Fuente: Dirio El Pais de Montevideo
D. FRIEDMANN / P. BARQUET
Ginecólogos y traumatólogos son los especialistas más demandados en Uruguay. Sin embargo, los juicios -que duran hasta 10 años- son una mínima expresión de los errores. El MSP relevará las fallas para saber cuáles son más frecuentes.
Un sistema que falla. Pacientes que desconocen los riesgos a los que se exponen. Personal médico que no sigue las recomendaciones para minimizar errores. Instituciones que no aceptan mediaciones extrajudiciales. Juicios que demoran hasta diez años. Prestigios de médicos que quedan todo ese tiempo en entredicho. Familias que después de una década llegan a cobrar, como máximo, US$ 30.000 por un allegado muerto debido a mala praxis.
Así describieron la situación varios especialistas consultados por El País. Sin embargo, también destacaron que el gobierno y algunas instituciones encaran medidas para intentar disminuir este tipo de situaciones. (ver nota aparte)
Como en la mayoría de las cuestiones médicas, también en mala praxis Uruguay carece de estadísticas. De todos modos, hay consenso en algunas fallas que se reiteran: operar a un paciente en lugar de otro o hacerlo del lado equivocado e incluso efectuarle un procedimiento equivocado. Los "olvidos" de objetos dentro del enfermo -llamados técnicamente oblitos- como gasas, compresas o instrumental metálico también están identificados entre los errores médicos más habituales.
Antonio Turnes es una referencia en el tema. Ex administrador del Sindicato Médico del Uruguay y ex integrante de la Comisión Honoraria de Salud Pública -que analiza si hubo negligencia, impericia u omisión en profesionales de la salud-, es actualmente secretario de SAIP, una cooperativa de cobertura de riesgo por mala praxis. Por ese sistema opta un tercio de los médicos uruguayos, unos 5.000 profesionales, y unos 500 odontólogos.
Los seguros son necesarios para todas las especialidades, dice Turnes, aunque algunas -Ginecología y obstetricia, Traumatología, Oftalmología, Cirugía plástica y Cirugía general- son las que concentran más reclamos. Pero también los reciben disciplinas como Psiquiatría -cuando fallece un paciente, por ejemplo- o Dermatología -en la última década, desde que comenzaron a efectuar procedimientos quirúrgicos-.
El SAIP recibe unos cien casos de reclamos judiciales por año (civiles y penales). De ellos, alrededor del 30% tiene "alguna chance" de prosperar. La cooperativa también les brinda protección a los asegurados cuando son sumariados: entre 20 y 30 por año.
De todos modos, Turnes cree que los juicios representan una "mínima expresión" del problema. En eso coincide Pedro Montano, profesor agregado de Derecho Penal y doctor en Derecho con tesis en Derecho y Medicina.
En lo que ambos también están de acuerdo es en cuestionar ciertas acciones u omisiones de las instituciones de salud.
Las comisiones de seguridad del paciente, dispuestas por el Sistema Nacional de Salud, fueron incluidas a partir de la reforma, pero son organismos a los que no se les da mucha jerarquía, señala Turnes. "Lo toman como un adorno, no les dan la importancia debida", opina. "En este tema se carga mucho las tintas sobre los profesionales, pero hay un actor muy importante, la institución, por la organización del trabajo. En la medida que no se corrige, estamos trabajando sin normas", dice.
Montano, por su parte, cuenta que las instituciones no suelen estar abiertas a escuchar los reclamos de los pacientes y a poder llegar a un acuerdo por vía extrajudicial, a través del diálogo o la negociación.
"Ante cualquier planteo la respuesta suele ser un portazo. Ni lo reciben a uno", afirma. Cuando hay un reclamo, lo que suele encontrarse el paciente es un trato "bastante frío", hasta "inhumano", dice el especialista. Esperas y más esperas para luego no obtener respuesta suelen ser, en vez de la excepción, la regla. Es que, en general, lo que les preocupa a las instituciones es "el aspecto patrimonial pero no el prestigio de los médicos, que son los grandes perdedores", opina el profesor.
Para Montano en este tema se produce una especie de "círculo vicioso". "Lamentablemente ha habido más demandas porque los usuarios del sistema de salud han tomado más conciencia de sus derechos y los médicos no han sabido generar sistemas de solución de conflictos extrajudiciales", dice.
Y agrega: "Los médicos no están formados para enfrentar a los pacientes sino para acompañarlos, ayudarlos y por eso no se desempeñan bien cuando hay reclamaciones. El desprestigio repercute en el conjunto de la profesión. Este desprestigio a su vez genera más demandas".
