OBRAS SOCIALES POLÉMICAS

En medio de la investigación judicial por el fraude que involucra a obras sociales sindicales con la compra de medicamentos, el Gobierno autorizó el pago de reintegros por $ 133 millones a varias de esas organizaciones que compraban a la droguería San Javier, acusada de presunta estafa. El pago fue autorizado el año pasado por la Administración de Programas Especiales (APE), como parte de una resolución del Ministerio de Salud que reintegró a las obras sociales $ 755 millones por tratamientos médicos de alta compejidad Los mayores beneficiarios por esos cobros de tratamientos médicos muy caros fueron: el Sindicato de Empleados de Comercio, de Armando Cavalieri ($ 57.323.809) la Obra Social del Personal de la Construcción, de Gerardo Martínez ($ 49.869.986) la Obra Social de Ejecutivos y Personal de Dirección de Empresas ($ 40.836.318) las obras sociales que maneja Hugo Moyano del sindicato de Choferes de Camiones y la Obra Social de Conductores de Camiones y Transporte automotor de carga ($ 27.518.000), entre otros. Así surge de una investigación que hizo la Fundación Confianza Pública, que lideran la ex ministra de Salud Graciela Ocaña y el senador bonaerense del Frente para la Victoria Santiago Nardelli, sobre lo que pagó el Ministerio de Salud a partir de la APE, un organismo descentralizado que concentra el 10% de lo recaudado por las obras sociales, lo que es distribuido para pagar estas prácticas médicas de alto costo y baja incidencia. Los reintegros de la APE a las obras sociales son uno de los principales focos de corrupción que investiga el juez federal Norberto Oyarbide en la causa por la mafia de los medicamentos que mantiene presos al líder bancario José Zanola y al empresario Néstor Lorenzo, de Droguería San Javier, entre otros. En una causa paralela se investiga al líder camionero Hugo Moyano por los reintegros cobrados en su obra social y a una droguería que le proveía remedios. La fundación que lidera Ocaña denunció que hubo pagos supuestamente irregulares en 2009, pues la APE dictó una resolución en octubre de ese año (14.291/09) mediante la cual prorrogó las solicitudes de cobertura de prestaciones brindadas en 2007, 2008 y 2009 que ya estaban vencidas. De este modo, una parte del presupuesto de 133 millones de pesos, que no había sido ejecutada y debía ser devuelta al Tesoro, fue reasignada para pagar estos reintegros que ya estaban caídos. Así, el 30 de diciembre de 2009 se dictó otra resolución (20.862/09) que permitió devengar del presupuesto de ese año el dinero para pagar los expedientes reclamados por las obras sociales sindicales. El gerente general de la APE, Daniel Colombo Russel, dijo a LA NACION que no hubo irregularidades al haber devengado ese presupuesto y que las prórrogas dispuestas eran necesarias por el volumen de expedientes que ingresan las obras sociales con mayor cantidad de afiliados, lo que perjudica a las que tienen menos. “Asumí en noviembre de 2009 y había mucha documentación por vencer. Teníamos un límite de ingreso de 20 expedientes por día por obra social y hay algunas que tienen un volumen enorme de expedientes, lo que no permite que se presenten todos. Por eso dimos esa prórroga, y este año seguramente vamos a dar otra”, explicó. El funcionario aseguró que no había irregularidades en pagar esos expedientes con el presupuesto de 270 millones de pesos que no había sido ejecutado. “Encima teníamos cierta presión para otorgar adelantos, en lugar de reintegros, pero yo decidí que no, por eso pagamos los expedientes que ya tenían un primer dictamen de prestaciones médicas aprobándolos, para evitar un mayor atraso”, aclaró. Colombo Russel destacó que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) está en la APE trabajando junto con la UBA en la auditoría de más de 33.000 expedientes de antes de 2005 para determinar si fueron pagados regularmente. Polémica droguería Entre las obras sociales que pudieron cobrar este dinero que ya no tenían posibilidades de recibir están las que compraban medicamentos a Droguería San Javier, cuyos remedios estaban bajo investigación judicial, según se desprende de comparar los listados de la resolución de diciembre de 2009 con una información que brindó el propio Ministerio de Salud al juez Oyarbide, donde enumera cuáles eran las obras sociales que le compraban a San Javier. Por ejemplo, la obra social del Personal del Turf cobró $ 3.530.047; la Unión Obra Metalúrgica cobró $ 1.265.905; la de Agentes de Loterías percibió $ 392.284; la Obra Social de Aeronavegantes cobró unos $ 32.000; Camioneros percibió $ 1.050.801; la Obra Social del Personal Administrativo y Técnico de la Construcción, $ 198.900. La resolución que posibilitó estos cobros incluye un anexo de 124 carillas de expedientes por un total de $ 133.714.752 pagados. Colombo Russel explicó que no necesariamente esos pagos son irregulares, porque pueden ser anteriores a que San Javier fuera desautorizada para operar y hasta pueden ser expedientes que no se correspondan con medicación. Y en algunos casos son de 2007, cuando San Javier no estaba cuestionada. El listado de las obras sociales incluidas en el anexo de la resolución de 2009 además tiene otra particularidad: algunas obras sociales percibieron más de lo que habían reclamado. Hay casos, como la Obra Social del Personal de Dirección de Empresas (OSDE), que cobró un 163 por ciento más de lo que reclamó, o la Obra Social de la Construcción, que percibió un 105% más, o la de Comisarios Navales, que percibió un 200 por ciento más. 24/5/10 Hernán Cappiello LA NACION