Fuente: www.ambito.com
"El gran responsable es el poder Ejecutivo", lanzó el senador de la UCR José Cano al referirse a un informe de la Auditoría General de la Nación, de inminente oficialización, en el que el organismo a cargo de Leandro Despouy denunciará graves irregularidades en el manejo de los reintegros que reciben las obras sociales.
En declaraciones a radio El Mundo, Cano se quejó de que el Gobierno hace "un manejo absolutamente discrecional" de los fondos y consideró que se trata de "hechos son realmente escandalosos".
"Lo que uno no puede entender es que desde el Poder Ejecutivo que tiene la responsabilidad de administrar estos fondos, no existan mecanismos de auditoría que hagan que este tipo de maniobras no sigan ocurriendo. Para que existan desviaciones de fondos debe haber una actitud delictiva de los responsables de las obras sociales que presentan documentación falsa y una actitud cómplice de quien ordena pagar", lanzó.
La Auditoría General de la Nación (AGN) trabaja un informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos de obras sociales, que involucrarían además a la Administración de Programas Especiales (APE) y a la Superintendencia de Servicios de Salud. Cano confirmó que una vez que se oficialice el informe, la UCR presentará una demanda penal.
El informe será aprobado y difundido recién próximo miércoles 28, aunque sus principales conclusiones se filtraron en la prensa e indican que existen fraudes millonarios entre el Estado y las obras sociales a partir de múltiples irregularidades, como prestaciones a personas fallecidas, operaciones a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro.
El trabajo, adelantado por un matutino, surge de una investigación (sobre 10.114 expedientes) de la actuación entre 2005 y 2010 de la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de controlar el manejo de fondos entre las obras sociales y el Gobierno; y la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo dependiente del Ministerio de Salud que se encarga de los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo.
En este preinforme se denuncia, por ejemplo, que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se le realizaron las supuestas prácticas médicas: sólo en este aspecto, las obras sociales facturaron 2.195.097 de pesos, que fueron motivo de reintegro de parte del APE.
En este aspecto están incluidas obras sociales de grandes gremios, como Camioneros, Colectiveros, Bancarios, Ferroviarios, Docentes y Mercantiles, entre muchas otras.
También en el caso de operaciones de cadera (un rubro que insumió 13 millones de pesos) se encontraron 694 casos en los que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios, aunque hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178, 137, 128, 121 y 113 años.
Otro aspecto se refiere a las personas con discapacidad: los auditores encontraron que 251 personas con esa condición no contaban con "declaraciones juradas de discapacidad, ni el aval de la historia clínica, o del médico auditor ni se encontró la conformidad del beneficiario o titular".
En el caso de los medicamentos truchos, habría quedado de manifiesto que uno de los ejes del sistema irregular era la presentación de troqueles de remedios falsos: en este caso, no se han pudieron certificar como "legítimos" medicamentos por 4,6 millones de pesos.
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