Ambos expertos creen también que el Ministerio no ha hecho todo lo posible para mejorar la situación.
Turnes recuerda que la ley 18.335, luego reglamentada, referida a derechos de los usuarios estableció que es obligatorio el uso del consentimiento informado. Ese documento brinda una información completa y veraz sobre cualquier maniobra diagnóstica o terapéutica que se le proponga al paciente.
"Sin embargo, la autoridad sanitaria, el MSP, no ha hecho nada para pautar cuáles son los formularios que se deberían utilizar para el consentimiento informado y estamos utilizando material de otros países", señala Turnes. "Las instituciones en general tienen un formulario que es válido para que le abran el cráneo o le saquen una verruga, y no sirve para nada. Hay que ponerse un chip nuevo y acelerar los procesos. El consentimiento no puede ser más tácito", sostiene.
Por su parte, Montano señala que la ley 18.211 -que creó y estableció el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud- establece que las autoridades deben generar mecanismos de solución de diferendos, pero cree que en la práctica no son eficaces. Para él, la institución que logra acuerdos ventajosos para ambas partes es la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud (ADUS).
Quienes se sienten afectados por mala praxis tienen, además de la negociación extrajudicial, tres vías para reclamar: civil, penal y administrativa (a través del MSP). Según datos del SAIP, dos tercios de los juicios son civiles. "Calcule diez años en una demanda civil entre primera instancia, segunda instancia y casación. Y no crea que las instituciones buscan llegar a un acuerdo antes", dice Montano.
Como ejemplo citó el caso de la familia de Juan C., un niño de nueve años que, tras ser operado en 2001 en el Instituto de Cardiología Infantil, fue contagiado con VIH por vía transfusional. La Justicia falló en primera instancia este mes a favor de su familia, pero luego apelaron las tres instituciones involucradas.
Si bien no hay una cifra fija de reparación, en general los jueces fijan una indemnización de US$ 30.000 cuando el familiar del demandante falleció por mala praxis. "Después de diez años, cuando la persona obtiene eso, lo siente como un insulto", cuenta Montano. Los únicos casos en que se ha indemnizado con un monto mayor es cuando la persona quedó incapacitada de gravedad.
Además, en el proceso los demandantes deben pasar por situaciones dolorosas. Su abogado tiene que, por ejemplo, probar que sufrió por la muerte del familiar. Un absurdo que aumenta aún más su dolor.
D. FRIEDMANN / P. BARQUET
Ginecólogos y traumatólogos son los especialistas más demandados en Uruguay. Sin embargo, los juicios -que duran hasta 10 años- son una mínima expresión de los errores. El MSP relevará las fallas para saber cuáles son más frecuentes.
Un sistema que falla. Pacientes que desconocen los riesgos a los que se exponen. Personal médico que no sigue las recomendaciones para minimizar errores. Instituciones que no aceptan mediaciones extrajudiciales. Juicios que demoran hasta diez años. Prestigios de médicos que quedan todo ese tiempo en entredicho. Familias que después de una década llegan a cobrar, como máximo, US$ 30.000 por un allegado muerto debido a mala praxis.
Así describieron la situación varios especialistas consultados por El País. Sin embargo, también destacaron que el gobierno y algunas instituciones encaran medidas para intentar disminuir este tipo de situaciones. (ver nota aparte)
Como en la mayoría de las cuestiones médicas, también en mala praxis Uruguay carece de estadísticas. De todos modos, hay consenso en algunas fallas que se reiteran: operar a un paciente en lugar de otro o hacerlo del lado equivocado e incluso efectuarle un procedimiento equivocado. Los "olvidos" de objetos dentro del enfermo -llamados técnicamente oblitos- como gasas, compresas o instrumental metálico también están identificados entre los errores médicos más habituales.
Antonio Turnes es una referencia en el tema. Ex administrador del Sindicato Médico del Uruguay y ex integrante de la Comisión Honoraria de Salud Pública -que analiza si hubo negligencia, impericia u omisión en profesionales de la salud-, es actualmente secretario de SAIP, una cooperativa de cobertura de riesgo por mala praxis. Por ese sistema opta un tercio de los médicos uruguayos, unos 5.000 profesionales, y unos 500 odontólogos.
Los seguros son necesarios para todas las especialidades, dice Turnes, aunque algunas -Ginecología y obstetricia, Traumatología, Oftalmología, Cirugía plástica y Cirugía general- son las que concentran más reclamos. Pero también los reciben disciplinas como Psiquiatría -cuando fallece un paciente, por ejemplo- o Dermatología -en la última década, desde que comenzaron a efectuar procedimientos quirúrgicos-.
