MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Así lo han asegurado tras presentar los resultados de un estudio del Grupo de Estudio del Sida (GESIDA) de esta sociedad científica para conocer el impacto sanitario y económico que tendrá esta medida, sobre la que han reconocido "no saber todavía cómo se va a aplicar en la práctica".
El estudio ha tenido en cuenta los datos de prevalencia del VIH en España y las cifras del padrón para calcular que podría haber actualmente entre 4.000 y 4.600 inmigrantes irregulares con VIH, de los cuales entre 1.800 y 3.220 tendrían la enfermedad ya diagnosticada y estarían en tratamiento.
Aunque las nuevas terapias permiten cronificar la enfermedad, si el tratamiento se retira, según ha explicado el médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los autores del estudio, Federico Pulido, "la enfermedad es mortal en un plazo medio".
"La medida va a suponer la muerte de personas", ha aseverado este experto, y en sólo el primer año de la retirada de la tarjeta sanitaria se podrían registrar entre 27 y 50 fallecimientos. Este experto ha explicado que los cálculos se han hecho "a la baja" y "sin querer generar alarmismos", aunque admite que "los datos son alarmantes".
Además, también aumentarán las complicaciones en quienes sobrevivan, que volverán a una situación que "ya era pasada", la que vivieron los infectados por el VIH en los años 80 y 90 hasta que salieron al mercado los antirretrovirales actuales.
El estudio también constata que se puede producir un aumento de las infecciones de entre un 10 y un 20 por ciento cada año, entre 324 y 580 nuevos casos, y no sólo entre el colectivo de inmigrantes sino en todos los ciudadanos ya que, como ha reconocido el doctor José Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también autor del estudio, "el virus no entiende de raza ni fronteras".
Pero además de este impacto sanitario, los autores del estudio también han apuntado que el ahorro que se pretende conseguir con esta medida no será tal y, después de varios años, podría incluso revertirse y salir "caro" al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, los ingresos hospitalarios por complicaciones y los fallecimientos que ocasionará la medida costarán al sistema entre 6,5 y 11,7 millones de euros, por lo que el supuesto ahorro "se vería reducido a la mitad sólo en el primer año después de entrar en vigor".
El problema, ha añadido este experto, es que el aumento de complicaciones y nuevas infecciones será progresivo y "se multiplicará a partir del segundo año", por lo que "en tres años no habrá ya ahorro y sólo generará más costes", ha vaticinado.
No obstante, los expertos se han mostrado cautos porque, pese a haber entrado la norma en vigor el pasado 1 de septiembre, hasta el momento reconocen que los pacientes "están siendo atendidos con normalidad y todavía no se les ha negado el tratamiento".
Sin embargo, y como ha explicado el secretario de GESIDA, Juan Berenguer, los médicos no están siendo informados de los cambios que se puedan producir, qué pasará con los nuevos diagnósticos a partir de septiembre o si se les cobrará a estos pacientes o no, lo que condicionará la medida en que estas cifras se hagan realidad. "Lo único seguro es el Real Decreto que está publicado en el BOE", ha lamentado.
La Sociedad Española de Enfermedades
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) advierte al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de que retirar la tarjeta
sanitaria a los inmigrantes irregulares puede dejar sin tratamiento a
hasta 3.200 pacientes con VIH que actualmente tenían controlada la
enfermedad, lo que causará un aumento de hasta un 20 por ciento de
nuevos casos y entre 27 y 50 muertes sólo en el primer año de su entrada
en vigor.
Así lo han asegurado tras presentar los resultados de un estudio del Grupo de Estudio del Sida (GESIDA) de esta sociedad científica para conocer el impacto sanitario y económico que tendrá esta medida, sobre la que han reconocido "no saber todavía cómo se va a aplicar en la práctica".
El estudio ha tenido en cuenta los datos de prevalencia del VIH en España y las cifras del padrón para calcular que podría haber actualmente entre 4.000 y 4.600 inmigrantes irregulares con VIH, de los cuales entre 1.800 y 3.220 tendrían la enfermedad ya diagnosticada y estarían en tratamiento.
Aunque las nuevas terapias permiten cronificar la enfermedad, si el tratamiento se retira, según ha explicado el médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los autores del estudio, Federico Pulido, "la enfermedad es mortal en un plazo medio".
"La medida va a suponer la muerte de personas", ha aseverado este experto, y en sólo el primer año de la retirada de la tarjeta sanitaria se podrían registrar entre 27 y 50 fallecimientos. Este experto ha explicado que los cálculos se han hecho "a la baja" y "sin querer generar alarmismos", aunque admite que "los datos son alarmantes".
Además, también aumentarán las complicaciones en quienes sobrevivan, que volverán a una situación que "ya era pasada", la que vivieron los infectados por el VIH en los años 80 y 90 hasta que salieron al mercado los antirretrovirales actuales.
El estudio también constata que se puede producir un aumento de las infecciones de entre un 10 y un 20 por ciento cada año, entre 324 y 580 nuevos casos, y no sólo entre el colectivo de inmigrantes sino en todos los ciudadanos ya que, como ha reconocido el doctor José Pérez Molina, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también autor del estudio, "el virus no entiende de raza ni fronteras".
Pero además de este impacto sanitario, los autores del estudio también han apuntado que el ahorro que se pretende conseguir con esta medida no será tal y, después de varios años, podría incluso revertirse y salir "caro" al Sistema Nacional de Salud (SNS).
"SALE MÁS CARO NO TRATAR"
"Sale más caro no tratar", ha explicado el doctor Pulido, que ha cuantificado en 12 a 21 millones al año el ahorro directo que se conseguiría al dejar de atender a estos pacientes.Sin embargo, los ingresos hospitalarios por complicaciones y los fallecimientos que ocasionará la medida costarán al sistema entre 6,5 y 11,7 millones de euros, por lo que el supuesto ahorro "se vería reducido a la mitad sólo en el primer año después de entrar en vigor".
El problema, ha añadido este experto, es que el aumento de complicaciones y nuevas infecciones será progresivo y "se multiplicará a partir del segundo año", por lo que "en tres años no habrá ya ahorro y sólo generará más costes", ha vaticinado.
No obstante, los expertos se han mostrado cautos porque, pese a haber entrado la norma en vigor el pasado 1 de septiembre, hasta el momento reconocen que los pacientes "están siendo atendidos con normalidad y todavía no se les ha negado el tratamiento".
Sin embargo, y como ha explicado el secretario de GESIDA, Juan Berenguer, los médicos no están siendo informados de los cambios que se puedan producir, qué pasará con los nuevos diagnósticos a partir de septiembre o si se les cobrará a estos pacientes o no, lo que condicionará la medida en que estas cifras se hagan realidad. "Lo único seguro es el Real Decreto que está publicado en el BOE", ha lamentado.
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