LA SALUD COMO DERECHO HUMANO: UN CASO RESUELTO OPORTUNAMENTE POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

INFORME No 71/03[1]
PETICIÓN 12.191
SOLUCIÓN AMISTOSA
MARÍA MAMÉRITA MESTANZA CHÁVEZ
PERÚ 10 de octubre de 2003
I. RESUMEN

1. Mediante petición presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “CIDH”) el 15 de junio de 1999, las organizaciones no gubernamentales Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), las cuales acreditaron posteriormente como copeticionarias al Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y al Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), (en adelante “las peticionarias”), denunciaron que la República del Perú (en adelante “Perú”, “el Estado” o “el Estado peruano”) violó derechos humanos de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, al someterla de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que finalmente ocasionó la muerte de la señora Mestanza Chávez.

2. Las peticionarias originales alegaron que los hechos denunciados configuran violación por el Estado peruano de los derechos a la vida, a la integridad personal, y a igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 4, 5, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención Americana”), así como violaciones a los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”), a los artículos 3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante "Protocolo de San Salvador"), y a los artículos 12 y 14(2) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

3. El 22 de febrero de 2001 el Estado peruano suscribió un Comunicado de Prensa Conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cual se comprometió a propiciar una solución amistosa en algunos casos abiertos ante la Comisión, entre ellos el presente caso, la cual se desarrollaría de acuerdo a los artículos 48(1)(f) y 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. El 2 de marzo de 2001, durante el 110º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano y las representantes de las víctimas suscribieron el Acuerdo Previo para Solución Amistosa con intervención y aprobación de la CIDH. La solución amistosa final fue acordada el 26 de agosto de 2003, cuando se suscribió en Lima la respectiva acta del acuerdo amistoso entre las partes.

5. En el presente informe de solución amistosa según lo establecido en el artículo 49 de la Convención y el artículo 41(5) del Reglamento de la Comisión, se efectúa una reseña de los hechos alegados por los peticionarios, de la solución amistosa lograda y se acuerda su publicación.

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

6. La Comisión recibió la denuncia el 15 de junio de 1999. El 14 de julio de 1999 la CIDH abrió el caso, transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada dentro de un plazo de 90 días. Perú solicitó ampliación del plazo para hacer llegar su respuesta, que fue otorgada por la CIDH. Perú respondió el 14 de enero de 2000. Las peticionarias presentaron observaciones a la respuesta del Estado el 12 de abril de 2000. El 3 de octubre de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe de Admisibilidad Nº 66/00.

7. Con fecha 2 de marzo de 2001, con la intervención y aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. las partes suscribieron el Acuerdo Previo para Solución Amistosa, en el que el Estado peruano admitió su responsabilidad internacional por los hechos alegados por las peticionarias y se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de las víctimas.

8. El 26 de agosto de 2003, en la ciudad de Lima, las representantes de las víctimas y el Estado suscribieron el Acuerdo de Solución Amistosa, solicitando que la Comisión ratificara el acuerdo en todo su contenido.

III. LOS HECHOS

9. Las peticionarias legan que el caso de la Sra. María Mamérita Mestanza representa uno más entre un número significativo de casos de mujeres afectadas por la aplicación de una política gubernamental de carácter masivo, compulsivo y sistemático que enfatizó la esterilización como método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población, especialmente de mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales. Al respecto, refieren que la Defensoría del Pueblo recibió diversas denuncias al respecto, y que entre noviembre de 1996 y noviembre de 1998 CLADEM, por su parte, logró documentar 243 casos sobre violaciones de derechos humanos en la aplicación de la anticoncepción quirúrgica en Perú.

10. Señalan que la señora María Mamérita Mestanza, mujer campesina de aproximadamente 33 años de edad y madre de 7 hijos, fue objeto de acoso desde 1996 por parte del Centro de Salud del Distrito de La Encañada, que forma parte del sistema público de salud, para que se esterilizara. Recibieron así, ella y su esposo Jacinto Salazar Suárez, distintas formas de hostigamiento, que incluyeron varias visitas donde el personal de salud amenazaba con denunciarla a ella y al Sr. Salazar Suárez ante la policía, y les mencionaba que el gobierno había dado una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos debería pagar una multa y sería llevada a la cárcel.

11. Refieren que finalmente y bajo coacción se logró el consentimiento de la señora Mestanza para ser objeto de una operación de ligadura de trompas. El procedimiento quirúrgico fue realizado en fecha 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca, sin haberse efectuado previamente ningún examen médico. La señora Mestanza fue dada de alta al día siguiente, 28 de marzo de 1998, aún cuando presentaba serias anomalías como vómitos e intensos dolores de cabeza. Durante los días siguientes el señor Jacinto Salazar informó varias veces al personal del Centro de Salud de La Encañada del estado de salud de la señora Mestanza, que iba empeorando cada día, y el personal del Centro de Salud decía que estos eran los efectos post operatorios de la anestesia.
12. Aducen que finalmente la señora Mestanza Chávez falleció en su casa, el 5 de abril de 1998, y que en el certificado de defunción se diagnosticó que su muerte se había producido debido a una “sepsis” como causa directa y bloqueo tubárico bilateral como causa antecedente. Informaron que días después un doctor del Centro de Salud ofreció una suma de dinero al señor Jacinto Salazar con el fin de dar por terminado el problema.

13. Indican que el 15 de abril de 1998 el señor Jacinto Salazar denunció ante la Fiscal Provisional Mixta de Baños del Inca a Martín Ormeño Gutiérrez, Jefe del Centro de Salud de La Encañada, en relación con la muerte de la señora Mestanza, por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la figura de homicidio culposo. Agregan que el 15 de mayo de 1998 dicha Fiscal Provincial formalizó denuncia penal contra el señor Ormeño Gutiérrez y contra otras personas, ante la Jueza Provincial de la localidad, quien el 4 de junio de 1998 declaró que no había lugar a la apertura de instrucción. Tal decisión fue confirmada el 1° de julio de 1998 por la Sala Especializada en lo Penal, en virtud de lo cual, el 16 de diciembre de 1998, la Fiscal Provincial ordenó el archivo definitivo del caso.

