Fuente: clarin.com
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer la mediación previa y obligatoria en las controversias de salud que puedan suscitarse con las obras sociales y las empresas de medicina privada.
Así le dijo a Clarín el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, quien aclaró que la medicación estará a cargo de un equipo conformado por un médico, un abogado, un contador y un trabajador social, dependientes de la Superintendencia. Y que el sistema no tendrá costo alguno para el afiliado porque lo financiará la Superintendencia.
Bellagio también adelantó que tuvo reuniones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y que junto al Ministerio de Salud están elaborando el texto.
Este tipo de mediación ya rige en materia laboral, a través del SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) que está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.
Como es sabido, el sistema de salud tiene un alta litigiosidad por los juicios de afiliados con relación a los alcances de los servicios médicos que deben brindar las obras sociales y las prepagas.
En especial, hay muchas demandas por los tratamientos que no están cubiertos por el Programa Médico Obligatorio y que, sin embargo, son reconocidos por la Justicia. O por la existencia de períodos de carencia o la cobertura parcial de ciertas patologías.
Con la mediación obligatoria, antes de iniciar cualquier reclamo en la Justicia, el afiliado a una prepaga o a una obra social deberá pasar por la instancia de mediación. Y solo si no hay acuerdo entre las partes, podrá presentar la demanda en la Justicia.
Según Bellagio el objetivo de la mediación es ahorrar el costo de litigar a través de la Justicia, acortar los tiempos de la resolución de las controversias y que los beneficiarios no tengan que recurrir a abogados y a la Justicia para hacer valer sus derechos, en especial si hay antecedentes y jurisprudencia de la Corte.
En cambio, los abogados alertan sobre la presión adicional que podría representar la mediación para los afiliados, ya que los afectados no se encuentran con la misma paridad de fuerzas que las entidades médicas.
El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer la mediación previa y obligatoria en las controversias de salud que puedan suscitarse con las obras sociales y las empresas de medicina privada.
Así le dijo a Clarín el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, quien aclaró que la medicación estará a cargo de un equipo conformado por un médico, un abogado, un contador y un trabajador social, dependientes de la Superintendencia. Y que el sistema no tendrá costo alguno para el afiliado porque lo financiará la Superintendencia.
Bellagio también adelantó que tuvo reuniones con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y que junto al Ministerio de Salud están elaborando el texto.
Este tipo de mediación ya rige en materia laboral, a través del SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) que está bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.
Como es sabido, el sistema de salud tiene un alta litigiosidad por los juicios de afiliados con relación a los alcances de los servicios médicos que deben brindar las obras sociales y las prepagas.
En especial, hay muchas demandas por los tratamientos que no están cubiertos por el Programa Médico Obligatorio y que, sin embargo, son reconocidos por la Justicia. O por la existencia de períodos de carencia o la cobertura parcial de ciertas patologías.
Con la mediación obligatoria, antes de iniciar cualquier reclamo en la Justicia, el afiliado a una prepaga o a una obra social deberá pasar por la instancia de mediación. Y solo si no hay acuerdo entre las partes, podrá presentar la demanda en la Justicia.
Según Bellagio el objetivo de la mediación es ahorrar el costo de litigar a través de la Justicia, acortar los tiempos de la resolución de las controversias y que los beneficiarios no tengan que recurrir a abogados y a la Justicia para hacer valer sus derechos, en especial si hay antecedentes y jurisprudencia de la Corte.
En cambio, los abogados alertan sobre la presión adicional que podría representar la mediación para los afiliados, ya que los afectados no se encuentran con la misma paridad de fuerzas que las entidades médicas.
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