domingo, 20 de junio de 2021

CONFERENCIA "LICENCIAS DE PATENTES"


 

viernes, 11 de junio de 2021

SE RECONOCE A FAVOR DE PERSONA CON DISCAPACIDAD, LA FIGURA DE "ASISTENTE PERSONAL"

FUENTE:  DIARIOJUDICIAL.COM

 En la causa “Asociación Azul c/ IOMA y otro/a s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos”, la accionante le demandó a la Provincia de Buenos Aires, a través de IOMA, que reconozca la figura de Asistente Personal para todos sus afiliados con discapacidad. Además, solicitó que ese reconocimiento se haga de acuerdo a una visión social y de Derechos Humanos sobre la discapacidad.

El principal fundamento de esa petición fue el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, que se encuentra previsto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su artículo 19. B.

jueves, 10 de junio de 2021

PRESUNTO PADRE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR Y LOGRA EVITAR INTERRUPCIÓN DE EMBARAZO

 Salta, 7 de Junio de 2021. 

Y VISTOS: Estos autos caratulados: “C.B.G.M. c /J.C.A.C. y Provincia de Salta por Amparo”, Expte. N° 738.321/21, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación, a cargo del Dr. Tomás L. Méndez Curutchet, y 

C O N S I D E R A N D O:

 I) Que mediante acción interpuesta el 4 de Junio del 2021 se presenta el Sr. C.B.G.M. por su propio derecho y en representación de su hijo por nacer, con el patrocinio letrado de los Dres. Santiago Cornejo Colombres, Sergio Federico Peñalba, Rafael Cornejo, Arturo S. Torino y Cristóbal Pereyra Iraola, promoviendo acción de amparo en contra de la Sra. J.C.A.C., DNI Nº ..., y la Provincia de Salta, solicitando que se mantenga el embarazo a fin de preservar la vida de quien dice que es su hijo; y, asimismo, solicita el dictado de una medida cautelar para que las demandadas se abstengan de realizar cualquier práctica que pudiera interrumpir el embarazo, la que según refiere sería inminente. Ello así, por las razones que expone, a las cuales me remito en honor a la brevedad.

miércoles, 9 de junio de 2021

LOS SISTEMAS DE SALUD COMO OBJETIVO DE LOS CIBERATAQUES- PUBLICACIÓN "MICROJURIS"

 LOS SISTEMAS DE SALUD COMO OBJETIVO DE CIBERATAQUES


Autor: Cortesi, M. Cristina

Fecha: 07-06-2021

Colección: Doctrina

Cita: MJ-DOC-15997-AR||MJD15997


Por M. Cristina Cortesi (*)

Los sistemas de salud se han convertido en un objetivo atractivo para los ciberataques, sobre todo en épocas de pandemia, teniendo en cuenta lo valioso que resultan los datos médicos entre muchas otras cosas, para desarrollar estrategias de mercado. Los datos personales tienen además una muy importante relevancia económica por ser muy requeridos en toda sociedad de consumo, y esto trae aparejadas consecuencias directas con el derecho a la privacidad de las personas.

La telemedicina y la teleconsulta, junto con la receta digital, fueron temas que si bien se encontraban en pleno desarrollo antes de declararse la pandemia por COVID-19, debieron ponerse en práctica con motivo de la misma.

Recordemos que fue exactamente el 11 de marzo de 2020 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del coronavirus/Covid-19 como una pandemia que afectaba, hasta ese momento, a 110 países. En Argentina el primer caso confirmado de contagio se produjo el 3 de marzo de 2020.

El 12 de marzo el gobierno nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020, declaró la emergencia sanitaria por el plazo de un año.

También se dictaron normas para garantizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), declarando actividades esenciales, restricciones a la circulación y las consiguientes excepciones; y más tarde, de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO) flexibilizando las normas dictadas en primer término.

El aislamiento dejó en evidencia la necesidad de contar con herramientas en materia de salud, como la Telemedicina o Teleasistencia y por ende la necesidad de poder estar todos conectados a las redes informáticas a fin de realizar consultas, seguimiento de las enfermedades crónicas y obtener recetas para la compra de fármacos.

Así se sancionó la ley N° 27.553 . Se trata de una ley marco que busca habilitar el uso de la telemedicina y de la receta digital o electrónica (a mi entender esta última ya se encontraba habilitada con la Ley N° 25.506 de Firma Digital) y modifica algunos artículos de las LeyesN° 17.132 , N° 17.565 , N° 17.818 y N° 19.303 .