IV. SOLUCIÓN AMISTOSA

14. El Estado y las peticionarias suscribieron el acuerdo de solución amistosa, en cuyo texto se establece lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES

La señora María Mamérita Mestanza Chávez fue sometida a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que finalmente ocasionó su muerte. Las organizaciones peticionarias denunciaron que se violaron los derechos a la vida, a la integridad personal y a la igualdad ante la ley, vulnerando los artículos 4, 5, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), los artículos 3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los artículos 12 y 14 (2) de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Con fecha 14 de julio de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos transmitió al Estado peruano las partes pertinentes de la denuncia y solicitó información. Con fecha 3 de octubre de 2000 la CIDH aprobó el Informe Nº 66/00 de admisibilidad y continuó con el análisis de fondo de la cuestión, referida a presuntas violaciones a la Convención Americana y a la Convención de Belém do Pará.

Con fecha 2 de marzo de 2001 durante el 110° período ordinario de sesiones de la CIDH se convino en un Acuerdo Previo de Solución Amistosa.

SEGUNDA: RECONOCIMIENTO

El Estado Peruano consciente de que la protección y respeto irrestricto de los derechos humanos es la base de una sociedad justa, digna y democrática, en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas con la firma y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales es parte, y consciente que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, constituyendo la indemnización a la víctima, investigación de los hechos y la sanción administrativa, civil y penal de los responsables la forma más justa de hacerlo, reconoce su responsabilidad internacional por violación de los artículos 1.1, 4, 5 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el art. 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en agravio de la víctima María Mamérita Mestanza Chávez.

Tal reconocimiento se explicitó en el Acuerdo Previo para Solución Amistosa suscrito entre el Estado Peruano y los representantes legales de la víctima, con intervención y aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de marzo de 2001 durante el 110° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicho convenio el Estado peruano admitió responsabilidad internacional por los hechos descritos y se comprometió a adoptar medidas de reparación material y moral por el daño sufrido e impulsar una exhaustiva investigación, tendiente a la sanción de los responsables en el fuero común, así como a adoptar medidas de prevención para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.

TERCERA: INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN

El Estado Peruano se compromete a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares.

En tal sentido, el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a:

a. Los responsables de los actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas.

b. El personal de salud que hizo caso omiso de la demanda de atención urgente de la señora Mestanza luego de la intervención quirúrgica.

c. Los responsables de la muerte de la Sra. María Mamérita Mestanza Chávez.

d. Los médicos que entregaron dinero al cónyuge de la señora fallecida a fin de encubrir las circunstancias del deceso.

e. La Comisión Investigadora, nombrada por la Sub Región IV de Cajamarca del Ministerio de Salud que cuestionablemente, concluyó con la ausencia de responsabilidad del personal de salud que atendió a la señora Mestanza.

Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales, el Estado peruano se compromete a poner en conocimiento del Colegio Profesional respectivo las faltas contra la ética que se hayan cometido, a efectos de que conforme a su estatuto se proceda a sancionar al personal médico involucrado con los hechos referidos.

Asimismo, el Estado se compromete a realizar las investigaciones administrativas y penales por la actuación de los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial que omitieron desarrollar los actos tendientes a esclarecer los hechos denunciados por el viudo de la señora Mamérita Mestanza.

CUARTA: INDEMNIZACION

01. Beneficiarios del presente Acuerdo

El Estado Peruano reconoce como únicos beneficiarios de cualquier indemnización a las personas de Jacinto Salazar Suárez, esposo de María Mamérita Mestanza Chávez y a los hijos de la misma: Pascuala Salazar Mestanza, Maribel Salazar Mestanza, Alindor Salazar Mestanza, Napoleón Salazar Mestanza, Amancio Salazar Mestanza, Delia Salazar Mestanza y Almanzor Salazar Mestanza.

02. Indemnización económica.

a. Daño Moral

El Estado Peruano otorga una indemnización a favor de los beneficiarios por única vez de diez mil dólares americanos (US $10, 000.00 y 00/100) para cada uno de ellos, por concepto de reparación del daño moral, lo cual hace un total de ochenta mil dólares americanos (US $80,000.00 y 00/100).

Respecto a los menores de edad, el Estado, depositará la suma correspondiente en fondo de fideicomiso en las condiciones más favorables según la práctica bancaria. Las gestiones se realizarán conjuntamente con los representantes legales de la familia Salazar Mestanza.

b. Daño emergente

El daño ocasionado como consecuencia directa del evento dañoso está constituido por los gastos en que incurrió la familia como consecuencia directa de los hechos. Estos gastos fueron los realizados para tramitar y hacer el seguimiento de la denuncia penal ante el Ministerio Público por homicidio culposo en agravio de María Mamérita Mestanza, así como el monto por concepto de gastos de velorio y entierro de la señora Mestanza. La suma por dicho concepto asciende a dos mil dólares americanos (US $ 2,000.00 y 00/100), la cual deberá ser abonada por el Estado peruano a los beneficiarios.

QUINTA: INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LOS RESPONSABLES PENALES DE LOS HECHOS

El Acuerdo de Solución Amistosa no incluye el derecho a reclamar la indemnización que tienen los beneficiarios contra todos los responsables de la violación de los derechos humanos de la señora María Mamérita Mestanza, de conformidad con el Artículo 92º del Código Penal Peruano, según determine la autoridad judicial competente, y que el Estado Peruano reconoce como derecho. Se precisa que este Acuerdo deja sin efecto alguno cualquier reclamo de los beneficiarios hacia el Estado Peruano como responsable solidario y/o tercero civilmente responsable o bajo cualquier otra denominación.

SEXTA: DERECHO A REPETICIÓN

El Estado Peruano se reserva el derecho de repetición, de conformidad con la legislación nacional vigente, contra aquellas personas que se determine ser responsables en el presente caso, mediante sentencia definitiva dictada por la autoridad nacional competente.

SEPTIMA: EXENCIÓN DE TRIBUTOS, CUMPLIMIENTO Y MORA

El monto indemnizatorio otorgado por el Estado peruano no estará sujeto al pago de ningún impuesto, contribución o tasa existente o por crearse y deberá pagarse a más tardar seis meses después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifique la ratificación del presente acuerdo, luego de lo cual incurrirá en mora y deberá pagar la tasa de interés compensatorio y moratorio máxima prevista y/o permitida por la legislación nacional.

