miércoles, 6 de febrero de 2019

USO DE AGROTÓXICOS, PLAGUICIDAS Y OTROS DISRUPTORES ENDOCRINOS Y SALUD


MEDIO AMBIENTE Y DERECHO A LA SALUD
AUTORA: MARÍA CRISTINA CORTESI**


"La osadía de creernos capaces de manipular impunemente la vida y la naturaleza nos ha llevado a activar una guerra silenciosa cuyas consecuencias no somos capaces de imaginar y mucho menos de prever".(Rachel Carson)

     El medio ambiente constituye uno de los “determinantes sociales” de la salud. Está comprobado que en general, las áreas más pobres son las más insalubres y condicionan la vida y la calidad de vida de las personas que las habitan.
     El cambio climático representa hoy en día, un desafío para los sistemas sanitarios, por su influencia en la salud humana. La Organización Mundial de la Salud considera que existen tres vías de riesgo por las que se ve afectada la salud, en estos casos:
·         Directamente, por medio de un clima extremo (vía primaria)
·         Indirectamente, por los cambios en los ecosistemas que influyen en las enfermedades transmitidas por vectores (vía secundaria)
·         Vias que se transmiten a través de humanos como la desnutrición (vía terciaria)
     Algunos de los problemas que el cambio climático ocasiona a la salud  son: escasez de alimentos y de agua por motivo de sequías, enfermedades transmitidas por vectores, mortalidad relacionada con el calor o el frío, enfermedades que aparecen luego de inundaciones, etc.


EL USO DE AGROTÓXICOS (GLIFOSATO):

     De todos los agroquímicos (fitosanitarios) usados para eliminar las malezas de los cultivos el más empleado es el glifosato. ¿El motivo? La mayoría, sobre todo en Argentina, son cultivos transgénicos, modificados genéticamente para hacerlos resistentes al glifosato. Casi la totalidad del cultivo de soja en nuestro país es tolerante al herbicida y resistente a los insectos. Esto permite a los agricultores utilizarlo sin limitaciones, ya que no afecta para nada el cultivo transgénico.
     El 90% de las semillas de soja transgénica (Soja RR) que se comercializan a nivel mundial, son propiedad de Monsanto, la misma empresa que fabricaba el Glifosato  marca Roundup, ahora producido por Bayer.

     Está demostrado que esa lluvia de agrotóxicos desparramada sobre las superficies cultivadas, constituye un grave peligro para la salud y contamina suelo, aire y agua en toda su extensión. En nuestro país además cada año se deforestan miles de hectáreas de monte nativo para el monocultivo de soja, lo cual acarrea también graves efectos en relación al cambio climático.

     En Argentina, por Decreto 21/2009 del P.E.N. se creó una Comisión Nacional de Investigación en el ámbito del Ministerio de Salud, la que  presentó un informe de evaluación vinculado al Glifosato y su influencia sobre la salud humana y el ambiente [1]. Algunos datos de ese informe demuestran que:
1.    En el año 2007 Argentina utilizó 162.407.808 Kg/l de glifosato.
2.    La mayor cantidad, es decir 78.000.000 Kg/l de fitosanitarios se utilizó para la soja en las Provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y otras del norte y del este del país.
3.    Las superficies cultivadas con variedades transgénicas de soja, maíz y algodón aumentó considerablemente desde 1998 y también las solicitudes de ensayos de ese tipo de cultivos, pero “sin evaluación del impacto ambiental”.
4.    La producción de cultivos GM (genéticamente modificados) ha facilitado la utilización del sistema de labranza cero, por sus ventajas económicas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estima que el cambio de labranza convencional a labranza cero podría aumentar los problemas de calentamiento global.
5.    En Brasil la labranza cero ha sido asociada a la compactación del suelo y a la mayor abundancia de plagas y enfermedades por acumulación de residuos.
6.    En cuanto a la toxicidad en general, el informe establece que la limitada información existente y la falta de datos en Argentina, amerita efectuar monitoreos continuos de residuos de glifosato y otros agroquímicos tanto en alimentos como en aguas destinadas a consumo humano. Finaliza el informe sosteniendo que “En Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos del glifosato en la salud humana, por lo cual sería importante promover la realización de los estudios pertinentes”

     Pero quienes elaboraron este informe, omitieron recurrir a quienes desde el año 2001 comenzaron a reclamar en defensa del derecho a la salud: los vecinos de los pueblos fumigados, y los médicos que los atendían  que veían en alarmante aumento, casos de cáncer y de  trastornos endocrinos y reproductivos.

