El Senado sancionó la ley de salud mental, norma que establece una serie de garantías para las personas que padecen ese tipo enfermedades y que establece como principio rector la necesidad de evitar la internación de los pacientes en institutos neuropsiquiátricos. El texto fue aprobado esta madrugada por unanimidad de los 47 senadores presentes.
La clave del texto es que considera como elemento básico que el proceso de curación de un enfermo mental debe realizarse, preferentemente, fuera del ámbito de internación hospitalaria, reforzando la restitución o promoción de sus lazos sociales.
Además, promueve la internación en hospitales generales, para garantizar un examen completo del estado de salud de quienes padezcan este tipo de patologías.
En ese sentido, el artículo 14 considera la internación un recurso de carácter restrictivo, que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones.
"Estamos ante un cambio de paradigma que deja de entender a las personas con discapacidad mental como objeto de asistencia para considerarlas sujetos de derecho", afirmó el radical José Cano (Corrientes), presidente de la Comisión de Salud y miembro informante de la iniciativa, que había sido aprobada por la Cámara baja en octubre del año pasado.
En caso de llegarse a una internación, ésta deberá estar justificada en un estudio multidisciplinario, en la búsqueda de datos acerca de los lazos familiares y el entorno social del paciente, y contar con un consentimiento informado de la persona o de su representante legal.
La norma parte de la presunción de capacidad de todas las personas y de que el de la salud mental debe ser un abordaje multidisciplinario que debe incluir aspectos históricos, sociales, culturales y hasta económicos.
Desde ese punto de vista, reconoce el derecho de las personas con problemas mentales a recibir atención médica integral y humanitaria, a conocer y preservar su identidad, a ser informado de los procedimientos médicos a los que es sometido y a que su estado no es inmodificable, entre otras garantías.
"Esta ley implica un gran cambio de paradigma en relación con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental", aseguró la peronista disidente Sonia Escudero (Salta).
Además, establece que las adicciones deben ser abordadas como parte de la salud mental. "Esta norma es un reconocimiento de que el adicto merece una respuesta terapéutica adecuada por parte del Estado y, de esta manera, les estamos dando una solución a los cientos de padres que peregrinan buscando atención por parte del sistema de salud pública", agregó Escudero.
Por considerar el de la salud mental un campo interdisciplinario, establece la posibilidad de que sea abordada desde diferentes actividades, además de la psiquiatría, como la psicología, la terapia ocupacional y la enfermería.
Sobre las restricciones que la ley impone a las internaciones, Escudero aclaró que el texto sancionado ayer no implica el cierre de los institutos.
En su artículo 27, establece: "Queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos, hasta sus sustitución definitiva por los dispositivos alternativos".
Un punto no menor de la ley es que establece que "en forma progresiva y en un plazo no mayor a tres años [...], el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud".
