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El presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos
Vega (CC), anunció que el 30 de este mes comenzará el debate por el
aborto, un tema que despierta fuertes posturas enfrentadas en la
sociedad. Del primer encuentro participará Marianne Mollmann, una
representante de Human Rights Watch. La opinión de Carmen Argibay.
Por Gustavo Ahumada
El año legislativo cerrará con el comienzo del debate de un tema
no menor: la interrupción voluntaria del embarazo. El próximo 30 de
noviembre, promediando la tarde, la Comisión de Legislación Penal
realizará la primera audiencia de lo que será el inicio de un debate
histórico.
Para esta primera jornada concurrirá Marianne Mollmann, directora de Promoción y Defensa de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, quien expresará a los legisladores presentes apreciaciones de la organización -tal y como lo comentó Vega durante la reunión- con respecto a “este fenómeno global en la Argentina”.
“Ya era hora”, se le escuchó decir a Horacio Alcuaz (GEN), mientras el titular de la Comisión realizaba el anticipo de los temas. Es que el legislador del GEN es uno de los firmantes del proyecto que posee un gran apoyo de muchos legisladores. Según explicó, más de una cincuentena de diputados estaban dispuestos a apoyar a esta iniciativa aunque sólo lo hicieron 15 debido a cuestiones reglamentarias.
Además, 250 organizaciones sociales también se mostraron a favor de la iniciativa, que tiene como primera firmante a Juliana Di Tullio (FpV) y que plantea el derecho de la mujer “a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.
Martín Sabatella también presentó este año una modificación del Código Penal en busca de lograr que toda mujer pueda decidir la interrupción voluntaria del embarazo teniendo en cuenta ciertas circunstancias, como ser antes de las catorce semanas de gestación, si el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, si existe peligro para la vida o la salud de la mujer (entendiéndose a la salud conforme la define la OMS) y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina.
En contrapartida, diputados que poseen visiones distintas sobre el tema recurren a acciones que ya se presentaron durante el debate sobre el matrimonio igualitario. En mayo de este año los legisladores Alberto Paredes Urquiza (FpV), Hilda Aguirre de Soria (FpV) y Cynthia Hotton (Valores para mi País) presentaron un proyecto para que se convoque a una consulta popular. El objetivo era que se realice antes de fin año, sin embargo la iniciativa no prosperó.
Asimismo, en junio presentó Hotton junto con otros dos diputados un nuevo proyecto que planteaba la creación de un Centro de Atención Telefónica y Web denominado “Sí a la Vida”, cuyo objetivo principal era “evitar el abandono, muerte, aborto o cualquier tipo de acción violenta que atente contra la integridad física de personas por nacer o recién nacidas”.
Cabe recordar que existe una tercera “corriente” en la que se expresa la modificación del artículo 86 del Código Penal para despenalizar el aborto en los casos en los que ha haya sido practicado “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer”, si “el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual” o “si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”. Este proyecto fue presentado por Diana Conti (FpV), que también apoya el proyecto de Juliana Di Tullio.
Gustavo Cusinato (UCR), por su parte, presentó un proyecto similar de modificación del articulo 86, que al igual que la iniciativa de Conti declara no punible si el embarazo proviene “de una violación o de un atentado al pudor, previa denuncia policial o judicial” o si con el aborto se evita “un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Existes varios proyectos de este tenor que poseen diferencias muy escasas.
La palabra de Argibay
En ocasión de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces, la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, en diálogo con este medio explicó que en “el Congreso de la Nación hay varios proyectos, por lo que es el lugar para el debate, los representantes de la sociedad están ahí por lo que ahí hay que debatir”.
“Creo que es bueno que se debata; a qué conclusiones llegaremos no sé, eso se verá, porque también hay que ver las reacciones de la sociedad en general”, dijo, y agregó: “Hay que debatir estos temas, no pueden ser tabú, es la única forma en que la sociedad puede ir avanzando hacia una sociedad mejor. Si nos callamos la boca, si no decimos nada, si nadie opina, estamos en una sociedad policial, no nos dejan ni hablar”.
Luego, al ser consultada sobre la posibilidad de una recusación en el caso de que deba fallar sobre una causa, dijo: “Que me recusen todo lo que quieran, yo puedo opinar lo que se me dé la gana, lo que diga en un expediente es una cuestión distinta, los expedientes son casos puntuales, yo opino en general, en público nunca opino sobre casos puntuales". "De todas maneras, es muy difícil que un caso de aborto llegue a la Corte", concluyó.