OCTAVA: PRESTACIONES DE SALUD

El Estado Peruano se compromete a otorgar a los beneficiarios, por única vez, la suma de siete mil dólares americanos (US $ 7,000.00 y 00/100), por concepto del tratamiento de rehabilitación psicológica, que requieren los beneficiarios como consecuencia del fallecimiento de la señora María Mamérita Mestanza Chávez. Dicho monto será entregado en fideicomiso a una institución, pública o privada, la cual se constituirá en fideicomisaria, con el objeto de administrar los recursos destinados a brindar la atención psicológica que requieren los beneficiarios. La institución será elegida de común acuerdo entre el Estado y los representantes de la familia Salazar Mestanza, con el apoyo de la Cooordinadora Nacional de Derechos Humanos, DEMUS, APRODEH y el Arzobispo de Cajamarca. Los gastos relacionados con la constitución legal del fideicomiso serán asumidos por el Estado peruano.

Asimismo, el Estado peruano se compromete a brindar al esposo e hijos de María Mamérita Mestanza Chávez, un seguro permanente de salud a través del Ministerio de Salud o de la entidad competente. El seguro de salud para el cónyuge supérstite será permanente, y el de sus hijos, mientras no cuenten con un seguro de salud público y/o privado.

NOVENA: PRESTACIONES EDUCATIVAS

El Estado peruano se compromete a brindar a los hijos de la víctima educación gratuita en el nivel primario y secundario, en colegios estatales. Tratándose de educación superior, los hijos de la víctima recibirán educación gratuita en los Centros de Estudios Superiores estatales, siempre y cuando reúnan los requisitos de admisión a dichos centros educativos y para estudiar una sola carrera.

DECIMA : OTRAS PRESTACIONES

El Estado peruano se compromete a entregar adicionalmente el monto de veinte mil dólares americanos (US $ 20,000.00 y 00/100) al señor Jacinto Salazar Suárez para adquirir un terreno o una casa en nombre de sus hijos habidos con la señora María Mamérita Mestanza. El señor Salazar Suárez deberá acreditar dicha adquisición –dentro del año siguiente a la suscripción del presente acuerdo- con la entrega del Testimonio de Escritura Pública a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Asimismo, el señor Salazar Suárez se compromete a no enajenar o alquilar la propiedad adquirida mientras el menor de sus hijos Salazar Mestanza no cumpla la mayoría de edad, salvo autorización judicial.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú efectuará el seguimiento necesario para asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.

DÉCIMO PRIMERA: MODIFICACIONES LEGISLATIVAS Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE SALUD REPRODUCTIVA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El Estado peruano se compromete a realizar las modificaciones legislativas y de políticas públicas sobre los temas de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, eliminando de su contenido cualquier enfoque discriminatorio y respetando la autonomía de las mujeres.

Asimismo, el Estado peruano se compromete a adoptar e implementar las recomendaciones formuladas por la Defensoría del Pueblo respecto a políticas públicas sobre Salud Reproductiva y Planificación Familiar, entre ellas las siguientes:

a. Medidas de sanción a los responsables de violaciones y reparación a las víctimas

1) Revisar judicialmente todos los procesos penales sobre violaciones de los derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, para que se individualice y se sancione debidamente a los responsables, imponiéndoles, además, el pago de la reparación civil que corresponda, lo cual alcanza también al Estado, en tanto se determine alguna responsabilidad suya en los hechos materia de los procesos penales.

2) Revisar los procesos administrativos, relacionados con el numeral anterior, iniciados por las víctimas y/o familiares, que se encuentran en trámite o hayan concluido respecto de denuncias por violaciones de derechos humanos.

b. Medidas de monitoreo y de garantía de respeto de los derechos humanos de los y las usuarias de los servicios de salud:

1) Adoptar medidas drásticas contra los responsables de la deficiente evaluación pre-operatoria de mujeres que se someten a una intervención de anticoncepción quirúrgica, conducta en que incurren profesionales de la salud de algunos centros de salud del país. Pese a que las normas del Programa de Planificación Familiar exigen esta evaluación, ella se viene incumpliendo.

2) Llevar a cabo, permanentemente, cursos de capacitación calificada, para el personal de salud, en derechos reproductivos, violencia contra la mujer, violencia familiar, derechos humanos y equidad de género, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil especializadas en éstos temas.

3) Adoptar las medidas administrativas necesarias para que las formalidades establecidas para el estricto respeto del derecho al consentimiento informado sean acatadas cabalmente por el personal de salud.

4) Garantizar que los centros donde se realizan intervenciones quirúrgicas de esterilización tengan las condiciones adecuadas y exigidas por las normas del Programa de Planificación Familiar.

5) Adoptar medidas estrictas dirigidas a que el plazo de reflexión obligatorio, fijados en 72 horas, sea, sin excepción, celosamente cautelado.

6) Adoptar medidas drásticas contra los responsables de esterilizaciones forzadas no consentidas.

7) Implementar mecanismos o canales para la recepción y trámite célere y eficiente de denuncias de violación de derechos humanos en los establecimientos de salud, con el fin de prevenir o reparar los daños producidos.

DECIMA SEGUNDA: BASE JURÍDICA

El presente acuerdo se suscribe de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 48º 1.f. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 41º del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; en los artículos 2º incisos 1 y 24, acápite h), 44º, 55º, 205º y Cuarta Disposición Final de la Constitución Política del Perú y en los dispuesto en los artículos 1205º, 1306º, 1969º y 1981º del Código Civil del Perú.

DECIMA TERCERA: INTERPRETACIÓN

El sentido y alcances del presente Acuerdo se interpretan de conformidad a los artículos 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que sea pertinente y al principio de buena fe. En caso de duda o desavenencia entre las partes sobre el contenido del presente Acuerdo, será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que decidirá sobre su interpretación. También le corresponde verificar su cumplimiento, estando las partes obligadas a informar cada tres meses sobre su estado y cumplimiento.

