AVANCE DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE LA LEGISLACIÓN Y NORMA ADMINISTRATIVA
PROVINCIAL EN MATERIA SANITARIA: EL FALLO “GONZALEZ BONORINO M. c. MINISTERIO
DE SALUD - I.O.M.A. s. AMPARO”
Por Martín Zambrano (h). Colaboración: Julia Cires
Etcheverry
I.- Introducción
a la problemática
El
presente antecedente jurisprudencial el cual me abocare a desmenuzar en sus
implicancias jurídicas, resulta ser un leading
case en que se encuentra involucrado el derecho de la salud y no resulta
claro el marco normativo aplicable al caso.
Es
que la dinámica de las entidades de salud, sean obras sociales o institutos de
salud nacionales o provinciales, al
momento de salir a “captar afiliados” que no son propios de la actividad o del
sistema de seguridad social, no responden a la telesis por las cuales fueron creadas, sino que inmiscuyen en un
campo ajeno que es el “mercado de la salud”, sector cuyo imperio se encuentra
regido por las Empresas de Medicina Prepaga.
Este
el caso del Instituto Obra Médico Asistencial (en adelante, “IOMA”), una “obra
social provincial”, “pública”, de “los empleados provinciales”, “cautiva”, que
a través de un plan de adherentes, se propone incorporar beneficiarios o
usuarios distintos a los que son propios de su actividad.
Entonces,
cuando una obra social provincial empieza a actuar como una Empresa de Medicina
Prepaga, tenemos el siguiente conflicto normativo:
a.-
el art. 121
de nuestra Constitución Nacional, acerca de las competencias no delegadas por
las Provincias a la Nación: del cual se desprende que como el ejercicio de
poder de policía ni la prestación del servicio de salud fue delegado a la
Autoridad Nacional, ningún tipo de injerencia puede tener en principio esta
última sobre las primeras;
b.- de
acuerdo al principio remarcado ut supra, el
sistema de salud que organice la provincia se encuentra por fuera de lo que
legisle o fiscalice la Nación, salvo aquello en lo que se refiera a las
competencias delegadas; por ende el IOMA
se rige por su ley de creación, estatuto y marco reglamentario (decretos y reglamentaciones
del Poder Ejecutivo Provincial y su contralor provincial, así como las
decisiones de su Directorio).
