La Justicia Federal de Córdoba dispuso en tiempo récord que la obra social costee todos los intentos por un monto total de 80 mil pesos.
Natalia Guantay | nguantay@lmcordoba.com.ar
Una
prepaga deberá cubrir todos los gastos de una pareja que se somete a
tratamientos de fertilización in vitro hasta lograr el embarazo, según
ordenó el juez federal Alejandro Sánchez Freytes a cargo del Juzgado
Federal Nº 3 de la ciudad de Córdoba.
La solicitud de cobertura a la prepaga fue presentada el 5 de mayo de este año, sin que hubiese respuesta favorable, por lo que el matrimonio decidió acudir a la Justicia Federal.
El juez hizo lugar a la medida cautelar y dictó sentencia definitiva para que la obra social de los petroleros (Ospe) se haga cargo del tratamiento “de forma total e integral” mediante la técnica Icsi, “porque entiende que la infertilidad es una enfermedad que requiere cobertura”, adelantó a LA MAÑANA el abogado Carlos Nayi, quien destacó la celeridad en la resolución.
Según dijo el letrado, por los ingresos mensuales que percibe, la pareja no puede afrontar el costo que requiere el tratamiento solicitado. “Él es chofer de taxi y ella ama de casa y por eso están imposibilitados de costear los más de 20 mil pesos que supone el proceso”. Es que “para realizar este tipo de intentos se deben contar con 16 mil pesos que es lo que cuesta cada inyección intra citoplasmática del óvulo, a lo cual hay que adicionarle cuatro mil pesos de un kit de medicamentos, más el 21 por ciento del IVA”, precisó.
Para practicar el método de reproducción asistida de alta complejidad, la obra social deberá pagar un total de 80 mil pesos aproximadamente, de acuerdo a lo dispuesto por la Justicia.
Un largo peregrinar
La pareja (él 43 y ella 36) contrajo matrimonio el 17 de marzo de 2000, pero mantiene una relación estable desde 1997. Desde que comenzaron la convivencia, iniciaron la búsqueda de un embarazo y ante varios intentos infructuosos en 2000 comenzaron a peregrinar por distintos centros de salud como el Hospital Nacional de Clínicas y el Instituto de Reproducción Asistida Fecundart hasta arribar al Centro Especializado en Fertilidad Cigor, donde en setiembre de 2010 se expidió certificado médico que dejó constancia de una “infertilidad primaria de nueve años de evolución”.
Movilizados por el deseo de formar una familia, ambos sostiene su reclamo en la premisa de que “el derecho a la salud reproductiva está íntimamente ligado al derecho de fundar una familia y al de su protección por parte de la sociedad y el Estado”. En eso también coincide Nayi, quien se respalda en la Constitución Nacional y reproduce: “El derecho a la salud incluye la salud reproductiva y la atención primaria pertinente, definiéndose a aquélla como ‘un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los estados relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”.
La solicitud de cobertura a la prepaga fue presentada el 5 de mayo de este año, sin que hubiese respuesta favorable, por lo que el matrimonio decidió acudir a la Justicia Federal.
El juez hizo lugar a la medida cautelar y dictó sentencia definitiva para que la obra social de los petroleros (Ospe) se haga cargo del tratamiento “de forma total e integral” mediante la técnica Icsi, “porque entiende que la infertilidad es una enfermedad que requiere cobertura”, adelantó a LA MAÑANA el abogado Carlos Nayi, quien destacó la celeridad en la resolución.
Según dijo el letrado, por los ingresos mensuales que percibe, la pareja no puede afrontar el costo que requiere el tratamiento solicitado. “Él es chofer de taxi y ella ama de casa y por eso están imposibilitados de costear los más de 20 mil pesos que supone el proceso”. Es que “para realizar este tipo de intentos se deben contar con 16 mil pesos que es lo que cuesta cada inyección intra citoplasmática del óvulo, a lo cual hay que adicionarle cuatro mil pesos de un kit de medicamentos, más el 21 por ciento del IVA”, precisó.
Para practicar el método de reproducción asistida de alta complejidad, la obra social deberá pagar un total de 80 mil pesos aproximadamente, de acuerdo a lo dispuesto por la Justicia.
Un largo peregrinar
La pareja (él 43 y ella 36) contrajo matrimonio el 17 de marzo de 2000, pero mantiene una relación estable desde 1997. Desde que comenzaron la convivencia, iniciaron la búsqueda de un embarazo y ante varios intentos infructuosos en 2000 comenzaron a peregrinar por distintos centros de salud como el Hospital Nacional de Clínicas y el Instituto de Reproducción Asistida Fecundart hasta arribar al Centro Especializado en Fertilidad Cigor, donde en setiembre de 2010 se expidió certificado médico que dejó constancia de una “infertilidad primaria de nueve años de evolución”.
Movilizados por el deseo de formar una familia, ambos sostiene su reclamo en la premisa de que “el derecho a la salud reproductiva está íntimamente ligado al derecho de fundar una familia y al de su protección por parte de la sociedad y el Estado”. En eso también coincide Nayi, quien se respalda en la Constitución Nacional y reproduce: “El derecho a la salud incluye la salud reproductiva y la atención primaria pertinente, definiéndose a aquélla como ‘un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los estados relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”.
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