DECIMA CUARTA: HOMOLOGACIÓN

Las partes intervinientes se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presente Acuerdo de Solución Amistosa con el objeto de que dicho organismo lo homologue y lo ratifique en todos sus extremos.

DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN

Las partes intervinientes en la suscripción del presente Acuerdo expresan su libre y voluntaria conformidad y aceptación con el contenido de todas y cada una de sus cláusulas, dejando expresa constancia de que pone fin a la controversia y a cualquier reclamo sobre la responsabilidad internacional del Estado Peruano por la violación de los derechos humanos que afectó a la señora María Mamérita Mestanza Chávez.

Suscrito en tres ejemplares, en la ciudad de Lima, a los ventiseis días del mes de agosto del año dos mil tres.

V. DETERMINACIÓN DE COMPATIBILIDAD Y CUMPLIMIENTO

15. La CIDH reitera que de acuerdo con los artículos 48(1)(f) y 49 de la Convención, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados. También desea reiterar que el procedimiento de solución amistosa contemplado en la Convención permite la terminación de los casos individuales en forma no contenciosa, y ha demostrado, en casos relativos a diversos países, ofrecer un vehículo importante de solución, que puede ser utilizado por ambas partes.

16. La Comisión Interamericana ha seguido de cerca el desarrollo de la solución amistosa lograda en el presente caso. La Comisión valora altamente los esfuerzos desplegados por ambas partes para lograr esta solución que resulta compatible con el objeto y fin de la Convención. Como la Comisión ha señalado reiteradamente, proteger y promover los derechos de la mujer es una prioridad para nuestro hemisferio, con el fin de alcanzar el goce pleno y eficaz de sus derechos fundamentales, en especial a la igualdad, la no discriminación y a vivir libre de la violencia basada en el género.

VI. CONCLUSIONES
17. Con base en las consideraciones que anteceden y en virtud del procedimiento previsto en los artículos 48(1)(f) y 49 de la Convención Americana, la Comisión desea reiterar su profundo aprecio por los esfuerzos realizados por las partes y su satisfacción por el logro del acuerdo de solución amistosa en el presente caso basado en el objeto y fin de la Convención Americana.

18. En virtud de las consideraciones y conclusiones expuestas en este informe,

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

DECIDE:

1. Aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa firmado por las partes el 26 de agosto de 2003.

2. Continuar con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto, recordar a las partes, su compromiso de informar a la CIDH, cada tres meses, del cumplimiento del presente arreglo amistoso.

3. Hacer público el presente informe e incluirlo en su informe anual a la Asamblea General de la OEA.

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., a los 10 días del mes de octubre del año 2003. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Comisionados: Robert K. Goldman y Julio Prado Vallejo.


[1] Conforme a lo dispuesto por el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión, la Comisionada Susana Villarán, de nacionalidad peruana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.

MÉXICO Y NORUEGA LOGRAN AVANCES EN NEGOCIACIÓN SOBRE PANDEMIAS

 GINEBRA— México y Noruega lograron “importantes avances” en la negociación multilateral celebrada en la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la preparación ante una posible pandemia.

“La negociación va viento en popa porque los países estamos dialogando constructivamente”, dijo el embajador y representante permanente de México ante organismos internacionales, Juan José Gómez Camacho, en entrevista con Notimex.

“El avance principal fue el acuerdo sobre la necesidad del fortalecimiento de un marco institucional que permita reaccionar de manera eficiente, ágil y equitativa ante las pandemias”, subrayó Gómez Camacho.

“Las diferentes ideologías y la polarización del pasado han quedado a un lado gracias a que las dos copresidencias logramos crear un clima de confianza y credibilidad”, señaló el diplomático mexicano, quien reconoció que la respuesta a la pandemia de influenza H1N1 “no fue ni eficaz ni equitativa”.

Las negociaciones sobre preparación ante una pandemia de influenza comenzaron hace tres años, a raíz de la amenaza de una pandemia de gripe aviar.

Con base en las lecciones aprendidas en la pasada pandemia de influenza, que fue mucho menos letal de lo que se pensaba, las negociaciones se retomaron y México y Noruega fueron elegidos para presidir una serie de reuniones en la OMS, la última celebrada a principios de diciembre.

Los puntos en los que se logró avanzar van desde considerar una pandemia como “un problema de salud pública y no como un asunto comercial” hasta encontrar herramientas para hacer más equitativo el acceso a las vacunas y a la tecnología para el desarrollo de laboratorios.

Gómez Camacho destacó que se acordó incrementar la capacidad mundial de vacunas ya que el potencial actual es de producir mil millones de dosis cuando la población mundial es de casi siete mil millones.

Además, si la vacuna se necesita en dos tomas esto requiere aumentar la capacidad por lo menos a 10 mil millones de dosis, de acuerdo con estimaciones de la OMS, apuntó Gómez Camacho.

Se acordó que es necesario desarrollar laboratorios locales para asegurar el aumento de la capacidad de vigilancia y manufactura de vacunas. Entre los países que llevan más adelantado este proceso están México, Brasil, India, Tailandia, Egipto e Indonesia.

Asimismo, señaló Gómez Camacho, se avanzó en “asegurar el acceso a las vacunas y su distribución de manera estratégica” de acuerdo con las necesidades del momento, y establecer un sistema en que los precios de las vacunas sean escalonados según el ingreso de los países, y considerar donaciones a los más pobres.

Otro punto 'medular' es el relativo a los beneficios de los países que comparten el virus para la creación de vacunas pero que no reciben beneficios de regreso ya que se ha cuestionado que la industria farmacéutica es la única que ha obtenido ganancias.

Al respecto, Gómez Camacho reveló que en el caso de una pandemia no será un país en particular el que reciba los beneficios sino el 'Sistema Global de Prevención de Pandemias' de la OMS, es decir un fondo común que administrará los recursos para que todos los países cuenten con las herramientas en caso de una pandemia.

Asimismo, la industria farmacéutica tendrá que contribuir a este fondo a cambio del derecho de tener acceso al virus y producir la vacuna pandémica, ya que como se sabe en el caso del H1N1 la cepa para hacer la vacuna la donó México sin recibir a cambio beneficio alguno ya que se trataba de una situación de emergencia internacional.