     En Agosto de 2010 se convoca al Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, para tratar de conocer y analizar lo que observaban estos médicos. Concurrieron más de 300 profesionales de 12 provincias y muchos científicos del CONICET, los que demostraron con sus investigaciones la relación causal entre agroquímicos y daño a la salud. Se elaboró entonces una Carta a la ex Presidenta de la Nación, otra a la Mesa de Enlace de Entidades Agrarias y se elaboró un Informe del Encuentro. También se creó la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

      En 2015, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  reconoció por primera vez, que el glifosato “podría producir cáncer”, confirmando que existen pruebas de ello y también que causa daños en el ADN y en los cromosomas en las células humanas[2].

     La justicia argentina rechazó recientemente una medida cautelar en un proceso judicial colectivo donde se está reclamando por el daño ambiental producido por el glifosato, pero el Fiscal Federal consideró idóneo el reclamo efectuado por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados[3], Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la R.A., Cátedra Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, Càtedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina/Escuela de Nutrición, Red Ecosocialista, Colectivo Sanitario Andrés Carrasco, Acción por la Biodiversidad, Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, Foro Ecologista de Paraná, Red Salud Popular Ramón Carrillo, Centro de Protección a la Naturaleza, Naturaleza de Derechos, Bios de Mar del Plata, entre otros. La demanda busca  condenar a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control. “Tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, reza la presentación.

     Mientras tanto, la Unión Europea prorrogó la licencia del glifosato en el año 2017, pero con la abstención de Alemania, Italia, Portugal, Austria, Luxemburgo, Grecia y Bulgaria.