En ese contexto, la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad de aplicación de las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga, dictó la RESOL-2020-282-APN-SCPASS#SSS por la que recomendó a dichos Agentes del Seguro de Salud, el uso de plataformas de teleasistencia y teleconsultas para garantizar las prestaciones esenciales.

A su vez, el Ministerio de Salud de la Nación dictó la Resol 696/20-MS que autoriza con carácter excepcional y mientras dure el aislamiento, la prescripción de medicamentos bajo receta (excluidos los estupefacientes), por aplicaciones, mails, mensajes de texto o fax. Esta forma rudimentaria pero eficaz para evitar la circulación de personas, no se compadece con una receta electrónica o digital; se trata de una receta confeccionada a papel y subida a través de una foto a una aplicación para que el paciente la envíe de esa forma a su financiador de la salud, a efectos de proceder a su autorización.

No obstante lo expuesto, el tema no se encuentra regulado en nuestro país, salvo por estas normas dictadas para la coyuntura y, recomendaciones sobre el tema que pueden encontrarse en la página Web del Ministerio de Salud de la Nación.

Por lo tanto, rige un vacío legal en cuanto a la regulación de aspectos importantes, sobre todo, cómo deberá ser el sistema tecnológico a emplear, qué y quiénes llevarán a cabo evaluaciones sobre las mismas a fin de determinar que cumplan con los protocolos de seguridad y ciberseguridad internacionales con el objeto de proteger la información, cómo almacenar los datos y registros electrónicos, etc.Si bien se presentaron varios proyectos sobre telemedicina y receta digital, sólo uno hasta ahora logró tener media sanción de la Cámara de Senadores el año pasado.

El cúmulo de datos almacenados y tratados por los establecimientos sanitarios, la falta de una legislación adecuada, la conectividad a nivel nacional e internacional, la falta de capacitación sobre estos temas, etc., los convierte en un objetivo atractivo, sobre todo durante la pandemia en que, como vimos, algunos sistemas utilizados para la atención de la salud son más vulnerables que otros. Las consecuencias de no adecuar los datos recolectados a medidas de ciberseguridad pueden revestir gravedad ya que, de producirse incidentes, no sólo conmoverán el prestigio de los establecimientos de salud, sino que lo que aún es mucho peor, pueden afectar la atención y el diagnóstico oportuno comprometiendo la salud y la vida de las personas.

Los datos personales están ligados a la existencia de las personas, motivo por el cual no puede haber procesamiento de datos sin ética y sin una adecuada norma que los proteja. Los establecimientos sanitarios no sólo recolectan gran cantidad de datos de este tipo, sino que lo hacen también con los declarados «datos sensibles» conforme la Ley N° 25.326, es decir, datos sobre la salud de las personas.

En nuestro país, la protección de datos personales fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico precisamente por la ya citada Ley N° 25.326 , su Decreto Reglamentario y el artículo 43 de la CN en cuanto este último incorpora al texto constitucional, la acción de «habeas data». Por otra parte, la Ley N° 27.275 establece el procedimiento para solicitar información y reglamenta las vías de reclamo, creando la Agencia de Acceso a la Información Pública como organismo de contralor con facultades sancionatorias para los casos de mala praxis en el procesamiento de datos.Asimismo, al ser los usuarios de plataformas y redes verdaderos «consumidores», resulta además aplicable la Ley N° 24.240 (1).

No debemos soslayar lo normado por la Decisión Administrativa N° 431/20 dictada con motivo de la pandemia por la COVID-19, cuyo art. 1° sostiene que: «Las jurisdicciones, entidades y organismos de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) del artículo 8° de la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 deberán transferir, ceder, o intercambiar entre sí y bajo la supervisión de la «Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional» los datos e información que, por sus competencias, obren en sus archivos, registros, bases, o bancos de datos, con el único fin de realizar acciones útiles para la protección de la salud pública, durante la vigencia de la emergencia en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 , con motivo de la pandemia por coronavirus COVID-19.» Ello, teniendo en cuenta lo establecido por la Ley N° 25.326 conforme reza el art. 3 del mismo texto legal.

Es decir que, mediante esta norma nos podemos encontrar con organismos de la Administración Pública Nacional intercambiando entre sí registros, bases o banco de datos, lo que constituye un paso importante para forjar lo que muchos ya han denominado como «Big Data en salud». Ello, si bien puede significar un avance positivo para diagnósticos y tratamientos, requiere de una mejor y mayor protección contra los posibles ciberataques.

