Fuente: docsalud.com
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó poco antes de la medianoche de ayer un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones. La iniciativa ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
El texto fue aprobado tras casi 14 horas de intenso debate por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, en una votación que se realizó ante decenas de personas que desde las barras manifestaron su aval o reprobación.
Tras la media sanción, el texto volverá al Senado, donde sólo con los votos del Frente Amplio (FA) será ley. Fuentes parlamentarias indicaron que se espera su aprobación para antes de fin de año y no se descarta que la votación pueda ser tan pronto como en octubre.
Si la Cámara alta aprueba el proyecto, Uruguay se convertirá en el primer país sudamericano en despenalizar el aborto, mientras que en América Latina es legal en Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México.
Durante el prolongado debate, y bajo un intenso frío, una treintena de mujeres con flores y pintadas en algunos casos de anaranjado de la cabeza a los pies, realizaron una performance frente al Palacio Legislativo convocada por la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU), para defender la legalización y cuestionar el proyecto.
Inspirado en la legislación de países europeos, el texto prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción. Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
"Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y nos recuerda que la salida civilizada cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados", dijo el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada, promotor de la iniciativa.
Paradójicamente, el proyecto no solo es rechazado por las organizaciones contrarias al aborto, sino también por las que lo apoyan.
La Coordinadora por el Aborto Legal sostiene que el texto no le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y que no prevé sanciones a los servicios de salud que no cumplan los plazos previstos.
Durante el debate, la diputada del oficialista Susana Pereyra admitió al defender su respaldo al texto que "no es el proyecto que quisiéramos, pero es el resultado de un acuerdo que logramos", y añadió que "esto no legaliza el aborto pero sí lo despenaliza".
Pese a que una ley de 1938 pena al aborto, desde 2008 la mujer que desea interrumpir el embarazo tiene garantizado el derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo, y la indicación más frecuente es recurrir al misoprostol (un medicamento para úlceras), que se consigue en el mercado negro.
Si bien es difícil contabilizarlo, organizaciones no gubernamentales creen que se realizan más de 30.000 abortos por año en Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes que registra unos 46.000 nacimientos anuales.
Las manifestaciones a favor y en contra se repitieron en Montevideo en los días previos a la votación. Cientos de personas marcharon el lunes con cintas negras para mostrar "su duelo" y repudio al proyecto.
En las barras de la Cámara de Diputados, decenas de personas aguardaron la votación, algunas con remeras amarillas, color distintivo de quienes se oponen al aborto, y otras de color naranja, que representa la campaña a favor de la legalización.
Esta es la tercera iniciativa para despenalizar el aborto que propone el FA desde su llegada al poder en 2005. En 2008, el Parlamento aprobó una ley, pero fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez -también del Frente Amplio- alegando "principios éticos".
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó poco antes de la medianoche de ayer un proyecto de ley para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones. La iniciativa ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
El texto fue aprobado tras casi 14 horas de intenso debate por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra, en una votación que se realizó ante decenas de personas que desde las barras manifestaron su aval o reprobación.
Tras la media sanción, el texto volverá al Senado, donde sólo con los votos del Frente Amplio (FA) será ley. Fuentes parlamentarias indicaron que se espera su aprobación para antes de fin de año y no se descarta que la votación pueda ser tan pronto como en octubre.
Si la Cámara alta aprueba el proyecto, Uruguay se convertirá en el primer país sudamericano en despenalizar el aborto, mientras que en América Latina es legal en Cuba, Guyana, Puerto Rico y Ciudad de México.
Durante el prolongado debate, y bajo un intenso frío, una treintena de mujeres con flores y pintadas en algunos casos de anaranjado de la cabeza a los pies, realizaron una performance frente al Palacio Legislativo convocada por la organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU), para defender la legalización y cuestionar el proyecto.
Inspirado en la legislación de países europeos, el texto prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desee abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción. Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
"Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto, y nos recuerda que la salida civilizada cuando la humanidad ha enfrentado situaciones de esta naturaleza siempre ha consistido en apelar a la participación de terceros que tomen en cuenta todos los aspectos involucrados", dijo el diputado del Partido Independiente (PI) Iván Posada, promotor de la iniciativa.
Paradójicamente, el proyecto no solo es rechazado por las organizaciones contrarias al aborto, sino también por las que lo apoyan.
La Coordinadora por el Aborto Legal sostiene que el texto no le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y que no prevé sanciones a los servicios de salud que no cumplan los plazos previstos.
Durante el debate, la diputada del oficialista Susana Pereyra admitió al defender su respaldo al texto que "no es el proyecto que quisiéramos, pero es el resultado de un acuerdo que logramos", y añadió que "esto no legaliza el aborto pero sí lo despenaliza".
Pese a que una ley de 1938 pena al aborto, desde 2008 la mujer que desea interrumpir el embarazo tiene garantizado el derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo, y la indicación más frecuente es recurrir al misoprostol (un medicamento para úlceras), que se consigue en el mercado negro.
Si bien es difícil contabilizarlo, organizaciones no gubernamentales creen que se realizan más de 30.000 abortos por año en Uruguay, un país de 3,4 millones de habitantes que registra unos 46.000 nacimientos anuales.
Las manifestaciones a favor y en contra se repitieron en Montevideo en los días previos a la votación. Cientos de personas marcharon el lunes con cintas negras para mostrar "su duelo" y repudio al proyecto.
En las barras de la Cámara de Diputados, decenas de personas aguardaron la votación, algunas con remeras amarillas, color distintivo de quienes se oponen al aborto, y otras de color naranja, que representa la campaña a favor de la legalización.
Esta es la tercera iniciativa para despenalizar el aborto que propone el FA desde su llegada al poder en 2005. En 2008, el Parlamento aprobó una ley, pero fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez -también del Frente Amplio- alegando "principios éticos".
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