lunes, 10 de septiembre de 2012

EL 20% DE LOS PRESUPUESTOS DE SALUD SE DESVIAN A LA "MEDICINA DEFENSIVA"

 


Fuente: medprepaga.com
En el marco del XIV Congreso Argentino de Salud que se realiza en Mar del Plata se plantearon fuertes quejas desde los especialistas sobre un problema de fondo: la litigiosidad indebida
Jueces y especialistas advirtieron que la nueva ley de regulación de la medicina prepaga “no solucionará los problemas de amparos y litigiosidad que soporta el sistema sanitario, y que sumando distintas variables absorbe casi el 20 por ciento del gasto anual en salud, a partir de la contratación de onerosos seguros y del alto costo de la “medicina defensiva”.


Lo que se conoce como medicina defensiva consiste en la prescripción médica de más estudios de los necesarios para cubrirse ante eventuales demandas, e insume el 20 por ciento del gasto en salud, que ronda los 40.000 millones de dólares.
Así, desde el Congreso señalaron que este mecanismo distorsivo le puede llegar a costar unos 8.000 millones de dólares anuales al sistema de salud, “fondos que podrían destinarse a mejorar la atención de la salud de los pacientes”.
El 5 por ciento de esa cifra se destina exclusivamente a atender juicios y demandas, mientras que el resto se gasta en estudios excesivos para evitar demandas posteriores, pero también en contratar seguros y utilizar costosa aparatología no siempre necesaria, sólo porque el paciente lo exige y presiona al médico.
En esa línea se expresó la jueza Nacional en lo Civil Lily Flah, quien rescató que si bien la ley puede bajar el nivel de “medidas cautelares”, no determina “las formas de litigiosidad y el tiempo para resolver cada uno de los casos que llegan a manos de los jueces”. “La ley mantiene zonas grises y no aclara si habrá modificaciones en su reglamentación y cual será el rol del estado en este punto”, lamentó la magistrada y admitió: “No soy optimista con esta ley” aunque reconoció que “habrá amparos automáticos en temas de escasos recursos, peligro de muerte y de edad avanzada”.
El especialista Hugo Magonza, secretario de ACAMI, alertó que los juicios por mala praxis tienen “efecto nocivo y de gran magnitud en el sistema de salud”. Magonza estimó que el 20 por ciento de los presupuestos de salud se desvían a la denominada “medicina defensiva”, fondos que médicos y clínicas deben destinar para contratar seguros, estudios que podrían evitarse y se hacen para evitar que el médico sea demandado.
Respecto a la situación laboral de los médicos, diversos especialistas plantearon en el Congreso las “malas condiciones en las cuales muchas veces deben desempeñar sus tareas”.“Hay una pérdida del rol del médico en la sociedad. Se evidencia en agresiones y efectos físicos contundentes en muchos de ellos con crecimiento en el cuadro de infartos y situaciones de salud irreversible”, sentenciaron.
Por su parte, el titular de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), licenciado Marcelo Mastrángelo, reconoció que el sector se siente “muy solo” y “con poco apoyo para hacer frente a un esquema de atención médica cada vez más exigente”.
“Estamos acá para colaborar, porque nuestro verdadero enemigo es la enfermedad”, dijo Mastrángelo, en el marco de un encuentro en el que se abordaron problemas como las cada vez mayores demandas por mala praxis médica, el aumento de los costos de la salud, y la cada vez más onerosa incorporación de tecnología de punta.
“No estamos en posición de combate contra el sector privado ni con el Estado pero la verdad es que recibimos poca ayuda para enfrentar el desafío de la medicina en la Argentina”, expresó este jueves, en el acto de inauguración del XIV Congreso de Salud.
En la Argentina ya viven 3.487 habitantes mayores de 100 años, y esa tendencia se acentuará en los próximos años, planteando un desafío para los sistema de salud, ya que la vejez demanda mayor atención médica, y en consecuencia mayores gastos, en un fenómeno que se está dando con claridad en Europa.
“La extensión de la vida más allá de los 80 años es una buena noticia, pero exige un replanteo de las estructuras y los recursos, lo que implica otro gran desafío”, explicó el titular de Acami, donde participan 27 prestadores sin fines de lucro, como Cemic, Fleni, Osde, la Fundación Favaloro y los hospitales Alemán, Británico e Italiano, entre otras instituciones del sistema de salud.
“En la actualidad los años de vida pasiva casi igualan a los años de trabajo, y este panorama obliga a incrementar nuestra creatividad para afrontar esta nueva situación”, señaló Mastrángelo, y recordó que “la medicina no es negocio, no es rentable, genera mucho gasto en capacitación y desarrollo tecnológico y muchas veces sentimos que los medios no nos acompañan en este punto”.
Mastrángelo se quejó de que la medicina “solo es ‘noticia’ cuando se aumentan las cuotas o hay reclamos salariales” y reclamó apoyos en la fuerte apuesta “para mejorar día a día la calidad del sistema médico”.
En el Congreso que se desarrolla en Mar del Plata por estos días se analizan los desafíos del envejecimiento poblacional, donde los mayores de 65 años representan el 10,2 por ciento de la población argentina, lo que puede considerarse un éxito de las políticas sanitarias, pero implica un desafío para la seguridad social y los sistemas de salud.
El costo per cápita en salud para quienes superan los 65 años es entre tres a cinco veces mayor que el que requiere el resto de la población.
Otro punto que encarece los costos es el hecho de que el Programa Médico Obligatorio incluya cada vez mayores prestaciones, como la fertilización asistida y el denominado “cinturón gástrico”, sin definir con claridad las fuentes de financiamiento.
El costo del equipamiento y el arribo de nuevas tecnologías son factores que también inciden en la disparada del gasto en el sector, ya que la adquisición de tomógrafos, resonadores y otras tecnologías de punta, así como sus repuestos e insumos, se realiza en dólares.
En la Argentina hay unas 17 millones de personas -un 42% de la población-, que se atiende en el hospital público, por carecer de cobertura de obra social o prepaga y debe abonar los fármacos al 100%, sin ninguna bonificación, en contraste con la población que cuenta con cobertura y accede a descuentos de entre el 40 y el 60 por ciento en medicamentos.
De los más de 40 millones de habitantes que tiene el país, se estima que el 40 por ciento es atendido por el sistema público, otro 48 por ciento por las obras sociales, y el 12 por ciento restante (algo más de 4.600.000 personas) por las prepagas, de acuerdo con los datos de Acami.
Diario El Atlántico LOCALES