     Los Relatores Especiales de Derechos Humanos de Alimentación y Tóxicos presentaron en el 34 período de Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una fuerte crítica a la agricultura basada en plaguicidas y semillas transgénicas, y establecieron su relación con la violación a los derechos humanos[4]. Sostiene el informe que: ” Los niños son el sector de población más vulnerable a la contaminación por plaguicidas, puesto que sus órganos no han terminado de desarrollarse y porque, por su menor tamaño, están expuestos a mayores dosis por unidad de peso corporal. Los niveles y la actividad de enzimas clave para destoxificar los plaguicidas son mucho menores en los niños que en los adultos. En el caso de mujeres embarazadas, éstas pueden sufrir abortos no deseados o dar a luz hijos con malformaciones, siendo el período más crítico la exposición durante los primeros tres meses de gestación. Además los agrotóxicos pueden llegar a la leche materna…”
     En Octubre del año 2017 se desarrolló en La Haya el Tribunal Internacional Monsanto, creado por la iniciativa de los pueblos de países afectados por la actividad de dicha empresa, en donde las víctimas tuvieron la oportunidad de ser escuchadas por el mundo entero[5]. Dicho Tribunal de Opinión, si bien no es vinculante en cuanto sus decisiones, es importante  porque ofrece abundante material y conocimientos científicos y técnicos que pueden ser utilizados para futuras demandas legales. El documento publicado, explica que se trata de un “tribunal extraordinario fruto de la determinación de la sociedad civil, que toma la iniciativa y participa activamente en él”. Recordemos que los Tribunales de Opinión fueron impulsados  por los filósofos Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell en pos de buscar una sanción ética para los crímenes cometidos en Vietnam.
     Más recientemente[6] se expidió el Tribunal Monsanto, y consideró a la empresa responsable de “ecocidio” por causar daños severos en el medioambiente, además de hallarla involucrada en prácticas contrarias a la salud y a la alimentación sana.
     En Abril de 2017, la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Hilal Helver, responsabilizó a los agrotóxicos de la muerte de 200.000 personas al año, manifestándose en contra del modelo agrícola dominante no sólo por el daño que causan los plaguicidas, sino también por sus efectos en el cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica y la incapacidad para asegurar una soberanía alimentaria[7]. El trabajo viene a confirmar los efectos de los agrotóxicos en la salud, hecho negado sistemáticamente por las empresas y periodistas del agro. Sostiene que: “Las mujeres embarazadas que están expuestas a plaguicidas corren mayor riesgo de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros, y sus bebés, de sufrir malformaciones congénitas. Estudios han constatado la presencia de diversos plaguicidas en el cordón umbilical, probando la existencia de una exposición prenatal”, afirma el trabajo y específica que la exposición a plaguicidas de las mujeres embarazadas lleva aparejado un mayor riesgo de leucemia infantil, autismo y problemas respiratorios. Otros efectos en la salud que confirma: cáncer, alzheimer, parkinson, trastornos hormonales, problemas de desarrollo, neurológicos y esterilidad. Los especialistas de Naciones Unidas no tienen dudas de que los agroquímicos “implican un costo considerable para los gobiernos y tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la salud humana y la sociedad en su conjunto, afectando a los derechos humanos”. El informe apunta a que tres empresas (Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta- ChemChina) dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas. “Las transnacionales ejercen un extraordinario poder sobre la agenda regulatoria, las iniciativas legislativas y la investigación agroquímica a nivel mundial”, advierte.
     En la provincia de Buenos Aires los productos fitosanitarios están regulados por la Ley 10.699. Su Decreto reglamentario Nº 499/91,  estipula que las aplicaciones aéreas no podrán realizarse a menos de 2 mil metros de las áreas urbanas.  Recientemente se aprobó la resolución N° 246-MAGP-18 del 17 de octubre de 2018, aunque recién fue publicada el 17 de diciembre en el Boletín Oficial N° 28422 de la provincia. El mismo sostiene que:  “A partir del 1 de enero de 2019 los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales comprenderán la zona de amortiguamiento”, señala la resolución en su Artículo 1° con respecto a las políticas públicas sobre “aplicación de fitosanitarios”. 
     Poco más de una semana antes,  la Justicia de Entre Ríos, la provincia más fumigada del país, prohibió fumigar a 1000 metros de las escuelas y a 3000 metros en caso de fumigación aérea. El dictamen, respondía a un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná. Lamentablemente dicho fallo se encuentra apelado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, alegando entre otras cosas que “…..Como emerge de un modo nítido, la sentencia que apelamos convierte en inviable de la noche a la mañana el sistema productivo entrerriano, basado principalmente en la producción agrícola”…. Señala asimismo que no desconoce “la importancia vital de los derechos tanto al ambiente como a la salud de los ciudadanos entrerrianos”, pero advierte que en virtud de la sentencia del juez Benedetto “se violan otros tantos derechos constitucionalmente reconocidos y protegidos, que el magistrado ha pasado por alto, tales como el derecho de propiedad, a trabajar y producir el propio sustento, a comerciar y a ejercer industria lícita, etc”.  Quedan expuestas con claridad cuáles son las prioridades para quienes alegan semejante argumento: la propiedad de unos pocos por sobre la vida y la salud de todo un pueblo.
     Como vemos, son muchas las voces que en nuestro país y en el mundo entero están advirtiendo sobre los peligros en la salud y el daño ambiental ocasionado no sólo por el agrotóxico glifosato, sino también por los OGM (organismos genéticamente modificados); aunque queda en claro que los intereses políticos y económicos creados en torno al tema, impiden que puedan tomarse medidas más severas.

PLAGUICIDAS Y OTROS DISRUPTORES ENDOCRINOS

     Los disruptores endocrinos o contaminantes hormonales son agentes exógenos que actúan como pseudohormonas e interfieren el funcionamiento normal del sistema endócrino, alterando su equilibrio desde el desarrollo fetal hasta la edad adulta. En el primer caso, puede dar lugar a malformaciones o enfermedades irreversibles, pudiendo en algunos casos, producir modificaciones genéticas transmisibles a los descendientes.

     Entre los efectos que provocan, encontramos daños en el sistema reproductor femenino y masculino creando infertilidad, tumores en órganos hormonodependientes (cáncer de ovarios, de mama, de próstata), alteraciones en el desarrollo neurológico, enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad) y enfermedades cardiovasculares.

     La característica más importante a tener en cuenta es que pueden ocasionar estos efectos nocivos, aún frente a dosis de exposición muy bajas y las etapas de vulnerabilidad se dan durante el embarazo, la infancia y la adolescencia.

     En 1962 el libro de a bióloga marina Rachel Carson “Silent Spring” o “Primavera Silenciosa” dio la primera alarma sobre los pesticidas como el DDT que se había difundido por todo el planeta y contaminado prácticamente a todos los seres vivos, habiendo encontrado entonces suficiente evidencia de la conexión entre el cáncer y los plaguicidas. Carson es considerada la precursora de la ecología, a pesar de que en su época estas cuestiones le costaron fuertes dolores de cabeza y acusaciones de todo tipo. Una de sus mejores frases: "La osadía de creernos capaces de manipular impunemente la vida y la naturaleza nos ha llevado a activar una guerra silenciosa cuyas consecuencias no somos capaces de imaginar y mucho menos de prever". Y termina su obra señalando que: …No digo que los insecticidas químicos no deban utilizarse nunca, pero sí creo que hemos puesto químicos venenosos y biológicamente potentes de manera indiscriminada en manos de personas que ignoran del todo o casi por completo su potencial para causar daño. Hemos puesto a una enorme cantidad de personas en contacto con estos venenos, sin su consentimiento y, a menudo, sin su conocimiento”.

