En el marco del XIV Congreso Argentino de Salud que se realiza en Mar
del Plata se plantearon fuertes quejas desde los especialistas sobre un
problema de fondo: la litigiosidad indebida
Jueces y especialistas advirtieron que la nueva ley de regulación de
la medicina prepaga “no solucionará los problemas de amparos y
litigiosidad que soporta el sistema sanitario, y que sumando distintas
variables absorbe casi el 20 por ciento del gasto anual en salud, a
partir de la contratación de onerosos seguros y del alto costo de la
“medicina defensiva”.
Lo que se conoce como medicina defensiva consiste en la prescripción
médica de más estudios de los necesarios para cubrirse ante eventuales
demandas, e insume el 20 por ciento del gasto en salud, que ronda los
40.000 millones de dólares.
Así, desde el Congreso señalaron que este mecanismo distorsivo le
puede llegar a costar unos 8.000 millones de dólares anuales al sistema
de salud, “fondos que podrían destinarse a mejorar la atención de la
salud de los pacientes”.
El 5 por ciento de esa cifra se destina exclusivamente a atender
juicios y demandas, mientras que el resto se gasta en estudios excesivos
para evitar demandas posteriores, pero también en contratar seguros y
utilizar costosa aparatología no siempre necesaria, sólo porque el
paciente lo exige y presiona al médico.
En esa línea se expresó la
jueza Nacional en lo Civil Lily Flah, quien rescató que si bien la ley
puede bajar el nivel de “medidas cautelares”, no determina “las formas
de litigiosidad y el tiempo para resolver cada uno de los casos que
llegan a manos de los jueces”. “La ley mantiene zonas grises y no aclara
si habrá modificaciones en su reglamentación y cual será el rol del
estado en este punto”, lamentó la magistrada y admitió: “No soy
optimista con esta ley” aunque reconoció que “habrá amparos automáticos
en temas de escasos recursos, peligro de muerte y de edad avanzada”.
El especialista Hugo Magonza, secretario de ACAMI, alertó que los
juicios por mala praxis tienen “efecto nocivo y de gran magnitud en el
sistema de salud”. Magonza estimó que el 20 por ciento de los
presupuestos de salud se desvían a la denominada “medicina defensiva”,
fondos que médicos y clínicas deben destinar para contratar seguros,
estudios que podrían evitarse y se hacen para evitar que el médico sea
demandado.
Respecto a la situación laboral de los médicos, diversos
especialistas plantearon en el Congreso las “malas condiciones en las
cuales muchas veces deben desempeñar sus tareas”.“Hay una pérdida del
rol del médico en la
sociedad. Se evidencia en agresiones y efectos físicos contundentes en
muchos de ellos con crecimiento en el cuadro de infartos y situaciones
de salud irreversible”, sentenciaron.
Por su parte, el titular de la
Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), licenciado
Marcelo Mastrángelo, reconoció que el sector se siente “muy solo” y “con
poco apoyo para hacer frente a un esquema de atención médica cada vez
más exigente”.
“Estamos acá para colaborar, porque nuestro verdadero enemigo es la
enfermedad”, dijo Mastrángelo, en el marco de un encuentro en el que se
abordaron problemas como las cada vez mayores demandas por mala praxis
médica, el aumento de los costos de la salud, y la cada vez más onerosa
incorporación de tecnología de punta.
“No estamos en posición de combate contra el sector privado ni con el
Estado pero la verdad es que recibimos poca ayuda para enfrentar el
desafío de la medicina en la Argentina”, expresó este jueves, en el acto
de inauguración del XIV Congreso de Salud.
En la Argentina ya viven 3.487 habitantes mayores de 100 años, y esa
tendencia se acentuará en los próximos años, planteando un desafío para
los sistema de salud, ya que la vejez demanda mayor atención médica, y
en consecuencia mayores gastos, en un fenómeno que se está dando con
claridad en Europa.
“La extensión de la vida más allá de los 80 años es una buena
noticia, pero exige un replanteo de las estructuras y los recursos, lo
que implica otro gran desafío”, explicó el titular de Acami, donde
participan 27 prestadores sin fines de lucro, como Cemic, Fleni, Osde, la Fundación Favaloro y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones del sistema de salud.
“En la actualidad los años de vida pasiva casi igualan a los años de
trabajo, y este panorama obliga a incrementar nuestra creatividad para
afrontar esta nueva situación”, señaló Mastrángelo, y recordó que “la
medicina no es negocio, no es rentable, genera mucho gasto en
capacitación y desarrollo tecnológico y muchas veces sentimos que los
medios no nos acompañan en este punto”.
Mastrángelo se quejó de que la medicina “solo es ‘noticia’ cuando se
aumentan las cuotas o hay reclamos salariales” y reclamó apoyos en la
fuerte apuesta “para mejorar día a día la calidad del sistema médico”.
En el Congreso que se desarrolla en Mar del Plata por estos días se
analizan los desafíos del envejecimiento poblacional, donde los mayores
de 65 años representan el 10,2 por ciento de la población argentina, lo
que puede considerarse un éxito de las políticas sanitarias, pero
implica un desafío para la seguridad social y los sistemas de salud.
El costo per cápita en salud para quienes superan los 65 años es
entre tres a cinco veces mayor que el que requiere el resto de la
población.
Otro punto que encarece los costos es el hecho de que el Programa
Médico Obligatorio incluya cada vez mayores prestaciones, como la
fertilización asistida y el denominado “cinturón gástrico”, sin definir
con claridad las fuentes de financiamiento.
El costo del equipamiento y el arribo de nuevas tecnologías son
factores que también inciden en la disparada del gasto en el sector, ya
que la adquisición de tomógrafos, resonadores y otras tecnologías de
punta, así como sus repuestos e insumos, se realiza en dólares.
En la Argentina hay unas 17 millones de personas -un 42% de la
población-, que se atiende en el hospital público, por carecer de
cobertura de obra social o prepaga y debe abonar los fármacos al 100%,
sin ninguna bonificación, en contraste con la población que cuenta con
cobertura y accede a descuentos de entre el 40 y el 60 por ciento en
medicamentos.
De los más de 40 millones de habitantes que tiene el país, se estima
que el 40 por ciento es atendido por el sistema público, otro 48 por
ciento por las obras sociales, y el 12 por ciento restante (algo más de
4.600.000 personas) por las prepagas, de acuerdo con los datos de Acami.
Diario El Atlántico
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