Fuente: mercadoytransparencia.org
Las bajas temperaturas en Europa alentaron la aparición del fantasma de la Gripe A y los negociados colaterales con la salud. El invierno europeo 2009/2010 había transcurrido sin novedades y la ciudadanía clamaba contra la supuesta estafa que insumió a los gobiernos gastos millonarios en vacunas, que quedaron sin utilizar, porque la anunciada pandemia universal se habría esfumado. El 2011 se inicia con nuevas señales de alarma, en Gran Bretaña denuncian 27 muertos y en Italia se abre una acción de clase contra un laboratorio que vendió millones de Test de detección de la Gripe A prometiendo falsas certezas sobre su eficacia. La demanda es millonaria…
Italia anuncia la primera acción de clase admitida por un juez, contra Voden Medical Instruments Spa, fabricantes de un Test casero -test fai da te- que prometía un 99,1% de certeza en la detección de la Gripe A y B, porcina y aviaria. Otras
seis acciones de clase contra bancos y empresas de servicios que
totalizan unos 10,5 millones de euros esperan el juicio de admisibilidad, según informa el Corriere della Sera.
El Ministro del Welfare había dicho claramente “los test fatto a casa no sirven para nada”. Los técnicos del Ministerio habían anunciado “la sensibilidad del test es de escasa fiabilidad.” Sin embargo, el producto había sido publicitado haciendo énfasis en cualidades y características que no tenía. Pese a las sospechas internacionales sobre una campaña farmacéutica presuntamente manipuladora sobre el tema de la Gripe A, se vendieron millones de auto-test.
Italia y las acciones de clase, un deseo hecho realidad
CODACONS, una federación de asociaciones de consumidores, inició una acción de clase que, al momento, es la primera admitida en Italia, esto es, la primera que cuenta con un pronunciamiento inicial del juez que le da curso a la demanda.
De acuerdo al artículo 140 bis del Código de Consumo –que fue motivo de varias ampliaciones- el 1 de enero de 2010 entró en vigencia la Acción de Clase a la italiana, un logro de la ciudadanía muy postergado gracias a la los lobbys corporativos que campean la gestión del cavalliere Berlusconi.
Ahora las asociaciones de consumidores pueden reclamar ante el juez del lugar de sede de la empresa, el resarcimiento del daño o la devolución de las sumas que corresponden derivadas de relaciones contractuales, ilícitos contractuales, prácticas comerciales incorrectas o comportamientos anticoncurrenciales, cuando son afectados una pluralidad de usuarios y consumidores. Una reforma posterior extendió los reclamos colectivos contra el poder público y concesionarios de servicios públicos, por violación del estándar de calidad, o económico, o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de servicios públicos a grupos de consumidores o usuarios.
El régimen de acciones italiano
A diferencia de nuestro sistema legal, el monto de la condena lo estima el juez al inicio. En una primera audiencia, luego de escuchar a ambas partes, el juez se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda. La puede declarar inadmisible cuando es manifiestamente infundada, cuando advierte un conflicto de intereses entre quien demanda y los beneficiarios de la acción, cuando la asociación no tiene representatividad, o si advierte que no hay un interés colectivo.
Si admite la demanda, el juez determina los criterios en base a los cuales se va a liquidar la indemnización o la suma a restituir (un monto básico que puede ampliarse) a cada consumidor o usuario que haya adherido a la acción colectiva o que han intervenido en el pleito. Quienes no adhirieron ni intervinieron conservan la acción individual. Hasta la audiencia conclusiva final está admitida la participación de consumidores y usuarios individuales que propongan sus propios reclamos vinculados al objeto de la acción.
A los sesenta días de la audiencia, la empresa puede formular una propuesta de pago, si es aceptada, deposita el importe respectivo. En cambio, sino hay acuerdo, el presidente del tribunal constituye una “cámara de conciliación” integrada por un abogado de los consumidores, uno de la empresa y otro designado por el tribunal para la determinación de la suma correspondiente. La homologación judicial del acuerdo lo transforma en título ejecutivo.
La acción de clase italiana se diferencia de la americana en que los beneficiarios y consumidores deben adherir expresamente a la demanda, mientras que en USA el resarcimiento beneficia a todos los beneficiarios presentes y futuros de la clase. En Italia la acción tiene un objeto resarcitorio y no abarca como en USA los daños punitivos, que pueden ir más allá del daño concretamente comprobado.
El Ministro del Welfare había dicho claramente “los test fatto a casa no sirven para nada”. Los técnicos del Ministerio habían anunciado “la sensibilidad del test es de escasa fiabilidad.” Sin embargo, el producto había sido publicitado haciendo énfasis en cualidades y características que no tenía. Pese a las sospechas internacionales sobre una campaña farmacéutica presuntamente manipuladora sobre el tema de la Gripe A, se vendieron millones de auto-test.
Italia y las acciones de clase, un deseo hecho realidad
CODACONS, una federación de asociaciones de consumidores, inició una acción de clase que, al momento, es la primera admitida en Italia, esto es, la primera que cuenta con un pronunciamiento inicial del juez que le da curso a la demanda.
De acuerdo al artículo 140 bis del Código de Consumo –que fue motivo de varias ampliaciones- el 1 de enero de 2010 entró en vigencia la Acción de Clase a la italiana, un logro de la ciudadanía muy postergado gracias a la los lobbys corporativos que campean la gestión del cavalliere Berlusconi.
Ahora las asociaciones de consumidores pueden reclamar ante el juez del lugar de sede de la empresa, el resarcimiento del daño o la devolución de las sumas que corresponden derivadas de relaciones contractuales, ilícitos contractuales, prácticas comerciales incorrectas o comportamientos anticoncurrenciales, cuando son afectados una pluralidad de usuarios y consumidores. Una reforma posterior extendió los reclamos colectivos contra el poder público y concesionarios de servicios públicos, por violación del estándar de calidad, o económico, o incumplimiento de las obligaciones en la prestación de servicios públicos a grupos de consumidores o usuarios.
El régimen de acciones italiano
A diferencia de nuestro sistema legal, el monto de la condena lo estima el juez al inicio. En una primera audiencia, luego de escuchar a ambas partes, el juez se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda. La puede declarar inadmisible cuando es manifiestamente infundada, cuando advierte un conflicto de intereses entre quien demanda y los beneficiarios de la acción, cuando la asociación no tiene representatividad, o si advierte que no hay un interés colectivo.
Si admite la demanda, el juez determina los criterios en base a los cuales se va a liquidar la indemnización o la suma a restituir (un monto básico que puede ampliarse) a cada consumidor o usuario que haya adherido a la acción colectiva o que han intervenido en el pleito. Quienes no adhirieron ni intervinieron conservan la acción individual. Hasta la audiencia conclusiva final está admitida la participación de consumidores y usuarios individuales que propongan sus propios reclamos vinculados al objeto de la acción.
A los sesenta días de la audiencia, la empresa puede formular una propuesta de pago, si es aceptada, deposita el importe respectivo. En cambio, sino hay acuerdo, el presidente del tribunal constituye una “cámara de conciliación” integrada por un abogado de los consumidores, uno de la empresa y otro designado por el tribunal para la determinación de la suma correspondiente. La homologación judicial del acuerdo lo transforma en título ejecutivo.
La acción de clase italiana se diferencia de la americana en que los beneficiarios y consumidores deben adherir expresamente a la demanda, mientras que en USA el resarcimiento beneficia a todos los beneficiarios presentes y futuros de la clase. En Italia la acción tiene un objeto resarcitorio y no abarca como en USA los daños punitivos, que pueden ir más allá del daño concretamente comprobado.
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