Sobre el particular, Gómez Camacho dijo que en las primeras reuniones privadas entre él y la representante de Noruega con dirigentes de la industria farmacéutica, “hemos percibido receptividad y entendimiento al tratarse de una situación que amenaza a la salud pública mundial”.

Aclaró que no se trata de que la industria “deje de hacer negocio”, sino más bien “se trata de buscar los incentivos correctos para que el sistema funcione bien”.

Finalmente, Gómez Camacho adelantó que también se propondrá que a este sistema global contribuyan los gobiernos además de la industria, así como la banca de desarrollo internacional e instituciones similares.

La próxima reunión y la última se llevarán a cabo en abril y se espera que las conclusiones finales sean presentadas en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2011.

Fuente: Notimex

NUEVA LEY DE FERTILIZACION ASISTIDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SU REGLAMENTACIÓN

LEY 14208

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY

ARTÍCULO 1º. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento de la infertilidad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo se reconoce la cobertura médico asistencial integral de las prácticas médicas a través de las técnicas de fertilización homóloga reconocidas por dicha Organización, conforme lo normado en la presente y su reglamentación.

ARTÍCULO 2°. La infertilidad es la dificultad de una pareja de concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego de un año de vida sexual activa.

ARTÍCULO 3°. Son objetivos de la presente, entre otros:

a)      Garantizar el mayor nivel de tratamiento médico asistencial integral dentro del ámbito de las parejas que padezcan esta patología, para la procreación de un hijo biológico.

b)      Regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen tanto los diagnósticos y tratamientos de la infertilidad y los procedimientos de la fertilidad asistida.

c)      Elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio y seguimiento de esta problemática, a través de la Autoridad de Aplicación.

d)      Efectuar campañas de información y prevención en todo el ámbito del territorio provincial a fin de informar a la población de las posibles causas de esta enfermedad y los tratamientos existentes para lograr el embarazo y llevarlo a término.

e)      Propiciar el desarrollo de centros de referencia de procreación humana asistida integral en efectores públicos, cuyo número y ubicación definirá la Autoridad de Aplicación con miras a facilitar el acceso a la población de todo el territorio provincial.

f)        Capacitar, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, a los Recursos Humanos para lograr su especialización, dentro y para los efectores públicos de salud.

ARTÍCULO 4º. El Estado Provincial, a través de sus efectores públicos, deberá otorgar

los citados tratamientos destinados a garantizar los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, con dos (2) años de residencia en la misma, preferentemente

a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga.

ARTICULO 5º. Incorpórese dentro de las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (I.O.M.A.), la cobertura médico asistencial integral conforme el objeto de la

presente.

ARTÍCULO 6°. Incorpórese dentro de las prestaciones de las obras sociales y de medicina prepaga con actuación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la cobertura médico-asistencial integral conforme al objeto de la presente, según las especificaciones que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 7°. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación. Créase en el ámbito de dicha Autoridad el Consejo Consultivo Médico de Fertilidad Asistida. El mismo dictará su propia reglamentación dentro de los 90 días de constituido, que incluirá la constitución de un Comité Asesor de Bioética transdisciplinario.

La Autoridad de Aplicación fijará, además, las prestaciones que se ofrecerán a las parejas beneficiarias, teniendo en cuenta los avances científicos en la materia.

ARTÍCULO 8°. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 9°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los 2 días del mes de diciembre del año dos mil diez.

DEPARTAMENTO DE SALUD

DECRETO 2.980

La Plata, 29 de diciembre de 2010.

VISTO el expediente N° 2900-18863/10, por el que tramita la reglamentación de la

Ley N° 14208, y

CONSIDERANDO:

Que el derecho a la salud ha sido reconocido expresamente en diversos tratados

internacionales con jerarquía constitucional y en la Constitución de la Provincia de

Buenos Aires;

Que la Ley N° 14208 tiene por objeto el reconocimiento de la infertilidad humana

como enfermedad, de conformidad con los criterios internacionales sustentados por la

Organización Mundial de la Salud;

Que asimismo se reconoce la cobertura médico asistencial integral de las prácticas

médicas a través de las técnicas de fertilización homólogas reconocidas por dicha

Organización;

Que conforme el artículo 4° de la Ley citada, el Estado Provincial, a través de los efectores públicos, deberá garantizar los tratamientos correspondiente a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, con dos (2) años de residencia en la misma, y preferentemente a quienes carezcan de todo tipo de cobertura médico asistencial integral en el sistema de seguridad social y medicina prepaga;

Que, en la instancia, deviene necesario designar la Autoridad de Aplicación correspondiente;

Que ha tomado intervención y expedido favorablemente Asesoría General de

Gobierno;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo

144 inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:

ARTÍCULO 1°. Aprobar la reglamentación de la Ley N° 14208, que como Anexo Único

forma parte integrante del presente.

ARTÍCULO 2°. Designar al Ministerio de Salud como Autoridad de Aplicación de la

Ley N° 14208.

ARTÍCULO 3º. Establecer que el presente Decreto entrará en vigencia a partir de su

publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4°. El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el

Departamento de Salud.

ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.

Cumplido, archivar.

Alejandro Collia                                  Daniel Osvaldo Scioli

Ministro de Salud                                Gobernador

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 14208

ARTÍCULO 1°. Se entiende como fertilización homóloga, a la utilización de gametas

propias de cada integrante de la pareja.

ARTÍCULO 2°. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 3°. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 4°. Accederán a los tratamientos de fertilidad asistida aquellas mujeres

cuya edad se encuentre comprendida entre los treinta (30) y cuarenta (40) años. Se dará

prioridad a las parejas que no tengan hijos producto de dicha relación, brindando la posibilidad de un (1) tratamiento de alta complejidad por año, hasta un máximo de dos (2).

Las parejas que requieran la realización de las citadas prácticas deberán presentar

una declaración jurada, conteniendo:

a) datos personales, adjuntando copia certificada del documento de identidad;

b) composición del núcleo familiar, acompañando partidas certificadas emitidas por

la autoridad competente;

c) manifestación de cobertura médico asistencial integral en el sistema de seguridad

social o medicina prepaga.