Podemos definir los ciberdelitos como las actividades delictivas llevadas a cabo entre otros medios, por equipos informáticos e Internet. Se pueden dar a través de distintas formas: phishing, virus, malware, etc.con el fin de producir daño o entorpecer las comunicaciones; o a través del ransomware, que secuestra información y exige un pago.

A su vez, los medios empleados son: Internet / medios informáticos, Telefonía y medios de comunicación, Intranet y otras redes, Programas de streaming, Redes de archivos compartidos, Programas de descargas directas, Páginas de enlaces, Blogs, Correos electrónicos o Redes Sociales.

Por tratarse de delitos trasnacionales, y como consecuencia del principio de soberanía nacional según el cual no pueden realizarse investigaciones en territorios extranjeros sin el permiso de sus autoridades, la cooperación estrecha entre los Estados involucrados es crucial para la investigación de los delitos cibernéticos.

Mediante el dictado de la Ley N° 27.411 , nuestro país firmó el Convenio de Ciberdelito del Consejo de Europa, adoptado en Budapest el 23/11/2001, bajo ciertas reservas por resultar algunos artículos ajenos a nuestra tradición legislativa en materia jurídico penal, o por resultar incompatibles con nuestro Código Penal.

El mismo obliga a las partes a adoptar medidas legislativas tendientes a considerar infracciones penales conductas como: acceso o interceptación ilícita cometida a través de medios técnicos de datos informáticos; la vulneración de medidas de seguridad con esa finalidad; atentar contra la integridad de datos o contra la integridad del sistema; la obtención de equipos o instrumentos técnicos que tuviesen como finalidad las conductas descriptas; la falsedad y la estafa informática; conductas relacionadas con la pornografía infantil; infracciones vinculadas a atentados a la propiedad intelectual.Asimismo, dispone que deben tomarse medidas legislativas adecuadas para poder penalizar no sólo a las personas físicas sino también a las personas jurídicas que cometan dichos actos (2).

La Ley N° 23.688 modificó el Código Penal tipificando las conductas relacionadas a los ciberdelitos, y la Ley N° 26.904 introdujo en el mismo el delito de integridad sexual contra menores mediante tecnologías de transmisión de datos.

Además de las responsabilidades penales que pudieran existir, también le caben responsabilidades civiles al propio establecimiento donde se produzcan los hechos, frente a terceros, por la violación a la s normas relacionadas al tratamiento de datos personales y datos sensibles. La responsabilidad es de tipo objetiva, regulada por los artículos 1753 a 1758 del CCyCN. En este caso, se trata de una forma de responsabilidad derivada de las cosas y actividades riesgosas.

Otras normas importantes a considerar son: la Ley N° 27.126 , que establece dentro de las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos relativos a ciberdelitos; la Decisión Administrativa 15/2015 del Ministerio de Defensa, que incorpora la Dirección General de Ciberdefensa, y la Disposición 1/2015 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) sobre Política de Seguridad de la Información Modelo.

En la práctica, resulta de vital importancia tener en cuenta lo dispuesto por la Resolución N° 234/16-M. de Seguridad, que contiene un Protocolo general en la investigación de ciberdelitos.

Dicha norma establece requerimientos de seguridad a llevar a cabo por las empresas como:

- EVALUACIÓN DE RIESGOS: identificar amenazas, evaluar vulnerabilidades, probabilidad de ocurrencia e impacto potencial.

- SELECCIÓN DE CONTROLES: sujetos a regulaciones nacionales e internacionales.

- Se consideran esenciales los siguientes controles:a) protección de datos y privacidad de la información personal, b) protección de los registros organizacionales, c) derechos de propiedad intelectual.

Resulta asimismo de vital importancia establecer protocolos para trabajar sobre evaluación de riesgos, para lo que trasciende como imprescindible:

- Trabajar con recursos humanos calificados

- Alto involucramiento de directivos y a nivel gerencial sobre el tema

- Prevenir y alertar frente a amenazas

- Determinar cómo minimizar el impacto de los riesgos

- Tener presente la protección de los derechos de los usuarios.

- Evaluar las vulnerabilidades

- Evaluar el nivel de riesgo a aceptar

Por último, quiero referirme a un dato devastador publicado recientemente, que sostiene que (3): «En Argentina, se registraron más de 900 millones de intentos de ciberataques durante 2020, de un total de 41 billones en América Latina y el Caribe. Considerando solo los meses de octubre, noviembre y diciembre, hubo 550 millones de intentos de ataques en el país. Durante este período, amenazas conocidas como correos electrónicos de phishing se extendieron por América Latina con archivos HTML adjuntos, tratando de redirigir el navegador web a sitios web maliciosos. El malware basado en la web se ha convertido en el vehículo más común para distribuir archivos infectados, convirtiéndose a menudo en la puerta de entrada para el ransomware».

