita: MJ-JU-M-134680-AR | MJJ134680 | MJJ134680

La obra social debe entregar el medicamento recetado a la amparista por su médico, ya que el cambio de marca realizado unilateralmente provocó un deterioro en su salud.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que ordenó a la obra social proveer el medicamento indicado por el médico tratante de la amparista, bajo apercibimiento de estar a lo dispuesto en el art. 239 del CPen., pues surge del expediente que, sin el consentimiento del médico profesional tratante, fue cambiado el medicamento prescripto por uno de otra marca comercial, y seguidamente, luego de dos meses de ingesta, los especialistas advirtieron el desmejoramiento y avance en la enfermedad que tal cambio produjo en la paciente, cuya salud y calidad de vida se vio gravemente afectada, y la accionada no aportó evidencia científica para considerar que el esquema propuesto por los facultativos tratantes no sea el más adecuado para tratar el cuadro de la paciente.


2.-Ante la falta de uniformidad de criterios entre la obra social y el médico tratante, se privilegia fundamentalmente la específica prescripción del especialista responsable.

Fallo:

lunes, 17 de enero de 2022

FALLO JUDICIAL INTIMANDO A PADRES DE RECIÉN NACIDO A CUMPLIR CON SU VACUNACIÓN BAJO APERCIBIMIENTO DE HACERLO EN FORM COMPULSIVA

 

FUENTE: aldiaargentina.microjuris.com

Partes: Defensoría de Menores e Incapaces N° 1 c/ C. F. T. S. s/ medidas precautorias

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: Feria

Fecha: 15-ene-2019

Cita: MJ-JU-M-116385-AR | MJJ116385 | MJJ116385

Se intima a los padres de un recién nacido para que en plazo de tres (3) días acrediten el cumplimiento de la aplicación de las vacunas antihepatitis B y BCG a su hijo, bajo apercibimiento de disponer su vacunación compulsiva en caso de omisión conforme lo dispuesto por la Ley 22.909.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia que intimó a los padres de un recién nacido para que en plazo de tres (3) días acrediten el cumplimiento de la aplicación de las vacunas antihepatitis B y BCG a su hijo, bajo apercibimiento de disponer su vacunación compulsiva en caso de omisión conforme lo dispuesto por la Ley 22.909 , ya que si bien el derecho a la autonomía personal y a la libre elección de un plan de vida abarca también el respeto de un espacio reservado a las decisiones familiares, el caso excede el ámbito individual y repercute de manera directa en una persona distinta como es el niño y su extensión encontrará como límite la no afectación de sus derechos individuales y también los colectivos del resto de la comunidad, máxime cuando los padres no objetaron siquiera tangencialmente la constitucionalidad y convencionalidad del régimen de vacunación obligatoria.