     Y más tarde Theo Colborn, Dianne Dumanoski y Pete Myers volvieron a alertar sobre estos temas en su libro “Nuestro futuro robado” focalizándose justamente, en los disruptores hormonales. Los autores presentaron evidencia científica obtenida de estudios de campo e investigaciones, que demostraron el impacto negativo de dichas sustancias con los seres humanos.

     A partir de entonces se empezó a tomar más conciencia sobre los productos que vienen muchas veces con  nuestros alimentos como los agrotóxicos, pero también algunos que se encuentran en los elementos que usamos en nuestra vida cotidiana. Así podemos encontrar  como disruptores endocrinos los PCBs que actualmente están prohibidos pero se los utiliza en transformadores y otros equipos industriales,  productos que contienen Bisfenol A o BPA (plásticos como biberones, juguetes, utencillos de cocina, etc), ftalatos o PVC (champús, cosméticos, jabones, productos de limpieza, envases de alimentos, juguetes, perfumes, ceras, esmalte de uñas, ropa, tejidos, chupetes, manteles de plástico, etc).

      Según un informe de la OMS del año 2012, se sospecha que alrededor de 800 compuestos químicos pueden alterar el sistema hormonal, aunque hasta ahora todos los estudios que llevan a tal afirmación, se han realizado con animales[8].

      En relación a los mismos, en nuestro país existen normas que prohíben la comercialización, producción, importación y exportación de productos con ftalatos de puericultura y juguetes (Resoluciones Nº 583/08-MS y Nº 806/10-MS). En relación al Bisfenol A (policarbonato), la ANMAT ha prohibido la comercialización, importación, exportación y producción de mamaderas que lo contengan (Disp. Nº 1207/12-Anmat).

CASO MATANZA – RIACHUELO: PROMESAS QUE PARECEN HABERSE AHOGADO

      El 8 de Julio de 2008, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó un histórico fallo[9] en el que estableció la falta de cumplimiento de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y de lo prescripto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, condenando a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR)[10], al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cumplir con un plan de saneamiento ambiental que tenga en cuenta los siguientes objetivos:
1)    Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
2)    Recomponer agua, aire y suelo, y
3)    Prevenir daños futuros, mediante un sistema de control ambiental periódico de la zona.
¿Qué es el ACUMAR? Es un organismo público, autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, ente autárquico e interjuridiccional, que coordina la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) elaborado en diciembre de 2009.
      La causa se originó a raíz de una demanda interpuesta por un grupo de vecinos del barrio de la Boca en el año 2003 planteando la necesidad de proteger su derecho a la salud.
      La cuenca la constituye un río de llanura de unos 70 kilómetros, abastecido por 230 arroyos afluentes. Comprende unos 2.200 kilómetros cuadrados de territorio completamente contaminado, con más de 8 millones de habitantes, según el último censo.
     Para tener en claro el problema existente, basta recordar que un relevamiento llevado a cabo en 2013 por el Instituto Blacksmith  y la Cruz Verde Suiza[11] , colocó a esa zona en el octavo lugar en un triste ranking de los diez sitios más contaminados del planeta. El territorio comprendido por la Cuenca Matanza Riachuelo abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios de la provincia: Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras.