Concluye la empresa que aportó los datos, que las campañas de phishing sieguen siendo el principal vector de ataque, que el trabajo remoto constituye la puerta de entrada a las redes corporativas y que mantener los servidores actualizados ayuda a reducir algunos riesgos.

Por otra parte, ya ha habido ataques ransomware a centros de salud (4) y a una Entidad de Medicina Prepaga en nuestro país, en este caso, recientemente. Son algunos de los ejemplos que se vienen dando en los que el principal objetivo son los establecimientos sanitarios.

Como vimos más arriba, una posible solución es la de trabajar con protocolos estandarizados para el manejo de los riesgos dentro de cada institución de salud.Asimismo, y por imperio de lo prescripto por la Ley N° 27.401 citada «ut supra» deberían poder trabajar con Programas de Integridad, definidos por la norma como «.un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por esta ley».

Un Programa de «Compliance» obliga a los establecimientos de salud a revisar todo lo atinente a la protección de datos ya que la posibilidad de que exista una posible violación hacia los mismos, debe tomarse como una de las formas de prevención de riesgos (5).

Ello, ni bien se tenga presente que la seguridad no reside en las personas, sino que es una característica del sistema en su conjunto. Los errores deben analizarse desde la perspectiva de considerar que los mismos se producen cuando hay fallas en el sistema, y de esa forma podemos concluir que los mismos no se deben en general a una única falla, sino que casi siempre son el resultado de la combinación de múltiples errores (figura del «queso suizo» de J. Reason).

Un Programa de Compliance debe buscar integrar a los riesgos de comisión de delitos dentro de las instituciones de salud, los de los eventos adversos relacionados con la seguridad de los pacientes y la de sus datos personales.

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(1) CORTESI, M. Cristina: «La protección de datos personales en tiempos de pandemia»-Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética&Derecho»-Visión Jurídica Ediciones- Edición 1/2020

(2) La Ley N° 27.401 incorporó a nuestra legislación la regulación sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

(3) https://www.infobae.com/america/tecno/2021/03/16/home-office-desafios-de-ciberseguridad-en-el- trabajo-remoto/

(4) «Cibercriminales publican 25.000 fotografías de pacientes de cirugía estética» «El Grupo de hackers, que se hace llamar «Tsar Team», se abrió paso hacia los servidores de la clínica Grozio Chrirurgija a principios de año.La clínica tiene sede en Lituania, pero atiende a clientes de 60 países del mundo. Los atacantes consiguieron no sólo fotografías privadas de los usuarios, incluyendo desnudos e imágenes de partes de su cuerpo que buscaban alterar, sino también los datos de contacto que necesitaban para mandarles un mensaje extorsionándolos para mantener esta información en privado. Los atacantes se pusieron en contacto con los pacientes exigiéndoles un pago en bitcoins a cambio de mantener la información en secreto y no publicarla en Internet. Al mismo tiempo, los criminales pidieron a la clínica un «pequeño pago que sirva de castigo» de alrededor de 350.000 dólares»

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-06-01/fotos-desnudos-hackers-cirugia-estetic
- lituania_1391815/

(5) CORTESI, M. Cristina: «Compliance para centros de salud y desafíos que se presentan en relación a la confidencialidad de datos y a la actuación profesional del abogado interno»-Revista «Enfoques sobre Salud, Bioética & Derecho»-Visión Jurídica Ediciones- EDICIÓN 1/2020

(*) Abogada especialista en Derecho Médico y Farmacéutico, postgrado en Derecho de la Salud (UBA), Posgrado en Administración y Gerenciamiento de Servicios de Salud (Prefectura Naval Arg.-USAL) Posgrado Auditoría Estratégica en Servicios de Salud (Prefectura Naval Arg.-USAL). Directora del Instituto de Derecho Sanitario del CPACF. Vicepresidenta de la Comisión de Derecho Sanitario de la AABA. Docente Universitaria.

jueves, 20 de mayo de 2021

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SANITARIA

 

EL DERECHO A LA INFORMACION SANITARIA Y ALGUNOS CAMBIOS PROPUESTOS A LA LEY 26.529

 

Autora: María Cristina Cortesi*

Para "Enfoques sobre Salud, Bioética & Derecho N° 1-Año 2021-Visión Jurídica Ediciones

 

A pesar de que la Ley de Derechos de los Pacientes en su Relación  con los Profesionales e Instituciones de la Salud lleva más de diez años de vigencia, todavía sigue generando algunos inconvenientes en relación al derecho a la información del paciente, sobre todo, para el personal sanitario.