Será facultad de la autoridad de aplicación requerir un informe ambiental.

La residencia en la Provincia de Buenos Aires por el plazo de dos (2) años deberá

acreditarse al momento del requerimiento, mediante el documento nacional de identidad

o la certificación emitida por la autoridad competente en materia migratoria, junto con

toda otra prueba documental que, a criterio de la autoridad de aplicación, permita certificar dicha circunstancia.

ARTÍCULO 5°. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 6°. Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°. La autoridad de aplicación fijará las políticas concernientes al desarrollo, control y evaluación de las prácticas de fertilización asistida, definirá las prestaciones médicas que se ofrecerán a las parejas, teniendo en cuenta los avances científicos en la materia, elaborará los protocolos médicos a implementar en los efectores públicos y confeccionará el modelo de consentimiento informado que deberán suscribir las parejas que asistan a los efectores públicos.

El Consejo Consultivo Médico de Fertilidad Asistida, con la asistencia del Comité

Asesor de Bioética Transdisciplinario, será el órgano rector, consultivo y asesor con respecto a la asistencia integral de la infertilidad como enfermedad, y de todos los aspectos bioéticos relacionados con dicha asistencia.

ITALIA: UNA ACCIÓN DE CLASE CONTRA EL TEST DE LA GRIPE A

 Fuente: mercadoytransparencia.org

Las bajas temperaturas en Europa alentaron la aparición del fantasma de la Gripe A y los negociados colaterales con la salud. El invierno europeo 2009/2010 había transcurrido sin novedades y la ciudadanía clamaba contra la supuesta estafa que insumió a los gobiernos gastos millonarios en vacunas, que quedaron sin utilizar, porque la anunciada pandemia universal se habría esfumado. El 2011 se inicia con nuevas señales de alarma, en Gran Bretaña denuncian 27 muertos y en Italia se abre una acción de clase contra un laboratorio que vendió millones de Test de detección de la Gripe A prometiendo falsas certezas sobre su eficacia. La demanda es millonaria…

Italia anuncia la primera acción de clase admitida por un juez, contra Voden Medical Instruments Spa, fabricantes de un Test casero -test fai da te- que prometía un 99,1% de certeza en la detección de la Gripe A y B, porcina y aviaria. Otras seis acciones de clase contra bancos y empresas de servicios que totalizan unos 10,5 millones de euros esperan el juicio de admisibilidad, según informa el Corriere della Sera.
El Ministro del Welfare había dicho claramente “los test fatto a casa no sirven para nada”. Los técnicos del Ministerio habían anunciado “la sensibilidad del test es de escasa fiabilidad.”  Sin embargo, el producto había sido publicitado haciendo énfasis en cualidades y características que no tenía. Pese a las sospechas internacionales sobre una campaña farmacéutica presuntamente manipuladora sobre el tema de la Gripe A, se vendieron millones de auto-test.
Italia y las acciones de clase, un deseo hecho realidad
CODACONS, una federación de asociaciones de consumidores, inició una acción de clase que, al momento, es la primera admitida en Italia, esto es, la primera que cuenta con un pronunciamiento inicial del juez que le da curso a la demanda.
De acuerdo al artículo 140 bis del Código de Consumo –que fue motivo de varias ampliaciones- el 1 de enero de 2010 entró en vigencia la Acción de Clase a la italiana, un logro de la ciudadanía muy postergado gracias a la los lobbys corporativos que campean la gestión del cavalliere Berlusconi.
Ahora las asociaciones de consumidores pueden reclamar ante el juez del lugar de sede de la empresa, el resarcimiento del daño o la devolución de las sumas que corresponden derivadas de relaciones contractuales, ilícitos contractuales, prácticas comerciales incorrectas o comportamientos anticoncurrenciales, cuando son afectados una pluralidad de usuarios y consumidores. Una reforma posterior extendió los reclamos colectivos contra el poder público y concesionarios de servicios públicos, por violación del estándar de calidad, o económico, o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de  servicios públicos a grupos de consumidores o usuarios.
El régimen de acciones italiano
A diferencia de nuestro sistema legal, el monto de la condena lo estima el juez al inicio. En una primera audiencia, luego de escuchar a ambas partes, el juez se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda. La puede declarar inadmisible cuando es manifiestamente infundada, cuando advierte un conflicto de intereses entre quien demanda y los beneficiarios de la acción, cuando la asociación no tiene representatividad, o si advierte que no hay un interés colectivo.
Si admite la demanda, el juez determina los criterios en base a los cuales se va a liquidar la indemnización o la suma a restituir (un monto básico que puede ampliarse) a cada consumidor o usuario que haya adherido a la acción colectiva o que han intervenido en el pleito. Quienes no adhirieron ni intervinieron conservan la acción individual. Hasta la audiencia conclusiva final está admitida la participación de consumidores y usuarios individuales que propongan sus propios reclamos vinculados al objeto de la acción.
 A los sesenta días de la audiencia, la empresa puede formular una propuesta de pago, si es aceptada, deposita el importe respectivo.  En cambio, sino hay acuerdo, el presidente del tribunal constituye una “cámara de conciliación” integrada por un abogado de los consumidores, uno de la empresa y otro designado por el tribunal para la determinación de la suma correspondiente. La homologación judicial del acuerdo lo transforma en título ejecutivo.
La acción de clase italiana se diferencia de la americana en que los beneficiarios y consumidores deben adherir expresamente a la demanda, mientras que en USA el resarcimiento beneficia a todos los beneficiarios presentes y futuros de la clase. En Italia la acción tiene un objeto resarcitorio y no abarca como en USA los daños punitivos, que pueden ir más allá del daño concretamente comprobado.

AYER ENTRÓ EN VIGENCIA LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN ESPACIOS PÚBLICOS CERRADOS EN ESPAÑA

Fuente: Jano.es
El 2 de enero entró en vigor la nueva ley del tabaco que prohíbe fumar en todos los espacios públicos cerrados y en algunos al aire libre, como parques y lugares de ocio infantil, colegios y recintos hospitalarios.


