Antonio González es periodista del diario 'Público'
Fuente: elglobal.net
Qué debe primar en caso de conflicto, la voluntad del paciente o la lex artis médica? Nadie duda de que la existencia de unos procedimientos reconocidos como correctos en la práctica clínica, y por tanto exigibles como garantía ante los tribunales por parte de los pacientes, resulta esencial para asegurar una buena asistencia sanitaria. Sin embargo, a veces se dan situaciones en las que el respeto a ultranza de la lex artis o, más bien, su uso como escudo, puede acabar suponiendo una merma en los derechos de los pacientes, sobre todo, a la hora de expresar y hacer cumplir su voluntad. Es ese terreno difuso que separa a veces la vida de la muerte, esa fase terminal que trata de regular el proyecto de ley de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida, aunque les pese a los médicos, como Ley de Muerte Digna.
La norma despertó polémica desde sus inicios, alentada sobre todo por los sectores más reaccionarios de la sociedad, que ven bajo este texto un intento del Gobierno de regular la eutanasia por la vía de los hechos consumados, una vez que el PSOE ha renunciado a abordar el tema por las claras, como planteó su programa de 2004. La norma se inspira en la norma andaluza y descansa sobre muchos de los contenidos de la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que impulsó en su día con acierto Ana Pastor, aunque después su cumplimento se haya topado con las limitaciones que siempre impone la realidad del día a día de la sanidad española.
Si bien es cierto que la ley de Leire Pajín no aporta grandes novedades y ha creado insatisfacción entre los votantes socialistas que creen que es el momento de regular la eutanasia, hay que reconocerle valentía a la hora de poner la voluntad del paciente en primer lugar, alejándose del paternalismo con el que se trataba a muchos de estos enfermos, como si fueran incapaces de decidir sobre su propia vida. Al hacer preeminente la voluntad del paciente se limita, como es lógico, la responsabilidad del profesional, evitando así que el futuro puedan repetirse de nuevo episodios como el linchamiento mediático-político del doctor Luis Montes.
Los colegios de médicos y los especialistas en cuidados paliativos, encuadrados en la Secpal, entienden que el proyecto "obliga" al facultativo ejecutar las instrucciones los pacientes "aunque éstas sean contrarias a la lex artis", algo que no aceptan, ya que creen que podría abrir la puerta a despenalizar la mala praxis médica. En este contexto, reclaman una vuelta al espíritu de la ley de 2002, donde, en caso de desacuerdo, prima el criterio del facultativo a través de la lex artis. Lo malo es cuando esa lex artis se desvirtúa y se amolda a las creencias religiosas del profesional, y sobre todo cuando esas creencias son distintas a las del paciente. Por mucho que nos digan que eso no ocurre nunca.
Fuente: elglobal.net
Qué debe primar en caso de conflicto, la voluntad del paciente o la lex artis médica? Nadie duda de que la existencia de unos procedimientos reconocidos como correctos en la práctica clínica, y por tanto exigibles como garantía ante los tribunales por parte de los pacientes, resulta esencial para asegurar una buena asistencia sanitaria. Sin embargo, a veces se dan situaciones en las que el respeto a ultranza de la lex artis o, más bien, su uso como escudo, puede acabar suponiendo una merma en los derechos de los pacientes, sobre todo, a la hora de expresar y hacer cumplir su voluntad. Es ese terreno difuso que separa a veces la vida de la muerte, esa fase terminal que trata de regular el proyecto de ley de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, más conocida, aunque les pese a los médicos, como Ley de Muerte Digna.
La norma despertó polémica desde sus inicios, alentada sobre todo por los sectores más reaccionarios de la sociedad, que ven bajo este texto un intento del Gobierno de regular la eutanasia por la vía de los hechos consumados, una vez que el PSOE ha renunciado a abordar el tema por las claras, como planteó su programa de 2004. La norma se inspira en la norma andaluza y descansa sobre muchos de los contenidos de la Ley de Autonomía del Paciente de 2002, que impulsó en su día con acierto Ana Pastor, aunque después su cumplimento se haya topado con las limitaciones que siempre impone la realidad del día a día de la sanidad española.
Si bien es cierto que la ley de Leire Pajín no aporta grandes novedades y ha creado insatisfacción entre los votantes socialistas que creen que es el momento de regular la eutanasia, hay que reconocerle valentía a la hora de poner la voluntad del paciente en primer lugar, alejándose del paternalismo con el que se trataba a muchos de estos enfermos, como si fueran incapaces de decidir sobre su propia vida. Al hacer preeminente la voluntad del paciente se limita, como es lógico, la responsabilidad del profesional, evitando así que el futuro puedan repetirse de nuevo episodios como el linchamiento mediático-político del doctor Luis Montes.
Los colegios de médicos y los especialistas en cuidados paliativos, encuadrados en la Secpal, entienden que el proyecto "obliga" al facultativo ejecutar las instrucciones los pacientes "aunque éstas sean contrarias a la lex artis", algo que no aceptan, ya que creen que podría abrir la puerta a despenalizar la mala praxis médica. En este contexto, reclaman una vuelta al espíritu de la ley de 2002, donde, en caso de desacuerdo, prima el criterio del facultativo a través de la lex artis. Lo malo es cuando esa lex artis se desvirtúa y se amolda a las creencias religiosas del profesional, y sobre todo cuando esas creencias son distintas a las del paciente. Por mucho que nos digan que eso no ocurre nunca.
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