Cuando hablamos de información sanitaria podemos referirnos a tres cuestiones relacionadas con la salud:

 

1.-La información que todo Estado debe poseer sobre la salud de la población, a fin de llevar a cabo políticas nacionales en tal materia, definir prioridades y estrategias, centrar y coordinar la información Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresiónrecogida, crear redes de información, etc. En ese sentido y a fin de hacer efectivo el acceso a la información pública que todos los ciudadanos poseemos, en Argentina contamos con la dirección de estadísticas e información de salud www.deis.msal.gov.ar.

 


 

sábado, 15 de mayo de 2021

EDITORIAL REVISTA "ENFOQUES SOBRE SALUD, BIOÉTICA & DERECHO" - AÑO 2021

 

EDITORIAL

 

 

A UN AÑO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, ME PERMITO HACER UN REPASO DE LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTES TOMADAS EN MATERIA DE SALUD

 

María Cristina Cortesi.

Directora

 

A un año de que la OMS declaró la Pandemia por la COVID-19, estamos en condiciones de efectuar algunas evaluaciones en materia de salud, que nos sugieren poder llevar adelante algunos cambios.

Recordemos que fue exactamente el 11 de marzo de 2020,  que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote del coronavirus/Covid-19 como una pandemia que afectaba, hasta ese momento, a 110 países. En Argentina el primer caso confirmado de Covid-19 se produjo el 3 de marzo de 2020.

El 12 de marzo el gobierno nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020, declaró la emergencia sanitaria por el plazo de un año.

jueves, 18 de febrero de 2021

SE APRUEBA EL RÉGIMEN DE ACCESO DE EXCEPCIÓN A PRODUCTOS QUE CONTENGAN CANNABINOIDES

 

Resolución 654/2021

RESOL-2021-654-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 12/02/2021

VISTO el EX-2020-79289481-APN-DD#MS, la Ley N° 16.463 y el Decreto N° 150 del 20 de enero de 1992, la Ley Nº 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883 del 11 de noviembre de 2020, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE REGULACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA del entonces MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL N° 133 del 4 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.

Que el Decreto N° 883/20, reglamentario de la mencionada ley, dispuso que el PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACION DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES, creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD de este Ministerio.

viernes, 12 de febrero de 2021

LISTADO DE ENFERMEDADES POCO FRECUENTES

 

MINISTERIO DE SALUD

Resolución 641/2021

RESOL-2021-641-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 10/02/2021

VISTO las Leyes Nº 22.250 y N° 26.689, los Decretos Nº 794 del 11 de mayo de 2015 y Nº 50 del 19 de diciembre de 2019, la Decisión Administrativa N° 457 de fecha 4 de abril de 2020, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 2329 del 22 de diciembre de 2014, la Resolución de la ex SECRETARIA DE GOBIERNO DE SALUD Nº 271 del 13 de febrero de 2019, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD Nº 1892 del 12 de noviembre de 2020, el Expediente EX-2019-102326385-APN-DNMIA#MSYDS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 22.520, texto ordenado por Decreto Nº 438/92, sus modificatorias y complementarias se establecen las competencias del MINISTERIO DE SALUD.

Que por el Decreto N°50/2019 y sus modificatorias, se aprueba el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría con sus respectivos objetivos.

viernes, 29 de enero de 2021

SE APRUEBAN RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL PLASMA DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 CON FINES TERAPEUTICOS

 

MINISTERIO DE SALUD SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD

Resolución 9/2021

RESOL-2021-9-APN-SCS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021

VISTO EX-2021-05539303- -APN-DD#MS, Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo del 2020 y sus modificaciones, y la Resolución Ministerial N° 783 del 17 de abril de 2020

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia.

Que por el DNU N° 260 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 2 inciso 16 del mencionado decreto, se facultó al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, en tanto autoridad de aplicación, a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia por el COVID-19.

SE APRUEBAN CON FINES TERAPEUTICOS LAS RECOMENDACIONES PARA EL USO DE INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS EN COVID-19

 

MINISTERIO DE SALUD SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD

Resolución 8/2021

RESOL-2021-8-APN-SCS#MS

Ciudad de Buenos Aires, 28/01/2021

VISTO el EX-2021-05778702- -APN-DD#MS, la Ley 16.463, la Ley 27.541, el Decreto N° 260/2020, y la Disposición ANMAT N° 9175/2020, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus COVID-19 como una pandemia.