El SAIP recibe unos cien casos de reclamos judiciales por año (civiles y penales). De ellos, alrededor del 30% tiene "alguna chance" de prosperar. La cooperativa también les brinda protección a los asegurados cuando son sumariados: entre 20 y 30 por año.
De todos modos, Turnes cree que los juicios representan una "mínima expresión" del problema. En eso coincide Pedro Montano, profesor agregado de Derecho Penal y doctor en Derecho con tesis en Derecho y Medicina.
En lo que ambos también están de acuerdo es en cuestionar ciertas acciones u omisiones de las instituciones de salud.
Las comisiones de seguridad del paciente, dispuestas por el Sistema Nacional de Salud, fueron incluidas a partir de la reforma, pero son organismos a los que no se les da mucha jerarquía, señala Turnes. "Lo toman como un adorno, no les dan la importancia debida", opina. "En este tema se carga mucho las tintas sobre los profesionales, pero hay un actor muy importante, la institución, por la organización del trabajo. En la medida que no se corrige, estamos trabajando sin normas", dice.
Montano, por su parte, cuenta que las instituciones no suelen estar abiertas a escuchar los reclamos de los pacientes y a poder llegar a un acuerdo por vía extrajudicial, a través del diálogo o la negociación.
"Ante cualquier planteo la respuesta suele ser un portazo. Ni lo reciben a uno", afirma. Cuando hay un reclamo, lo que suele encontrarse el paciente es un trato "bastante frío", hasta "inhumano", dice el especialista. Esperas y más esperas para luego no obtener respuesta suelen ser, en vez de la excepción, la regla. Es que, en general, lo que les preocupa a las instituciones es "el aspecto patrimonial pero no el prestigio de los médicos, que son los grandes perdedores", opina el profesor.
Para Montano en este tema se produce una especie de "círculo vicioso". "Lamentablemente ha habido más demandas porque los usuarios del sistema de salud han tomado más conciencia de sus derechos y los médicos no han sabido generar sistemas de solución de conflictos extrajudiciales", dice.
Y agrega: "Los médicos no están formados para enfrentar a los pacientes sino para acompañarlos, ayudarlos y por eso no se desempeñan bien cuando hay reclamaciones. El desprestigio repercute en el conjunto de la profesión. Este desprestigio a su vez genera más demandas".
Ambos expertos creen también que el Ministerio no ha hecho todo lo posible para mejorar la situación.
Turnes recuerda que la ley 18.335, luego reglamentada, referida a derechos de los usuarios estableció que es obligatorio el uso del consentimiento informado. Ese documento brinda una información completa y veraz sobre cualquier maniobra diagnóstica o terapéutica que se le proponga al paciente.
"Sin embargo, la autoridad sanitaria, el MSP, no ha hecho nada para pautar cuáles son los formularios que se deberían utilizar para el consentimiento informado y estamos utilizando material de otros países", señala Turnes. "Las instituciones en general tienen un formulario que es válido para que le abran el cráneo o le saquen una verruga, y no sirve para nada. Hay que ponerse un chip nuevo y acelerar los procesos. El consentimiento no puede ser más tácito", sostiene.
Por su parte, Montano señala que la ley 18.211 -que creó y estableció el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud- establece que las autoridades deben generar mecanismos de solución de diferendos, pero cree que en la práctica no son eficaces. Para él, la institución que logra acuerdos ventajosos para ambas partes es la Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud (ADUS).
Quienes se sienten afectados por mala praxis tienen, además de la negociación extrajudicial, tres vías para reclamar: civil, penal y administrativa (a través del MSP). Según datos del SAIP, dos tercios de los juicios son civiles. "Calcule diez años en una demanda civil entre primera instancia, segunda instancia y casación. Y no crea que las instituciones buscan llegar a un acuerdo antes", dice Montano.
Como ejemplo citó el caso de la familia de Juan C., un niño de nueve años que, tras ser operado en 2001 en el Instituto de Cardiología Infantil, fue contagiado con VIH por vía transfusional. La Justicia falló en primera instancia este mes a favor de su familia, pero luego apelaron las tres instituciones involucradas.
Si bien no hay una cifra fija de reparación, en general los jueces fijan una indemnización de US$ 30.000 cuando el familiar del demandante falleció por mala praxis. "Después de diez años, cuando la persona obtiene eso, lo siente como un insulto", cuenta Montano. Los únicos casos en que se ha indemnizado con un monto mayor es cuando la persona quedó incapacitada de gravedad.
Además, en el proceso los demandantes deben pasar por situaciones dolorosas. Su abogado tiene que, por ejemplo, probar que sufrió por la muerte del familiar. Un absurdo que aumenta aún más su dolor.
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