Son 10 mil millones del Fondo Solidario de Redistribución y otros 5.500 del PAMI.
El Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales tiene unos 10.000 millones de pesos inmovilizados en una cuenta del Banco Nación. Y el PAMI tiene ahorros acumulados en entidades oficiales y en Letras del Tesoro por otros $ 5.500 millones. Estas cifras, que trascendieron en el congreso de salud que se desarrolla en esta ciudad organizado por ACAMI (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas) mostrarían que, en lugar de ayudar a financiar al sector de salud -que tiene costos crecientes por la inflación, los cambios tecnológicos, el incremento de la expectativa de vida y los mayores juicios- el Estado se financia de las obras sociales .
Este financiamiento podría crecer en 2012 porque el Gobierno quiere “raspar todas las ollas” para afrontar los vencimientos de deuda y no está en sus planes distribuir entre todas las obras sociales, como marca la legislación de salud, esos 10.000 millones de pesos, más el saldo que se genere el año próximo. Además, no planea distribuir esos fondos porque las relaciones con la CGT de Hugo Moyano están deterioradas , no tiene la intención de “premiar” a la actual conducción y se perfilan cambios en la cúpula cegetista.
El régimen de obras sociales reúne a más de 300 entidades que, entre aportes de los empleados y contribuciones de las empresas, recauda más de $ 2.500 millones al mes. Incluido el PAMI, entre afiliados titulares y sus familias, reciben atención médica casi 20 millones de personas .
Esos aportes y contribuciones son recaudados por la AFIP, que luego los distribuye entre las entidades según el padrón de afiliados de cada una. Pero previamente el organismo recaudador separa un porcentaje – que depende del sueldo del trabajador- con destino al Fondo de Redistribución (FSR). Ese Fondo garantiza que todas las obras sociales reciban un piso de aporte por afiliado y financia a la APE (Administración de Programas Especiales) que se hace cargo de los medicamentos y tratamientos de alta complejidad. El remanente, que es voluminoso, debe redistribuirlo en forma proporcional entre las obras sociales, algo que el Gobierno no estuvo ni está haciendo y explica el permanente reclamo de los sindicatos . Esa es la deuda que ronda los $ 10.000 millones.
El año pasado el Gobierno se comprometió a repartir $ 1.000 millones, en 4 cuotas. En enero, empezó a cumplir el compromiso y distribuyó $ 250 millones. Pero ahí se detuvo, mientras el FSR siguió acumulando más plata por los nuevos aportes.
Por su parte, no solo la ANSeS, por el reclamo de reajuste en los haberes, y las ART, por la demanda de mayores indemnizaciones, cargan con un aluvión de juicios. También las obras sociales y las prepagas afrontan numerosas demandas con el pedido de ampliación de las coberturas no alcanzadas por el PMO (Programa Médico Obligatorio), por mala praxis médica y el propio encuadramiento laboral de los médicos.
Según las cifras difundidas por ACAMI, las obras sociales y prepagas destinan el 5 por ciento del gasto en salud del sector – casi $ 3.000 millones anuales – en afrontar los costos judiciales que incluyen el seguro, los gastos de peritaje, los honorarios de abogados, el gasto de las prestaciones y las indemnizaciones.
PorIsmael Bermúdez
Mar Del Plata. Enviado Especial
Fuente: clarin.comMar Del Plata. Enviado Especial
El Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales tiene unos 10.000 millones de pesos inmovilizados en una cuenta del Banco Nación. Y el PAMI tiene ahorros acumulados en entidades oficiales y en Letras del Tesoro por otros $ 5.500 millones. Estas cifras, que trascendieron en el congreso de salud que se desarrolla en esta ciudad organizado por ACAMI (Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas) mostrarían que, en lugar de ayudar a financiar al sector de salud -que tiene costos crecientes por la inflación, los cambios tecnológicos, el incremento de la expectativa de vida y los mayores juicios- el Estado se financia de las obras sociales .
Este financiamiento podría crecer en 2012 porque el Gobierno quiere “raspar todas las ollas” para afrontar los vencimientos de deuda y no está en sus planes distribuir entre todas las obras sociales, como marca la legislación de salud, esos 10.000 millones de pesos, más el saldo que se genere el año próximo. Además, no planea distribuir esos fondos porque las relaciones con la CGT de Hugo Moyano están deterioradas , no tiene la intención de “premiar” a la actual conducción y se perfilan cambios en la cúpula cegetista.
El régimen de obras sociales reúne a más de 300 entidades que, entre aportes de los empleados y contribuciones de las empresas, recauda más de $ 2.500 millones al mes. Incluido el PAMI, entre afiliados titulares y sus familias, reciben atención médica casi 20 millones de personas .
Esos aportes y contribuciones son recaudados por la AFIP, que luego los distribuye entre las entidades según el padrón de afiliados de cada una. Pero previamente el organismo recaudador separa un porcentaje – que depende del sueldo del trabajador- con destino al Fondo de Redistribución (FSR). Ese Fondo garantiza que todas las obras sociales reciban un piso de aporte por afiliado y financia a la APE (Administración de Programas Especiales) que se hace cargo de los medicamentos y tratamientos de alta complejidad. El remanente, que es voluminoso, debe redistribuirlo en forma proporcional entre las obras sociales, algo que el Gobierno no estuvo ni está haciendo y explica el permanente reclamo de los sindicatos . Esa es la deuda que ronda los $ 10.000 millones.
El año pasado el Gobierno se comprometió a repartir $ 1.000 millones, en 4 cuotas. En enero, empezó a cumplir el compromiso y distribuyó $ 250 millones. Pero ahí se detuvo, mientras el FSR siguió acumulando más plata por los nuevos aportes.
Por su parte, no solo la ANSeS, por el reclamo de reajuste en los haberes, y las ART, por la demanda de mayores indemnizaciones, cargan con un aluvión de juicios. También las obras sociales y las prepagas afrontan numerosas demandas con el pedido de ampliación de las coberturas no alcanzadas por el PMO (Programa Médico Obligatorio), por mala praxis médica y el propio encuadramiento laboral de los médicos.
Según las cifras difundidas por ACAMI, las obras sociales y prepagas destinan el 5 por ciento del gasto en salud del sector – casi $ 3.000 millones anuales – en afrontar los costos judiciales que incluyen el seguro, los gastos de peritaje, los honorarios de abogados, el gasto de las prestaciones y las indemnizaciones.
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