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19.

Que mediante el artículo 2, inciso 16 del decreto aludido en el considerando precedente se facultó al MINISTERIO DE SALUD, en tanto la autoridad de aplicación, a adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que el artículo 1º de la Ley 16.463 establece que “quedan sometidos a la presente ley y a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, la importación, exportación, producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización o depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico, y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades”.

Que la mencionada Ley requiere para la comercialización y uso de los medicamentos/especialidades medicinales que se haya demostrado adecuadamente o en grado suficiente la calidad, seguridad y eficacia del producto farmacéutico para su uso humano.

Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, la autorización de las INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F (ab´)2 ANTI SARS-CoV-2 enmarcadas en especialidades medicinales en condiciones clínicas particulares, encuentra su fundamento en el favorable cociente beneficio/riesgo, estimado en función de la evidencia científica disponible, para aquellos pacientes para los cuales están indicados.

Que las INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F (ab´)2 ANTI SARS-CoV-2 cumplen con el procedimiento de registro de los medicamentos explícito en el artículo 9° la Ley Nº 16.463 y que a tal efecto respetan la clasificación de los productos “según la naturaleza, composición, actividad, acción farmacológica y procedimientos farmacotécnicos de preparación, acordes con los adelantos científicos reconocidos, los intereses de la salud pública”.

Que ante la necesidad de establecer un procedimiento operativo uniforme y científicamente respaldado para el uso de las INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F (ab´)2 ANTI SARS-CoV-2 EN PACIENTES CON COVID-19, se dictó la Disposición ANMAT N° 9175/20 que las autoriza “Bajo Condiciones Especiales”.

Que se deberá cumplir con el Plan de monitoreo de Eficacia, Efectividad y Seguridad (PMEES), aprobado por la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y REGISTRO DE MEDICAMENTOS, debiendo presentarse los resultados oportunamente ante la misma.

Que en función de los resultados de las investigaciones disponibles la SECRETARÍA DE CALIDAD EN SALUD convocó a una reunión de consenso a profesionales e Instituciones altamente reconocidas y de vasta experiencia a los fines de elaborar recomendaciones de USO CON FINES TERAPÉUTICOS DE INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F (ab´)2 ANTI SARS-CoV-2 EN COVID-19.

Que en el marco de los resultados del consenso, la SECRETARIA DE CALIDAD EN SALUD elaboró el documento “Las recomendaciones de USO CON FINES TERAPÉUTICOS DE INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F (ab´) 2 ANTI SARS-CoV-2 EN COVID -19” a los fines de orientar su administración.

Que el dictado de la presente medida no implica erogación presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/2019.

Por ello,

EL SECRETARIO DE CALIDAD EN SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: Apruébanse las Recomendaciones para el USO CON FINES TERAPÉUTICOS DE INMUNOGLOBULINAS EQUINAS FRAGMENTOS F (ab´)2 ANTI SARS-CoV-2 EN COVID-19, como resultado del Consenso que, como ANEXO IF-2021-07224843-APN-SCS#MS y a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente Resolución.

lunes, 25 de enero de 2021

DONACIÓN ALTRUISTA DE ÓRGANOS :¿HAY QUE ESCUCHAR A LOS NIÑOS?

 

Archivos adjuntos

Una mujer interpuso una acción de amparo con el objeto de obtener la autorización judicial para la realización de estudios de compatibilidad y la posterior realización de un trasplante de riñón de donante viva, sin parentesco.

La posible donante es otra joven, madre de seis niños, por lo que el juez dio intervención al defensor oficial a fin de que ejerza el ministerio pupilar respecto de ellos. Este último solicitó que, previo a dictaminar sobre la cuestión de fondo, se cite a los menores a una entrevista en modalidad de Cámara Gesell, para conocer las impresiones que tienen con relación a la intervención quirúrgica a la que quiere someterse su madre.