      Se estima que existen unas 4.103 industrias allí instaladas (registradas por ACUMAR aunque el Censo Económico INDEC 2005 habla de unas 12.181) muchas de las cuales han volcado sus residuos químicos sin tratamiento durante años y son las mayores responsables de tamaña contaminación[12], junto con alrededor de cien basurales a cielo abierto, los desechos de las villas de emergencia asentadas a su vera, el Polo Petroquímico de Dock Sud y el relleno del CEAMSE. A ello cabe sumar toneladas de hierro chatarra arrojados durante años, como esqueletos de autos, cascos de barcos, etc. En el año 2011 ACUMAR  presentó un listado de grandes empresas que fueron declaradas como “agentes contaminantes”, las que debían iniciar un proceso de reconversión industrial (PRI) monitoreado. Entre las industrias mencionadas en el listado se encuentran Cervecería Quilmes, Coca Cola (FEMSA), Laboratorios Roemmers, Montpellier, Sidus, Andrómaco,Pablo Cassará, Temis Lostaló, LKM, Biosidus, Roux Ocefa, COTO, Loma Negra, Alfajores Jorgito, Café La Virginia, Editorial Perfil, etc.
      Esto ha sido también el resultado de años de abandono y desidia que pusieron en peligro la salud de más de tres millones de habitantes, la mayoría de los cuales no poseen ni agua potable ni cloacas[13]. En la actualidad los hospitales de la zona vienen detectando graves enfermedades entre sus habitantes como ser: displasias cerebrales que pueden producir retrasos mentales, tumores cancerígenos de esófago gástrico y de riñón, alergias, asma, diarreas crónicas, problemas respiratorios, etc. En algunos barrios se detectó que el 25% de los niños tiene plomo en la sangre, lo que genera trastornos en el desarrollo.
      Las altas concentraciones de mercurio, arsénico, cromo, pesticidas, fenoles, plomo, bacterias coliformes y otras sustancias tóxicas degradables y no degradables, convierten a la zona en un sitio muy peligroso para la salud, condicionando la calidad de vida y la vida misma de las personas que allí habitan, la mayoría en condiciones sumamente precarias con necesidades básicas insatisfechas.
      El 27 de Julio de 2007 la OMS difundió un informe en el que puso de manifiesto, entre otras cosas, que la contaminación del aire y del agua es la causante de un tercio de las enfermedades de los niños a nivel mundial, agregando que en los países más pobres, uno de cada cinco niños no llega al quinto año de vida. «Los niños no son sólo adultos pequeños», señaló la Dra. Terri Damstra, jefa de la Unidad de Investigaciones Interregionales de la OMS. «Son especialmente vulnerables a los factores ambientales y a la exposición a éstos y responden en forma diferente a los adultos según el periodo de desarrollo. Por ejemplo, los pulmones no están plenamente desarrollados en el recién nacido, pero tampoco en un niño de ocho años; la maduración de este órgano puede verse alterada por contaminantes del aire que tienen efectos respiratorios agudos en la niñez y éstos pueden originar enfermedades respiratorias crónicas en etapas posteriores de la vida.»[14]
      Lo hasta acá señalado nos da idea de la importancia de buscar sanear rápidamente la cuenca Matanza-Riachuelo porque la salud no puede esperar, la vida de muchos niños está en peligro y su futuro y el de nuestra Patria condicionado a lo que los adultos hagamos al respecto.
      El informe efectuado por la Auditoría General de la Nación a ACUMAR en el año 2010 resulta elocuente e ilustrativo cuando en sus inicios señala que: “…La falta de información disponible, identificable y sistematizada en la Acumar y de expedientes disponibles para la vista complicó el trabajo de campo…”[15]
      El 30 de noviembre de 2016, se celebró una audiencia pública de la cual el Más Alto Tribunal de nuestro país, pudo detectar deficiencias al cumplimiento de la sentencia oportunamente dictada,  motivo por el cual el 27 de diciembre de ese mismo año, se vuelve a expedir ordenando a la ACUMAR a adoptar “con la mayor celeridad” las siguientes medidas:
1)    Establecer un sistema de indicadores
2)    Presentar un informe el 1º de marzo de 2017, así como informes periódicos referidos al control de la contaminación industrial, saneamiento de basurales, expansión de la red de agua potable y cloacas, relocalización de villas y asentamientos precarios, plan sanitario de emergencia y estado de la calidad ambiental.
3)    Ordena a los jueces federales que refuercen el control de las mandas en relación con el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) a cumplir por el Estado Nacional, la Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A partir de la renuncia del titular de ACUMAR, el Organismo pasó a depender nuevamente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación pero no hubo avances por conflictos en las designaciones de las nuevas autoridades en las direcciones

