Fuente: clarin.com
La Presidenta le aseguró a la CGT de Caló que aumentarán los pagos a las entidades sindicales de salud por tratamientos especiales. En el acuerdo pesó el temor por el conflicto automotriz.
En medio de un cuadro socioeconómico que incluye reclamos salariales del 40%, paros, despidos y suspensiones, el Gobierno apelará a masajear el músculo más sensible del sindicalismo para tratar de conformar a los dirigentes de la CGT oficialista: más dinero para las obras sociales.
Funcionarios y gremialistas K acordaron en las últimas horas el texto de una resolución que está por firmar la superintendenta de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld, y que actualizará en un promedio del 35% los reintegros por algunas prácticas médicas y medicamentos, congelados desde hace un año y medio, lo que derivará en que se reparta más plata (serían unos 4.000 millones de pesos) proveniente del Fondo de Redistribución.
El acuerdo se viene negociando desde hace meses y simboliza el gesto más concreto por parte de la Casa Rosada de conformar al gremialismo, que también está tratando de que se libere definitivamente el reparto de 22.000 millones de pesos del Fondo de Redistribución y, además, presentó una propuesta para cambiar del decreto que fija la libre elección de obras sociales con el fin de evitar las distorsiones que provocan el desvío de aportes hacia las prepagas (ver aparte).
El gesto gubernamental se da en uno de los momentos más delicados de la economía K, que causa malestar en dirigentes oficialistas como Antonio Caló y Ricardo Pignanelli, afectados por la crisis en la industria metalmecánica, pero también en independientes como Sergio Palazzo, de bancarios, que hoy dispuso un paro por un conflicto con el gobernador de Tucumán que el gobierno nacional no pudo resolver. Atender los reclamos por las obras sociales también parece responder a desactivar algunas señales de unidad sindical que se están gestando, alentadas por la Iglesia.
“Hay un cambio de clima”, dijeron en la CGT Balcarce, que anteayer lanzó el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, dirigido por técnicos como Benjamín Surace y Luis Scervino, que está sostenido con fondos sindicales y que apunta al estudio de temas de la salud en el país y a la capacitación de personal de obras sociales. Korenfeld visitó hace 48 horas la sede de esta entidad y firmó un acuerdo de cooperación técnica con dirigentes de la CGT oficialista como Antonio Caló, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Ricardo Pignanelli y Jorge Lobais, entre otros.
Pero de lo que se habló allí fue de la resolución que está por firmar la superintendenta de Servicios de Salud, aunque lo que estaría demorando la formalización es la intención sindical de que figure la actualización semestral de los reintegros de prestaciones, mientras que Korenfeld buscaría una fórmula imprecisa como “actualización periódica”.
El que destrabó este alivio para las obras sociales fue Caló, que la semana pasada, luego de un acto, le pidió a Cristina Kirchner ayuda en este tema. Por eso Korenfeld, una “pingüina” de confianza de la Presidenta, ahora se muestra dispuesta a considerar lo mismo que le negaba al sindicalismo. Aun así, no todos están contentos: la superintendenta habría tenido una dura discusión con dirigentes de Sanidad, que fueron a quejarse porque a su obra social les adeudan 15 millones de pesos. Para algunos, hay revancha política: ese gremio, cuyas máximas figuras son Carlos West Ocampo y Héctor Daer, milita en el massismo.
La CGT quiere evitar más fugas: Como fruto del “nuevo clima” por el sistema de obras sociales, la CGT oficialista presentó al Gobierno una propuesta de reforma del decreto de libre elección, que no cercena la posibilidad de que los afiliados decidan adónde irá su aporte, pero sí “evitará que se desfinancie el sistema” por la fuga de los trabajadores con mejores sueldos a obras sociales que tienen acuerdos con prepagas. La idea de los gremialistas es que cada trabajador nuevo tenga que permanecer un año en la obra social de su sector, que sólo pueda cambiar su aporte en dos períodos del año (para desalentar el lobby permanente de las empresas de medicina privada) y que las obras sociales no puedan sumar más de un 20% de trabajadores que no pertenecen a la actividad. Para los dirigentes gremiales, el “descreme” del sistema, es decir, la derivación de los aportes de los mejores sueldos a las prepagas, causa “fuertes distorsiones” porque deja a las obras sociales sindicales con menos recursos económicos.
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