La norma aprobada establece la protección de los
derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y garantiza el
acceso a los servicios sanitarios. Además, se contempla a las personas que hagan
uso de drogas legales o ilegales.
La autora del proyecto, la diputada del
FpV-PJ Viviana Nocito sostuvo que “esta ley a nivel nacional resulta clara en su
abordaje, precisa en sus conceptos y protectora de la integridad de las
personas” y “garantiza el efectivo cuidado de la salud mental como un derecho
social y una obligación del Estado”.
De acuerdo con uno de los artículos
del proyecto, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán
incluir en sus prestaciones los servicios garantizados por esta ley en un plazo
no mayor a 120 días a partir de su sanción.
Es histórica la definición
del sistema de salud argentino como fragmentario y heterogéneo. Fragmentario por
la incoordinación de los diferentes subsectores - y aún dentro del mismo
subsector - para el cuidado integral de la salud; y heterogéneo en lo referente
a las desigualdades e inequidades para el acceso a los servicios, así como en la
determinación social que explica que los colectivos sociales tengan impactos
diferentes sobre su salud de acuerdo con sus condiciones de vida así como por el
espacio social en el que habitan y desarrollan su vida cotidiana. “Adherir a un
marco normativo nacional tiende a reparar la fragmentación y heterogeneidad que
históricamente tuvo el sistema de salud argentino” afirmó la legisladora de la
bancada oficialista.
En el artículo 27, la Ley nacional a la que se
adhiere, prohíbe la creación de “…nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o
institutos de internación monovalente…” ya sea públicos o privados. Además
obliga a que los existentes se adapten a los objetivos y principios expuestos
por la ley “…hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos”.
Finalmente, en el artículo 28 de este capítulo obliga a que las internaciones
vinculadas con la salud mental se realicen en hospitales generales.
Por
ello, la iniciativa le otorga un plazo máximo de 36 meses al Ministerio de Salud
bonaerense y a los servicios de salud para implementar las reformas que
garanticen el cumplimiento de lo establecido por la ley. Asimismo, este
ministerio tendrá que elaborar un “plan provincial de salud mental
participativo, interdisciplinario e intersectorial”.
Además, el proyecto
propone la creación del Órgano de Revisión dentro de la Procuración General de
la Provincia para proteger los derechos humanos de los ciudadanos que utilizan
los servicios de salud mental públicos y privados. Este órgano tiene importantes
competencias que promueven la integración social y que, una vez más, garantizan
el ejercicio de los derechos de los habitantes de la provincia.
El Órgano
de Revisión será interdisciplinario, y estará integrado por representantes del
Ministerio de Salud; de la Secretaría de Derechos Humanos; del Área Social de la
Procuración General; de asociaciones que representen a usuarios de servicios de
salud mental y sus familiares; de asociaciones que representen a profesionales y
trabajadores de la salud y por organizaciones no gubernamentales abocadas a la
defensa de los derechos humanos.
Se considera que la Ley N° 26.657 es
consecuente al proponer dispositivos terapéuticos que contemplan esa necesaria
interdisciplinariedad e intersectorialidad para dar cuenta de un proceso
complejo y determinado socialmente como es el proceso de
salud-enfermedad-atención-cuidado en el campo de la salud en general y en el de
la salud mental en particular.
Esta normativa también determina que el
Defensor del Pueblo de la Provincia y el Observatorio Social Legislativo
realizarán un relevamiento anual para poner de manifiesto la situación de la
salud mental en territorio bonaerense. Estos informes deberán ser presentados
ante el plenario de las comisiones de salud de ambas Cámaras y tendrán carácter
público.
El relevamiento deberá incluir tanto las condiciones en que se
prestan los servicios en el subsector público, privado y de la seguridad social,
así como en el ámbito carcelario.
Este proyecto fue uno de los tantos que
no terminó su recorrido parlamentario este año, el Senado tendrá que dar su
opinión en los primeros meses del flamante 2013 para ir encontrando la
conclusión del Poder Legislativo sobre esta temática.
No hay comentarios:
Publicar un comentario