TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA ¿QUIÉN PAGA?

 Fuente: sergiopasqualini.com.ar

Hasta no hace mucho tiempo, el acceso a medicina reproductiva de alta complejidad era patrimonio de quien podía pagarlo y del ámbito privado. Fertilización in vitro y otras técnicas de reproducción asistida se realizaban casi exclusivamente en forma privada. Era el paciente quien se hacía cargo directamente de los costos y las clínicas y profesionales quienes a su riesgo proponían cualquier forma de financiación. Contadísimas prepagas, y en sus planes más onerosos, podían llegar a cubrir uno o dos tratamientos: al final de cuentas, el plan mensual resultaba tan caro como pagar el tratamiento en cuotas.

Muchas parejas, imposible saber su número, dejaban de realizar estos tratamientos.  Otras, por el mismo motivo, no completaban los tratamientos o no realizaban todos los intentos requeridos para lograr el embarazo.  Luego vino la Ley de Fertilización Asistida de la Provincia de Buenos Aires e hizo un gran aporte funcionando como paliativo a esta situación.  La base de acceso se amplió: muchas parejas dejaron de postergar el tratamiento de su patología por una causa económica.

La Ley de la Provincia de Buenos Aires también tiene sus restricciones. Su reglamentación no alcanza a mujeres menores de 30 o mayores de 40 años, no cubre la donación de gametas ni la criopreservación, entre otras cosas. De todos modos, fue un primer gran paso.

Al mismo tiempo comenzó a darse otro proceso.  La relación entre prepagas y obras sociales respecto de los profesionales y clínicas cambió. Una repentina dosis de pasión y amor afloró: la reproducción asistida pasó de ser  el niño revoltoso que todos querían lejos para transformarse en la doncella más codiciada del reino. La intención era transparente: intentar bajar los valores de estos tratamientos.  A su vez, anticipándose al efecto dominó de la ley provincial y una posible ley nacional, ninguna prepaga u obra social quiso quedarse afuera.

Y así comenzó el tema de “quién paga”.  Antes pagaban los pacientes directamente, ahora, en algunos casos y con el tiempo serán cada vez menos los que pagan en forma directa.  Paralelamente comenzó la carrera por ser prestadores de las instituciones que ofrecen estas prácticas. Así algunos centros que no pueden, o que no quieren, competir de otra manera lo comenzaron a hacer bajando los valores, a niveles que se hace imposible mantener la calidad que los pacientes se merecen.  Y no estamos hablando de calidad en el servicio de atención a clientes estamos hablando de ¡calidad en medicina! La falta de  calidad en tratamientos de reproducción asistida significa pasar por todas las etapas del proceso y no lograr el embarazo pudiéndolo haberlo logrado.

La exclusividad también surgió como novedad: algunas obras sociales y prepagas cubren tratamientos exclusivamente en algunos centros. Esto tampoco es bueno.

La libre elección del paciente dónde realizar el tratamiento es lo que fue práctica común hasta ahora.  Cada centro trabaja más o menos según las circunstancias.  Eso fue bueno y debería seguir así. Los resultados en nuestra especialidad se miden por embarazo.  Los resultados no son  iguales en todos los centros, hay centros con mejores resultados y eso es un hecho.  El no lograr el embarazo es una carga psicológica y económica muy grande y la frustración se ve incrementada cuando esto ocurrió en un lugar en el cual el paciente fue obligado a concurrir por obligación de su cobertura. Dato curioso es que probablemente esa pareja recurra a otro centro de su elección y asumiendo directamente los costos y logre el embarazo –que podría haber logrado en primer lugar-.  Es un daño que hasta ameritaría una acción legal contra la institución que los obligó a tratarse en un lugar determinado.

Y puedo dar datos concretos.  En nuestro Instituto, analizando 100 parejas que lograron el embarazo en forma consecutiva, 21 de ellas habían realizado tratamientos fallidos en otros centros. Quizás lo hubieran logrado de reintentarlo en esos otros centros, o no, nunca lo sabrán, pero quedaron tranquilos con el cambio y fue una libre elección.  Por otro lado, seguramente algunas de las parejas que no lograron el embarazo con nosotros, fueron exitosos en otro centro.

Afortunadamente, en paralelo a estos cambios nació AACeRA, la cámara que nuclea a todos los centros de reproducción asistida del país, menos uno, que decidió retirarse. Retirarse para hacer sus propios negocios, apostando a bajar los valores aumentando la cantidad de pacientes, sin darse cuenta que eso en el tiempo es insostenible y más aún en cuanto a mantener un nivel de resultados adecuados. Y es una lástima, porque los perjudicados, como siempre, terminaran siendo los pacientes.

Es la razón del título de este escrito: “¿quién paga?”. Y habría que agregarle: “cuánto paga”. Ahora debería ser la cámara la responsable por regular los honorarios; honorarios lógicos y equitativos, que permitan mantener un nivel adecuado de excelencia. Debería ser la cámara la que obligue, en cierta manera, a que las prepagas u obras sociales contraten a quien quieran, pero también dándole la oportunidad al afiliado de atenderse con el centro que quiera agrupado y con el respaldo de la cámara. Y si el centro no está como prestador, le cubra hasta el valor que cubra con su/s centros contratados.

Las piezas están en movimiento: las asociaciones de pacientes para QUE SALGA LA LEY, los centros para que no se caigan los valores y que permita seguir trabajando como corresponde, y las prepagas y obras sociales tratando de bajar los valores, y fundamentalmente tratando que la cámara no prospere.

Y es por eso que es un buen momento para que se sepa todo esto, para que los legisladores lo tengan en cuenta, dada la inminencia de la Ley Nacional. Una buena ley no debería contemplar solamente que todo el mundo tenga acceso sino cómo se va a organizar y cuál es el rol de cada uno de los actores en la cadena de prestación de servicios.  La ley debe contemplar la cobertura, obviamente, pero que esa cobertura debería ser de un valor consensuado con la cámara que nuclea a los centros y no ser sólo las prepagas y obras sociales las que tengan la responsabilidad de fijar valores.  La ley debe proteger al paciente, a los centros y fundamentalmente, la calidad de servicio en salud.

Los jugadores están saliendo a la cancha, y es hora de defender los derechos de las mujeres y parejas que quieren embarazarse y no pueden, ofreciéndoles lo mejor que estas técnicas al día de hoy ofrecen.