La norma, impulsada por la anterior ministra del ramo, Trinidad Jiménez, y aprobada en septiembre en el Congreso de los Diputados en su versión más restrictiva, da prioridad a la prevención del tabaquismo en menores, retrasando la edad de inicio del consumo, y a la protección de los fumadores pasivos, sobre todo a los trabajadores de la hostelería.

Asimismo, la nueva ley fija que las administraciones públicas deberán "promover" programas para la deshabituación tabáquica -sobre todo en atención primaria- y "potenciar" el acceso a tratamientos y crear unidades de deshabituación tabáquica.

La actual ministra de Sanidad, Política Social e Igualad, Leire Pajín, afirmó que con su aprobación se ha hecho "historia", ya que se trata de una ley "tremendamente importante y necesaria para la sociedad", que ha conseguido "priorizar la salud pública" y que supondrá "un paso decisivo en la defensa de la salud de los españoles".

Las nuevas reglas

La nueva norma define espacio público como "todo lugar accesible al público o de uso colectivo, con independencia de su titularidad pública o privada", los transportes públicos o colectivos y terrazas con "un máximo de dos paredes". Como excepción, se podrá fumar en las habitaciones que los dueños de hoteles decidan habilitar para ello, con un máximo del 30% del local.

También se permitirá fumar en espacios al aire libre de universidades y centros "exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes".

Además, podrán fumar los presos, pacientes de psiquiátricos de media y larga estancia e internos de residencias de mayores o discapacitados en zonas exteriores o en salas cerradas habilitadas, señalizadas y con ventilación independiente.

Podrán fumar también los socios de los clubes privados de fumadores, que para ser considerados como tal deberán ser "entidades con personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro y no incluir entre sus actividades u objeto social la comercialización o compra-venta". Tampoco podrán permitir la entrada de menores.

Evaluación del impacto

Asimismo, la norma invita a las administraciones públicas a concienciar contra el tabaco en las escuelas y actuar en atención pediátrica con programas de información específica para padres fumadores y campañas sobre los perjuicios del humo en niños.

La ley prohíbe a los medios de comunicación, incluido Internet, emitir imágenes de presentadores, colaboradores o invitados fumando y "mencionar o mostrar, directa o indirectamente, marcas, nombres comerciales, logotipos u otros signos asociados a productos del tabaco". Se respetarán las imágenes de fumadores de las películas. Además, fija que el Gobierno determinará, con un Real Decreto, "los contenidos y componentes de los productos del tabaco, en especial los elementos adictivos y las condiciones de etiquetado".

El Ministerio de Sanidad tendrá que remitir a las Cortes Generales cada dos años un informe de evaluación del impacto de esa reforma sobre la salud pública. La obligación se extenderá durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la norma.

INDICADORES BÁSICOS DE SALUD ARGENTINA 2010

 COPIA Y PEGA EN EL NAVEGADOR LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:

www.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/indicadores_2010.pdf

LEYES DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

	Decreto Reglamentario de la Ley 11.044 de investigaciones clínicas Resoluciones 3588/09 y 2363/09 - Habilitaciones de farmacias Resolución Ministerial 116/10 CCIS Ley 4534 - Del ejercicio profesional del arte de curar Ley 5220 - De la vacunación antirrábica Ley 7265 - De la pasteurización de la leche Ley 7647 - Normas de procedimiento administrativo de la provincia de Buenos Aires Ley 8388 - Programa Provincial de Salud Mental Ley 10108 - De la la Libreta Sanitaria Materno Infantil Ley 10315 - De la externación de enfermos mentales Ley 10362 - De la prohibición de fabricación y comercialización de anteojos de juguetes Ley 10393 - De las vacunas y enfermedades prevenibles por vacunación Ley 10428 - Del programa para los veteranos de Malvinas Ley 10429 - De la determinación del hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria Ley 10430 - Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública Ley 10436 - Del amparo del paciente afectado de tuberculosis Ley 10471 - Carrera Profesional Hospitalaria Ley 10499 Modif. 12631 - Del estudio, prevención y tratamiento de la enfermedad celíaca Ley 10606 - De las farmacias Ley 10636 - De la obligatoriedad de denuncia de los casos de SIDA Ley 10670 - De la prevención primaria en las escuelas Ley 10699 - Del manejo de insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos Ley 10721 - De los internos del Servicio Penitenciario enfermos o portadores de SIDA Ley 10744 - Del nombre genérico de los medicamentos Ley 10851 - De la actividad del agente de propaganda médica Ley 10989 - Del cobro a pacientes con riesgo asegurado Ley 11028 - De la fecundación asistida Ley 11044 - De la investigación en salud Ley 11087 - Del expendio de cigarrillos en locales públicos Ley 11109 - De los establecimientos prestadores de IOMA Ley 11347 - Del tratamiento y manipulación de residuos patogénicos Ley 11405 - De medicamentos Ley 11506 - De la prevención, investigación y tratamiento del HIV Ley 11567 - Del derecho a la alimentación de la madre y el niño Ley 11620 - De los derechos de los pacientes con diabetes Ley 11634 - De los laboratorios de análisis bromatológicos e industriales Ley 11759 - Estatuto para agentes de establecimientos de salud Ley 12011 - De la prohibición de venta a menores de pegamentos con tolueno Ley 12239 - De la venta y comercialización al público de anteojos protectores Ley 12245 - Del ejercicio de la enfermería Ley 12766 - De la cobertura del IOMA Ley 13380 - Sistema de Protección Integral de las Personas que padecen síndrome autístico Ley 23798 - Ley Nacional de SIDA Ley 23952 - Ley Antidiscriminatoria Ley 24455 - De las obras sociales Ley 24754 - De la medicina prepaga

EXONERAN A MÉDICO POR MALA PRAXIS EN OPERACIONES ESTÉTICAS

 Fuente: abogados.com

En los autos, “M. S. M. c/ M. E. R. y otro s/ daños y perjuicios”, la Sala A, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, confirmó la sentencia de grado que había rechazado una acción por mala praxis. En la causa, los vocales interpretaron que la operación no fue una obligación de medios. Asimismo, con fundamento en el dictamen del Cuerpo Médico Forense, señalaron que se probó la negligencia del médico.

