jueves, 1 de marzo de 2012

REAFÍLIESE POR DICTAMEN DE LA PROCURADORA

 Fuente: diariojudicial.com
La Corte ordenó la reafiliación de una mujer a la Obra Social de Entre Ríos, luego de que el TS provincial rechazara la petición por haber sido interpuesta fuera del plazo legal. La amparista padecía hidrocefalia y la Corte, con remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, admitió su recurso extraordinario.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el recurso extraordinario de una mujer, revocó la sentencia impugnada del Tribunal Superior de la provincia de Entre Ríos, y ordenó la reafiliación de la actora a la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), “en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley 48”.

La decisión fue adoptada por los Ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, quienes se remitieron “en razón de brevedad” al dictamen de la Procuradora Fiscal, alegando que en dicho documento “las cuestiones planteadas encuentran adecuada respuesta”.
De modo puntual, la Procuradora destacó en su dictamen que en casos vinculados a la cobertura de prestaciones de la salud la Corte “ha interpretado que toca a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan este tipo de pedidos, para lo cual deben encauzar los trámites por las vías expeditivas e impedir que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela constitucional”.
En el caso, una mujer solicitó al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) que se la afilie en calidad de “hija mayor de edad de titular obligatorio” (su madre). La mujer padecía hidrocefalia. Ante la negativa de la entidad, la afectada interpuso un amparo para solicitar su reafiliación al IOSPER, pues ella ya había estado afiliada en calidad de “hija menor de edad” e “hija mayor de edad, hasta los veinticinco años”.
Por su parte, el IOSPER alegó que la solicitud de la mujer había sido interpuesta con plazo vencido y que no era viable porque, por una resolución de la propia obra social, no era factible la incorporación voluntaria de personas con padecimientos preexistentes de esa índole. No obstante, la Cámara que intervino en el caso admitió la petición de la mujer.
Sin embargo, el IOSPER interpuso un recurso ante el Tribunal Superior local, y éste admitió su impugnación y rechazó el amparo. El Alto Tribunal provincial consideró que el reclamo de la actora fue interpuesto cuando ya había vencido el plazo que la ley prevé para estos casos. Esta sentencia fue impugnada por la amparista, quien sostuvo que el fallo atacado era injusto y arbitrario.
Primero, la Procuradora Fiscal indicó que la actora “gozó de los beneficios asistenciales del Instituto de Obra Social de la Provincia, desde 1985 y hasta que cumplió veinticinco años de edad, en 2005, como integrante del núcleo familiar primario de la titular de la afiliación (su progenitora, empleada provincial)”.
Luego, la funcionaria del Ministerio Público se remitió a un informe pericial en el que se explicaba la situación de salud de la actora, su padecimiento, y su dependencia absoluta a una válvula de derivación ventrículo peritoneal.
La Procuradora también destacó que, según el médico forense, “el padecimiento de la accionante es grave”, pues “si bien puede realizar una vida casi normal, es una persona discapacitada para una serie de actividades” y “su vida depende del buen funcionamiento de la válvula que le fue implantada, pudiendo exigir, en caso de obstrucción, urgente atención médica y peligrando su vida de no recibirla”.
Acto seguido, la funcionaria afirmó que “a la luz de los intereses en juego”, resultaba aplicable la doctrina “que descalifica el excesivo ritualismo, en particular, cuando se hallan comprometidos derechos constitucionales como la vida y la salud”.
Dicho eso, la Procuradora explicó que “la caducidad de plazo en que basó su decisión el Alto Tribunal entrerriano “no constituye un escollo insalvable a lo requerido, en la medida en que con la acción incoada se denuncia una arbitrariedad o ilegalidad continuada, originada antes de recurrir a la Justicia, pero mantenida al momento de acción y también en el tiempo ulterior”.
Asimismo, la funcionaria aseveró que “la sentencia que rechazó el amparo no apreció, como es menester, la cuestión que la accionante llevó para su consideración dado que, desde que se dedujo el reclamo, la actora hizo saber de la necesidad de que le restablezcan la cobertura médica y se ocupó de acreditar la persistencia de sus problemas de salud e incapacidad”.
Finalmente, la funcionaria destacó que al obrar como lo hizo, el IOSPER “faltó al compromiso que, como ente de la seguridad social, contrajo con su afiliada, al punto tal de comprometer sus derechos constitucionales”.
Dju