El caso se refiere a un antiulceroso de marca que lideró el ranking
de ventas mundiales de medicamentos en la década de los noventa y para
el que el laboratorio solicitó extensiones del periodo de patente en
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Reino Unido y los Países Bajos.
Ante
las denuncias de los laboratorios de genéricos sobre la posibilidad de
que estas extensiones de la patente representaran en la práctica un
bloqueo a la comercialización de genéricos, la Comisión Europea inició
una investigación que culminó con una multa por abuso de posición
dominante de 60 millones de euros al laboratorio, al que se acusó de
engañar a las autoridades nacionales sobre la fecha de concesión de la
primera autorización de comercialización del producto con el fin de
dilatar la venta de genéricos.
El
caso no es uno más en la maraña de conflictos judiciales entre
laboratorios de marca y de genéricos, sino el primero que se saldó con
una multa multimillonaria de estas características y el que se esgrimió
como argumento por la Comisión Europea para iniciar una investigación
sectorial a todos los laboratorios innovadores sobre el posible retraso
intencionado de la comercialización de medicamentos genéricos en
Europa.El laboratorio multado recurrió la decisión de la Comisión
Europea ante el Tribunal de Luxemburgo, que ahora ha dictado sentencia
confirmando su condena al laboratorio, si bien disminuyendo
simbólicamente la multa impuesta de 60 millones de euros a 52,5
millones.
Aun cuando la sentencia confirma
la multa por haber ocultado información a las autoridades con el
objetivo de retrasar la comercialización de genéricos, el Tribunal de
Luxemburgo dice que no puede probarse que además esta actitud tuviera
como efecto también el bloqueo de las importaciones paralelas de este
producto en Dinamarca, Noruega y Suecia,donde el laboratorio retiró su
presentación del producto en cápsulas coincidiendo con el vencimiento
de la patente, por lo que reduce la multa a los citados 52,5 millones
de euros.
Como consecuencia de este caso
la Comisión Europea realizó la citada investigación sectorial, que ha
culminado con un informe en el que se estima que el retraso en la
comercialización de genéricos puede haber costado a los sistemas
sanitarios un incremento de la factura farmacéutica del 20 por ciento
entre 2000 y 2007
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