Una regulación para la fertilización asistida
Fuente: página 12
El proyecto dispone quiénes y bajo qué condiciones pueden donar material genético, establece que se podrá crioconservar durante siete años, fija responsabilidades de centros médicos y organiza la supervisión estatal. La iniciativa es de María del Carmen Bianchi.
Por Mariana Carbajal
Diputadas y diputados del Frente para la Victoria impulsarán la sanción de una ley para regular los tratamientos de fertilización asistida y las relaciones jurídicas que surgen de su utilización. El año pasado, el Congreso aprobó, luego de largas discusiones, una norma que garantiza el acceso gratuito a los procedimientos médicos, pero quedaron afuera del debate cuestiones como el plazo máximo para mantener criopreservados óvulos, esperma y embriones, y si la donación de gametos para uso de terceros debe ser anónima y confidencial, o si las personas nacidas mediante esas técnicas podrán tener acceso a la identidad del o la donante. La diputada María del Carmen Bianchi acaba de presentar una iniciativa que busca zanjar ese vacío legal y lleva la firma, además, de otros integrantes del bloque oficialista. “Hay que evitar que los criterios de mercado se impongan por sobre la salud y el bien común”, señaló Bianchi a este diario, al explicar los fundamentos de su propuesta. La diputada consideró que “si bien la Ley 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida y su decreto reglamentario echaron luz sobre varias cuestiones atinentes a la fertilización asistida, otras tantas no han sido abordadas y ello implica que en su mayoría se regulen por las reglas del mercado, por la oferta y la demanda”. Bianchi explicó que su proyecto completaría el esquema legislativo en la materia porque “pretende proporcionar certezas sobre aspectos tales como quiénes pueden donar material genético, bajo qué condiciones; la crioconservación de ese material; las responsabilidades de los centros médicos autorizados para efectuar los procedimientos de fertilización y otras cuestiones de relevancia como la necesaria supervisión estatal”.