      Ahora bien, a diez años del histórico fallo y con millones de dólares en danza (en el 2009 se aprobó un crédito para la primera etapa por 840 millones de dólares del Banco Mundial y el presupuesto proyectado para el 2016 se eleva a casi 1.000 millones de pesos depositados en un fideicomiso en el Banco Provincia de Bs As)[16], la Cuenca Matanza-Riachuelo sigue tan contaminada como antes, el reclamo por la salud de los vecinos sigue siendo una necesidad impostergable, y la mayor deuda socio-ambiental del país junto con una vieja promesa de limpiar el río,  parecen haber sucumbido ahogadas en los cauces contaminados de una zona en donde miles de personas sobreviven  como pueden a la desidia, a la negligencia, a la falta  de políticas públicas, a la ausencia total de gestión ambiental y a la falta de atención sanitaria y habitacional de  varias décadas, que este  fallo judicial no hizo más que poner  en evidencia. Y creo que éste fue, sin lugar a dudas, el único pero el gran logro: poner el tema en la agenda política.
      No está demás recordar  lo que al respecto señala la Doctrina Social de la Iglesia: “El principio del destino universal de los bienes ofrece una orientación fundamental, moral y cultural, para deshacer el complejo y dramático nexo que une la crisis ambiental con la pobreza. La actual crisis ambiental afecta particularmente a los más pobres, bien porque viven en tierras sujetas a la erosión y a la desertización, están implicados en conflictos armados o son obligados a migraciones forzadas, bien porque no disponen de los medios económicos y tecnológicos para protegerse de las calamidades….”[17] Y “…La responsabilidad respecto al medio ambiente debe encontrar una traducción adecuada en ámbito jurídico…”[18]
        Lamentablemente en todos estos cambios el hombre ha tenido mucho que ver. La contaminación del aire, del agua y del suelo está directamente relacionada con la actividad humana y es el resultado de años de abandono y desidia sobre un tema que actualmente está poniendo en vilo a las autoridades sanitarias del mundo entero, ya que el medio ambiente no tiene fronteras. Es hora de que nos hagamos cargo, para evitar seguir contaminando el planeta y para centrarnos en la búsqueda de estrategias para aumentar la resiliencia  de nuestra especie en relación al cambio climático, adaptando y fortaleciendo los sistemas de salud frente a los riesgos derivados del mismo.

**Abogada (UBA) Especialista en Derecho de la Salud y Derecho Farmacéutico. Posgrado en Derecho de la Salud, en Administración y Gerenciamiento de Servicios de Salud y en Auditoria Estratégica en Servicios de Salud. Especialización en Productos Médicos y Medicamentos en Argentina. Diplomada en Psiquiatría Forense para Abogados. Directora del Instituto de Derecho Sanitario del CPACF. Presidenta de la Comisión de Derecho Sanitario de la A.A.B.A. Representante por la AABA en la Comisión de Derecho de la Salud de la Federación Argentina de Colegios de Abogados-FACA. Asesora Legal en la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud. Ex miembro del Consejo Directivo Miembro Fundadora  de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario.




[1] Puede encontrarse en http://www.fundacion-campo.org/userfiles/prensa/glifosatoinfoconicet09.pdf (última visita 10-04-20017)
[2] Puede leerse en inglés en http://cepronat.org.ar/data/arch_cont/articulos/305.pdf (última visita 12/04/2017)
[3] http://reduas.com.ar/
[4][4] Puede leerse en http://www.mapuexpress.org/?p=16743 (última visita 12/04/2017)
[5] Los testimonios pueden verse en http://es.monsantotribunal.org/Material-audiovisual (última visita 14/04/2017)
[6] El 18/04/2017
[7] Revista “Salud para Todos” Año 25 Nº 267-Abril de 2017
[8] El informe completo de la OMS State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals-2012 puede consultarse en www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/index.html
[9] FALLOS: 331: 1622 “Mendoza Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios”
[10] Se creó en el año 2006 por Ley Nº 26.168. El año pasado pasó a depender del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación pero debido a su inoperancia, desde el 5/1/2017 depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional con la reforma a la Ley de Ministerios
[11] http://www.blacksmithinstitute.org/new-report-cites-the-world-s-worst-polluted-places.html
[12] http://www.worstpolluted.org/projects_reports/display/114
[13] Un estudio pormenorizado del tema lo ha llevado a cabo Greenpeace y puede encontrarse en la Web con el título “Las aguas siguen bajando turbias”
[14] http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43604/1/924157237X_eng.pdf
[15] http://www.agn.gov.ar/files/informes/2010_146info.pdf
[16] Ver http://projects.bancomundial.org/P105680/matanza-riachuelo-basin-mrb-sustainable-development-adaptable-lending-program?lang=es
[17] Pontificio Consejo “Justicia y Paz”, compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, párrafo 482.
[18][18] Ibídem, párrafo 468

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