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Los fondos
de las obras sociales, la otra batalla que se viene. Los gremios
hicieron saber a los candidatos que exigirán la caja con aporte obligatorio.
Los
sindicatos, en bloque, les hicieron saber a los tres principales candidatos
presidenciales que no bajarán la guardia por los millones de pesos del Fondo
Solidario de Redistribución (FSR), la caja en donde se atesora el aporte
obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de
sus salarios. Según fuentes gremiales consultadas por la nación, la deuda
oscilaría hoy entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. Ese botín, en el
futuro, será un foco de tensión con el sucesor de Cristina Kirchner.
"No
lo vamos a apurar al próximo presidente, pero el tema de la deuda lo vamos a
plantear. A Scioli y a Massa ya se lo dijimos. No vamos a ceder con ese
reclamo", advirtió un jerárquico de la CGT oficialista y tal vez el
dirigente que más conoce sobre la temática. Más allá de la deuda millonaria/
surgió la semana pasada otro motivo que tensó el vínculo entre los gremios y
el Estado por la caja-de la salud. Se trata de los reintegros a las obras
sociales por los tratamientos de alta complejidad. / En tren de buscar una
solución el ministro de Salud, Daniel Gollán presentó el miércoles pasado,
con la cúpula de la CGT oficialista, un programa de articulación del sector
público de la salud y la seguridad social. La iniciativa estimulará la compra
conjunta de medicamentos (Estado y obras sociales) para abaratar costos. Sin
embargo, en el marco del mismo encuentro, desarrollado en el Instituto de
Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, Gollán lanzó un pronóstico
que alertó a los gremialistas. "No vamos a poder seguir soportando los
costos de los tratamientos de alta complejidad con los aumentos desproporcionados
de precios de los medicamentos por parte de los grandes laboratorios que
desfinancian al sistema de salud", dijo el funcionario, según reprodujo
la agencia oficial Télam. José Luis Lingeri, el anfitrión del encuentro, bajó
el tono de la expresión. "Estamos trabajando juntos. El problema es que
los laboratorios se pasan de rosca con los aumentos" dijo a la nación el
dirigente gremial de Aysa. El jefe de la CGT, Antonio Caló, acompañó también
a Gollán. Y blanqueó allí las intenciones de establecer por ley un proyecto
para limitar el pase de los afiliados entre las obras sociales. "Esto
también nos desfinancia. Lo que queremos es que el afiliado por lo menos
permanezca un año en su obra social original" planteó el metalúrgico.
Mediación Caló, como muchos otros sindicalistas, gestionó hace
meses una mediación oficial para evitar el fenómeno que se conoce como
"descreme" que consiste en que los empleados de sueldos altos se
van a las prepagas, mientras que los de menores aportes se quedan en la obra
social. El pedido se le hizo muchas veces a la santacruceña Beatriz Korenfeld
titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que
administra el dinero de las obras sociales sindicales. También hubo reclamos
para frenar la afiliación de monotributistas, que aportan a la prestadora un
40 por ciento menos de dinero que un trabajador en relación de dependencia.
La millonaria caja de la salud es tal vez el único botín por el que los
sindicatos están dispuestos a unir sus fuerzas. "Es necesaria la unidad
porque podemos ser un factor jodido de presión", insinuó un jerárquico
de la CGT oficialista.»
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