sábado, 23 de enero de 2021

UN FISCAL FEDERAL DENUNCIÓ A QUIENES PROMOCIONABAN EL CONSUMO DE DIÓXIDO DE CLORO

  Diario Judicial

El fiscal federal Ramiro González denunció a un ciudadano alemán y a cuatro argentinos por promocionar e incitar al consumo de dióxido de cloro, luego de una investigación preliminar sobre la distribución y venta en el país de ese compuesto. La denuncia quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y alude a los presuntos delitos de tráfico de mercadería peligrosas para la salud, ejercicio ilegal de la medicina y envenenamiento". Los denunciados son Andreas Ludwig Kalcker -de nacionalidad alemana y con presunta residencia en Suiza- y cuatro argentinos que ofrecían a la venta la sustancia en internet. La denuncia apunta además a un perfil de Facebook, "Semillas orgánicas", desde donde se ofrecería el producto en relación a sus supuestas virtudes para combatir el coronavirus. "De las constancias incorporadas a la presente investigación preliminar fue posible constatar que los nombrados habrían puesto a la venta y/o distribuido y almacenado, con fines de comercialización el compuesto denominado 'clorito de sodio"", detalló la fiscalía. La denuncia quedó a cargo del juez Lijo, quien ahora deberá dar vista a la fiscalía de turno con su juzgado para que se determine si corresponde o no impulsar la investigación.

viernes, 22 de enero de 2021

EL COVID-19 Y LOS ANTIVACUNAS

 FUENTE:  https://www.diariojudicial.com/nota/88352


Un grupo de personas cuestionó judicialmente el calendario de vacunación obligatorio y la vacunación contra el COVID-19, pero la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre, dictaminó la improcedencia de la acción y sostuvo la inexistencia de "caso o conflicto alguno que amerite la intervención de la judicatura para su resolución".

La causa caratulada “M., M. y otros C/ Ministerio de Salud de la Nación S/ Amparo Ley 16.986” recayó en el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a partir de una acción de amparo contra el Estado nacional y el Ministerio de Salud de la Nación por la aplicabilidad de la ley 27.491, sancionada en 2018.

viernes, 8 de enero de 2021

ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ARANCELES DEL SISTEMA DE PRESTACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

MINISTERIO DE SALUD Y AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD

Resolución Conjunta 2/2021

RESFC-2021-2-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 06/01/2021

VISTO el EX-2020-84113113-APN-DE#AND, la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, los Decretos N° 1193 del 8 de octubre de 1998, N° 698 del 5 de septiembre de 2017 y sus modificatorios y N° 95 del 1 de febrero de 2018, la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 428 del 23 de junio de 1999, la Resolución Conjunta de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD y de la entonces SECRETARÍA DE GOBIERNO DE SALUD N° 6 de fecha 19 de septiembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 24.901, sus modificatorias y complementarias, se instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 1193/98, por Resolución N° 428/99 del entonces MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL se aprobó el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan periódicamente a partir de la propuesta elevada por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

lunes, 4 de enero de 2021

DISPOSICIÓN RELATIVA AL CIERRE DE FRONTERAS HASTA EL 9-1-2021 POR CORONAVIRUS

  DECISIÓN ADMINISTRATIVA: 2252- Jefatura de Gabinete de Ministros

Fecha B.O.: 24-dic-2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-84606692-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541 , los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020 y 1033 del 20 de diciembre de 2020, su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con relación a la COVID-19.

Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de «aislamiento social, preventivo y obligatorio» en todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20 , 355/20 , 408/20 , 459/20 y 493/20 , hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.

Que por los Decretos Nros.

520/20 , 576/20 , 605/20 , 641/20 , 677/20 , 714/20 , 754/20 , 792/20 , 814/20 , 875/20 , 956/20 y 1033/20 se fue diferenciando a las distintas áreas geográficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por la COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa de «distanciamiento social, preventivo y obligatorio» y aquellas que debieron retornar a la etapa de «aislamiento social, preventivo y obligatorio» en virtud de la evolución de la pandemia y de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos períodos, hasta 31 de enero de 2021, inclusive.

Que en ese marco, a través de diversas decisiones administrativas se ampliaron, paulatinamente, las excepciones dispuestas inicialmente.

Que el artículo 7° del Decreto Nº 260/20 establece que «.Deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica, las siguientes personas: . d) Quienes arriben al país habiendo transitado por «zonas afectadas», salvo excepciones dispuestas por las autoridades sanitaria o migratoria y siempre que den cumplimiento a las condiciones que estas establezcan. En todos los casos las personas deberán también brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo las excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

Que, asimismo, a través del Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios y complementarios, prorrogado por los Decretos Nros.

331/20 , 365/20 , 409/20 , 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20 , 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20 y 1033/20, se estableció la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país por medio de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIONALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, hasta el día 31 de enero de 2021.