FUENTE: Diariojudicial
Para esta primera jornada concurrirá Marianne Mollmann, directora de Promoción y Defensa de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, quien expresará a los legisladores presentes apreciaciones de la organización -tal y como lo comentó Vega durante la reunión- con respecto a “este fenómeno global en la Argentina”.
“Ya era hora”, se le escuchó decir a Horacio Alcuaz (GEN), mientras el titular de la Comisión realizaba el anticipo de los temas. Es que el legislador del GEN es uno de los firmantes del proyecto que posee un gran apoyo de muchos legisladores. Según explicó, más de una cincuentena de diputados estaban dispuestos a apoyar a esta iniciativa aunque sólo lo hicieron 15 debido a cuestiones reglamentarias.
Además, 250 organizaciones sociales también se mostraron a favor de la iniciativa, que tiene como primera firmante a Juliana Di Tullio (FpV) y que plantea el derecho de la mujer “a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”.
Martín Sabatella también presentó este año una modificación del Código Penal en busca de lograr que toda mujer pueda decidir la interrupción voluntaria del embarazo teniendo en cuenta ciertas circunstancias, como ser antes de las catorce semanas de gestación, si el embarazo es producto de la comisión de un delito contra la integridad sexual, si existe peligro para la vida o la salud de la mujer (entendiéndose a la salud conforme la define la OMS) y si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina.
En contrapartida, diputados que poseen visiones distintas sobre el tema recurren a acciones que ya se presentaron durante el debate sobre el matrimonio igualitario. En mayo de este año los legisladores Alberto Paredes Urquiza (FpV), Hilda Aguirre de Soria (FpV) y Cynthia Hotton (Valores para mi País) presentaron un proyecto para que se convoque a una consulta popular. El objetivo era que se realice antes de fin año, sin embargo la iniciativa no prosperó.
Asimismo, en junio presentó Hotton junto con otros dos diputados un nuevo proyecto que planteaba la creación de un Centro de Atención Telefónica y Web denominado “Sí a la Vida”, cuyo objetivo principal era “evitar el abandono, muerte, aborto o cualquier tipo de acción violenta que atente contra la integridad física de personas por nacer o recién nacidas”.
Cabe recordar que existe una tercera “corriente” en la que se expresa la modificación del artículo 86 del Código Penal para despenalizar el aborto en los casos en los que ha haya sido practicado “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer”, si “el embarazo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual” o “si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”. Este proyecto fue presentado por Diana Conti (FpV), que también apoya el proyecto de Juliana Di Tullio.
Gustavo Cusinato (UCR), por su parte, presentó un proyecto similar de modificación del articulo 86, que al igual que la iniciativa de Conti declara no punible si el embarazo proviene “de una violación o de un atentado al pudor, previa denuncia policial o judicial” o si con el aborto se evita “un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”. Existes varios proyectos de este tenor que poseen diferencias muy escasas.
La palabra de Argibay
En ocasión de la Cuarta Conferencia Nacional de Jueces, la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, en diálogo con este medio explicó que en “el Congreso de la Nación hay varios proyectos, por lo que es el lugar para el debate, los representantes de la sociedad están ahí por lo que ahí hay que debatir”.
“Creo que es bueno que se debata; a qué conclusiones llegaremos no sé, eso se verá, porque también hay que ver las reacciones de la sociedad en general”, dijo, y agregó: “Hay que debatir estos temas, no pueden ser tabú, es la única forma en que la sociedad puede ir avanzando hacia una sociedad mejor. Si nos callamos la boca, si no decimos nada, si nadie opina, estamos en una sociedad policial, no nos dejan ni hablar”.
Luego, al ser consultada sobre la posibilidad de una recusación en el caso de que deba fallar sobre una causa, dijo: “Que me recusen todo lo que quieran, yo puedo opinar lo que se me dé la gana, lo que diga en un expediente es una cuestión distinta, los expedientes son casos puntuales, yo opino en general, en público nunca opino sobre casos puntuales". "De todas maneras, es muy difícil que un caso de aborto llegue a la Corte", concluyó.
FUENTE: Diariojudicial
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