En el año 2000, la Sra. M se realizó una cirugía plástica con el Dr. M, con el norte de lipoaspirar de su cuerpo cierta porción adiposa del abdomen. Sin embargo, posteriormente sostuvo que el resultado de dicha intervención no fue el esperado, ya que su abdomen presentaba protuberancias grasas, ante lo cual, el demandado le aconsejó realizar una nueva lipoaspiración, a fin de solucionar las consecuencias que había tenido la primera.

En virtud de ello, la segunda operación se realizó en noviembre de 2001. Sin embargo - luego señalaría al demandar al profesional-, dicha intervención no sólo le agravó los daños ocasionados por la primera, sino que le produjo numerosos trastornos en su vida personal y profesional, dado que su abdomen quedó totalmente caído, carente de firmeza, y en total desarmonía con el resto de su cuerpo.

En el líbelo de inicio refirió  que el facultativo le propuso practicar una tercera intervención, consistente en levantar la masa de piel caída y coser los músculos desde la boca del estómago hasta debajo del ombligo. La misma se realizó en el mes de noviembre de 2002, y adujo que el Dr. M. la envió inmediatamente a su domicilio sin practicarle drenajes espirativos.

Alegó que realizó una conciliación privada, donde llegó a un acuerdo, el cual luego fue incumplido por el profesional. En virtud de ello notificó de forma fehaciente la nulidad del mismo, y recurrió a la justicia con la pretensión de los daños generados. Sin embargo, el tribunal de grado rechazó su petición, y más tarde, la propia Sala A hizo lo mismo.

Los fundamentos de la Alzada, coincidentes con el fallo recurrido, adhirieron a los dichos invocados por la demandada. Es decir: la falta de existencia de negligencia en el actuar del médico. Sin embargo, la Cámara señaló, en clara oposición a la doctrina mayoritaria actual, la necesaria ponderación de la obligación contraída por el médico como de “resultado”.

Para reafirmar tal criterio sostuvieron, que la ley nacional 17.132 que regula el ejerci­cio de la medicina a nivel nacional prohíbe en su artículo 20 anunciar o prometer la curación o la conservación de la salud. Salvada tal discusión –por lo tanto no se invirtió la carga de la prueba-, analizaron la responsabilidad del profesional, bajo la indicación de la relevancia del dictamen pericial realizado por el Cuerpo Médico Forense en la causa penal.

Para suscribir el rechazo de la sede judicial anterior, la alzada tuvo en consideración las conclusiones de los expertos, los cuales manifestaron que el accionar del Dr. M. no se apartó de las reglas de la buena práctica médica. Según los profesionales, se descartaron signos de mala praxis, sin perjuicio de aclarar que las lesiones que presentara la Sra. M. eran propias de los riesgos genéricos.

LA CÁMARA FEDERAL DE CÓRDOBA ORDENÓ A O.S. A CUBRIR TRATAMIENTO DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA

La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba revocó un fallo de primera instancia y le ordenó a una obra social cubrir íntegramente hasta cuatro tratamientos de fertilización asistida a una pareja que había presentado un amparo porque no podía procrear por métodos naturales.

Para resolver de esa manera, los jueces entendieron que “se debe tener en cuenta que la imposibilidad de procrear es una deficiencia que puede afectar en forma real y efectiva la calidad de vida, siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos integrantes de la pareja, además de su derecho a procrear".

La obra social se había negado a otorgar dicha cobertura al argumentar que no estaba incluida dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO). Según los camaristas, “las prestaciones que se reconocen como obligatorias  en el PMO no constituyen un elenco cerrado y sin posibilidad de ser modificado en el tiempo en beneficio de los afiliados, pues semejante interpretación importaría cristalizar en un momento histórico, la evolución continua, incesante y natural que se produce en el ámbito de la medicina y en la noción de ‘calidad de vida’ que es esencialmente cambiante”.

“Así las cosas, si el acceso a los tratamientos de fecundación asistida constituye un aspecto del derecho a la vida, este derecho no puede encontrarse reservado a las personas que poseen los medios económicos para solventar los tratamientos más sofisticados y eficaces contra la esterilidad y resulte vedado para quienes carecen de recursos suficientes”, agregaron.

Otro de los argumentos alegados por la obra social tenía que ver con el daño económico que le causaría cubrir el tratamiento. Ante eso, los jueces expresaron que “no se encuentra acreditada en autos con documentación que así lo avale por parte de Asociación Mutual Sancor, que el gasto que le demandaría las prestaciones solicitadas, le produzcan con ello un grave daño, es decir un desequilibrio económico, como así tampoco una imposibilidad financiera para hacer frente a la prestación reclamada”.

UN MUY BUEN COMIENZO DE AÑO PARA TODOS LOS SEGUIDORES DE MIS BLOGS.

PARA ESTE 2011 RENOVAMOS NUESTROS DESEOS DE PODER CONCRETAR SUEÑOS, ASPIRACIONES Y PROYECTOS.

OJALÁ PODAMOS HACERLO, MIENTRAS TANTO CADA UNO DE NOSOTROS DEBE BUSCAR LA FORMA DE CONTRIBUIR DÍA A DÍA PARA QUE ELLO PUEDA HACERSE REALIDAD, Y POR SUPUESTO LA INFORMACIÓN ES UNA IMPORTANTE VÍA DE ACCESO PARA ALCANZAR EL CONOCIMIENTO Y LA CAPACITACIÓN LO QUE SUMADO AL TRABAJO Y ESFUERZO COTIDIANO NOS PERMITIRÁ SEGURAMENTE PODER CONCRETAR NUESTRAS METAS.

COMPARTIR CON TODOS UDS. LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS DIVERSOS MEDIOS QUE TRABAJAN CON SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD ES UNA DE LAS TAREAS QUE ME HE PROPUESTO RENOVAR COMO META PARA ESTE AÑO. SI ESA INFORMACIÓN LES RESULTA ÚTIL PARA EL DESEMPEÑO DE SUS TAREAS COTIDIANAS, ME SIENTIRÉ ENTONCES DOBLEMENTE SATISFECHA.


MUCHAS GRACIAS