Apruébase el «PLAN ESTRATÉGICO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA»

 RESOLUCIÓN: 2883- Ministerio de Salud

Fecha B.O.: 30-dic-2020


VISTO el Expediente EX-2020-82345139-APN-DD#MS, el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 y la Resolución del MINISTERIO DE SALUD N° 568 del 14de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que el 30 de enero de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional, para la que los países deben estar preparados en cuanto a la contención, vigilancia activa, detección temprana, aislamiento, manejo de casos, rastreo de contactos y prevención de la propagación de la infección.

Que luego de que la OMS declarase la existencia de una pandemia y la constatación de la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país, mediante el Decreto N° 260/2020 se dispuso la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 , por el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia.

Que en el marco de la emergencia declarada se facultó a la autoridad sanitaria a adoptar las medidas que resulten oportunas, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, con el objeto de minimizar los efectos de la propagación del virus y su impacto sanitario.

Que la Resolución de este Ministerio N° 568/2020 dispone que la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD y sus áreas dependientes serán las encargadas de establecer los lineamientos técnicos de los actos administrativos que debe emitir el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN en su calidad de autoridad de aplicación del Decreto N° 260/2020.

Que al 15 de diciembre de 2020 se registraron en el mundo más de 71.350.000 casos diagnosticados y más de 1.612.000 fallecidos desde que se identificó el virus en enero de este año.

Que en Argentina el primer caso de COVID-19 se confirmó el día

3 de marzo 2020 y que a la fecha las 24 jurisdicciones del país se vieron afectadas.

Que en efecto al 15 de diciembre de 2020 en Argentina se registraron un total de 1.503.222 casos confirmados de COVID-19, registrándose la mayor cantidad de casos confirmados en el grupo etario entre 20 y 49 años, siendo entre los 30-39 años el grupo que registró la mayor tasa de incidencia específica por edad (5.472/100.000 habitantes).

Que, a esa fecha, la tasa de letalidad global por COVID-19 en Argentina alcanzó un 2,7 %.

RESPONSABILIDAD POR INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA

 Partes: J. L. c/ R. R. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora

Sala/Juzgado: I

Fecha: 6-nov-2020

Cita: MJ-JU-M-129393-AR | MJJ129393 | MJJ129393

Responsabilidad solidaria del laboratorio y de la clínica por la infección sufrida por la actora luego de una intervención quirúrgica por la presencia de una bacteria en el antiséptico utilizado.

Sumario:

1.-No siendo posible determinar en qué parte de la cadena de distribución se produjo la contaminación con una bacteria del antiséptico utilizado en la operación mamaria de la actora, que le produjo severos daños, y teniendo en cuenta la responsabilidad objetiva y solidaria que establecen los arts. 5 y 40 de la Ley de Defensa del Consumidor y a la luz de lo dispuesto por el art. 42 de la CN., corresponde revocar parcialmente el fallo e incluir en la condena al laboratorio fabricante, y confirmar la responsabilidad atribuida a la clínica.

2.-La infección de la accionante fue provocada por una bacteria que se encontraba presente en los frascos del antiséptico, cerrados desde fábrica y en poder de la clínica, por lo que habiéndose utilizado dicho antiséptico en la operación de la accionante, cabe concluir que las consecuencias sufridas por la misma se debieron a la presencia de la bacteria en dicho desinfectante.

3.-Conforme lo desarrolla la ANMAT en su informe, la diferencia entre los resultados de los frascos aportados por el laboratorio y los entregados por la clínica pudo deberse a las condiciones de almacenamiento, toda vez que, por tratarse de una solución no estéril puede contener microorganismos, los que -aún en frascos cerrados- pudieron subir su número por haber estado sometidos a temperaturas aptas para su desarrollo.

SE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CULTIVO DE CANNABIS CON FINES MEDICINALES

 

MINISTERIO DE SALUD

Resolución 2983/2020

RESOL-2020-2983-APN-MS

Ciudad de Buenos Aires, 30/12/2020

VISTO el Expediente EX-2019-72930008-APN-DD#MSYDS, la Ley Nº 27.350 y su Decreto Reglamentario N° 883 del 11 de noviembre de 2020, y

CONSIDERANDO

Que la Ley N° 27.350 establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de Cannabis y sus derivados.

Que con la finalidad de dar cumplimiento al objeto indicado en el artículo 1º de la mencionada Ley, el Decreto reglamentario N° 883/2020 dispuso en su artículo 2° que el “PROGRAMA NACIONAL PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL USO MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS, SUS DERIVADOS Y TRATAMIENTOS NO CONVENCIONALES” creado en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, funcionará en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS SANITARIAS, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA de la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD de este Ministerio.