Autora: María Cristina Cortesi*
Hoy en día podemos aseverar, sin temor a equivocarnos, que la medicina se halla judicializada debido a múltiples factores que no entraremos a analizar en profundidad y que conducen a adoptar por parte de los galenos, lo que se ha denominado “medicina defensiva”, en la que puede aumentar el riesgo de iatrogenia, errores conducentes a la interposición de demandas de mala praxis, y en definitiva, a la disminución de la calidad del acto médico. Se trata de un círculo vicioso peligroso el que, por otra parte, contribuye a aumentar los costos de las pólizas de los seguros de responsabilidad civil.
Mucho se ha escrito acerca de los cambios sociales y tecnológicos que han conducido a aumentar la vigilancia pública de todo lo relacionado con la salud, la aparición de los derechos de los pacientes y la autonomía de que gozan para decidir acerca de su propio cuerpo, la especialización y segmentación de la atención sanitaria, el cambio en la relación médico-paciente y el secreto corporativo que intenta ocultar el error médico impidiendo aprender sobre el mismo para no volver a cometerlo, son algunos de los motivos principales del aumento de los litigios.
Ninguna intervención en salud es inocua, por lo tanto los errores ocurren frecuentemente.; están presente en todos los niveles. El problema es que el médico no está preparado para afrontarlos ni bien se tenga presente que siempre se estimó que su actividad debe ejercerse “sin errores”; los mismos son vistos más bien como un “fracaso”. Las demandas de mala praxis han contribuido a dificultar que el error sea aceptado.
Los errores más comunes son: oblitos quirúrgicos, fallas de comunicación, error de diagnostico y/o tratamiento, demora de tratamiento, fallas de equipamiento, error de medicación, cirugía en el lado equivocado, etc.
Cuando se analizan los accidentes, eventos adversos u errores médicos, se comprueba que siempre son el resultado de la combinación de múltiples fallas relacionadas con deficiencias en la organización, en el medio laboral, falta de comunicación entre los distintos especialistas que tratan al mismo paciente, fallas técnicas, etc. Pero para identificar las causas de tales accidentes, es necesario que los galenos reporten en forma confidencial todos los errores cometidos para identificar sus causas y evitar que se repitan. Como afirmé anteriormente, el médico no es proclive a ello, trata de encubrirlos por temor al desprestigio profesional por lo que, para ello se debe buscar un cambio cultural desde la génesis de su formación: la misma universidad.
Los programas de “gestión de riesgos” comenzaron a introducirse en los centros sanitarios de los EEUU en la década de los sesenta, abandonando así el enfoque tradicional que focalizaba los errores en forma individual, para considerarlos de manera organizacional. Es muy importante no dejar sólo al profesional frente al error cometido, ya que si bien es la cara visible del sistema de salud, múltiples fallas organizacionales pueden llevarlo a cometer errores. Basta con recordar el famoso caso de las “Enfermeras de Denver” para darnos cuenta de ello.
. Con el desarrollo de estos programas se logra incrementar la seguridad de pacientes y profesionales, mejorar la calidad asistencial y reducir los costos de las pólizas de seguro de mala praxis como así también reducir los juicios logrando que una gran masa de dinero destinada a los mismos, se vierta en la atención de la salud.
CONCLUSIÓN:
El análisis de errores debe focalizarse más en los factores organizacionales y menos en el médico.
Se debe trabajar para generar una cultura de reporte de errores y una cultura de la seguridad. Para ello debe establecerse un ambiente no punitivo hasta aceptar la idea de que el error es una excelente oportunidad para aprender.
Los factores potenciales de riesgo hoy son conocidos a través de las sentencias de mala praxis médica, al no haber un control epidemiológico de reporte de errores como existe en otros países del mundo donde tales reportes son obligatorios.
* Abogada especialista en Derecho Sanitario y Farmacéutico, postgrado en Derecho de la Salud (UBA). Vicepresidente de la Comisión de Derecho Sanitario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Asesora Legal en la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud. Docente de postgrado en la UBA y Universidades Privadas
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