Costa Rica en un laberinto para aprobar fecundación in vitro en plazo de CIDH
09 de abril de 2011 • 11:25
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Costa Rica se encuentra en medio de un laberinto legal-moral
que impediría aprobar la técnica de fecundación in vitro antes del 31 de
mayo, plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para evitar un juicio internacional contra este país. Dos
proyectos de ley en el Congreso, la oposición rotunda de la Iglesia
católica y de grupos evangélicos y la falta de impulso al tema por parte
del Ejecutivo son algunos obstáculos que afronta Costa Rica, el único
país de toda América donde este tratamiento médico está prohibido.
Costa Rica se encuentra en una incómoda posición desde septiembre pasado, cuando la CIDH advirtió de que viola los derechos humanos al mantener, desde hace 11 años, una prohibición a este procedimiento de fecundación asistida.
Si no acata la recomendación de la Comisión, la nación centroamericana se expone a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede precisamente en San José.
Para evitar este escenario, el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla trabajó a toda máquina a finales de 2010 y envió al Congreso un proyecto de ley que abría la puerta a la fecundación in vitro, pero con la condición de que en el procedimiento no se puedan congelar óvulos fecundados.
Además, el plan prevé que todos los óvulos deben ser implantados en el útero de la mujer que los creó, lo que difiere de la técnica que se aplica en el resto del mundo donde se fecundan múltiples óvulos y se implantan algunos mientras el resto se almacenan, pues a veces se requiere de varios ciclos para lograr un embarazo exitoso.
La diputada del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) y expresidenta de la comisión legislativa que estudió el proyecto, María Eugenia Venegas, explicó a Efe que ese texto ya se encuentra listo para ser votado en plenaria, pero no cuenta con el respaldo de ninguna bancada pues es un proyecto "insuficiente" y "violatorio" de los derechos de las mujeres.
A la propuesta del Gobierno se oponen también grupos civiles y hasta la Defensoría de los Habitantes.
Ante este panorama, un grupo de 18 diputados de cuatro bancadas presentó esta semana un nuevo proyecto de ley que, aseguran, cumple "todas las recomendaciones hechas al país por la CIDH".
Para Venegas, "la nueva propuesta es la mejor opción que tiene el país para cumplir con la obligación de regular la técnica, garantizando los derechos humanos de las mujeres y las familias".
El nuevo texto permite el almacenamiento de óvulos fecundados pero sanciona su comercialización, experimentación y destrucción, y además establece la obligatoriedad de que la técnica sea brindada en los hospitales de la seguridad social costarricense.
Los mayores enemigos de ambas propuestas son, por ahora, el tiempo y los grupos religiosos.
La CIDH dio de plazo hasta el 31 de mayo al país para subsanar la situación en que se encuentra, pero en el Congreso hay pocas, o casi ninguna, esperanza de que se apruebe una ley sobre fecundación in vitro antes de esa fecha.
Además, la Iglesia católica (religión oficial de Costa Rica) y las denominaciones evangélicas ejercen presión para que esta práctica no sea aprobada.
Inclusive Benedicto XVI pidió en diciembre a Chinchilla, quien es una católica devota, que no legalice esta técnica médica pues, de acuerdo con la Iglesia católica, viola el derecho a la vida del no nacido.
En el Gobierno mantienen un tímido optimismo de que el asunto no sea elevado a la Corte, y se ha informado sobre una solicitud, no oficial, para que la CIDH dé más tiempo al país.
La ministra de Salud, María Luisa Ávila, dijo a Efe que confía en que los diputados puedan sacar adelante el caso y evitar que el país se siente en el banquillo de los acusados, aunque reconoció que el panorama no es demasiado positivo.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Gobierno que coloque en el primer lugar de la agenda del Congreso el proyecto de fundación un vitro, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
Para Venegas, así como otros diputados y grupos civiles, el escenario más probable es que Costa Rica sea enjuiciada en los próximos años en la Corte Interamericana por este asunto.
Costa Rica se encuentra en una incómoda posición desde septiembre pasado, cuando la CIDH advirtió de que viola los derechos humanos al mantener, desde hace 11 años, una prohibición a este procedimiento de fecundación asistida.
Si no acata la recomendación de la Comisión, la nación centroamericana se expone a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede precisamente en San José.
Para evitar este escenario, el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla trabajó a toda máquina a finales de 2010 y envió al Congreso un proyecto de ley que abría la puerta a la fecundación in vitro, pero con la condición de que en el procedimiento no se puedan congelar óvulos fecundados.
Además, el plan prevé que todos los óvulos deben ser implantados en el útero de la mujer que los creó, lo que difiere de la técnica que se aplica en el resto del mundo donde se fecundan múltiples óvulos y se implantan algunos mientras el resto se almacenan, pues a veces se requiere de varios ciclos para lograr un embarazo exitoso.
La diputada del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) y expresidenta de la comisión legislativa que estudió el proyecto, María Eugenia Venegas, explicó a Efe que ese texto ya se encuentra listo para ser votado en plenaria, pero no cuenta con el respaldo de ninguna bancada pues es un proyecto "insuficiente" y "violatorio" de los derechos de las mujeres.
A la propuesta del Gobierno se oponen también grupos civiles y hasta la Defensoría de los Habitantes.
Ante este panorama, un grupo de 18 diputados de cuatro bancadas presentó esta semana un nuevo proyecto de ley que, aseguran, cumple "todas las recomendaciones hechas al país por la CIDH".
Para Venegas, "la nueva propuesta es la mejor opción que tiene el país para cumplir con la obligación de regular la técnica, garantizando los derechos humanos de las mujeres y las familias".
El nuevo texto permite el almacenamiento de óvulos fecundados pero sanciona su comercialización, experimentación y destrucción, y además establece la obligatoriedad de que la técnica sea brindada en los hospitales de la seguridad social costarricense.
Los mayores enemigos de ambas propuestas son, por ahora, el tiempo y los grupos religiosos.
La CIDH dio de plazo hasta el 31 de mayo al país para subsanar la situación en que se encuentra, pero en el Congreso hay pocas, o casi ninguna, esperanza de que se apruebe una ley sobre fecundación in vitro antes de esa fecha.
Además, la Iglesia católica (religión oficial de Costa Rica) y las denominaciones evangélicas ejercen presión para que esta práctica no sea aprobada.
Inclusive Benedicto XVI pidió en diciembre a Chinchilla, quien es una católica devota, que no legalice esta técnica médica pues, de acuerdo con la Iglesia católica, viola el derecho a la vida del no nacido.
En el Gobierno mantienen un tímido optimismo de que el asunto no sea elevado a la Corte, y se ha informado sobre una solicitud, no oficial, para que la CIDH dé más tiempo al país.
La ministra de Salud, María Luisa Ávila, dijo a Efe que confía en que los diputados puedan sacar adelante el caso y evitar que el país se siente en el banquillo de los acusados, aunque reconoció que el panorama no es demasiado positivo.
La Defensoría de los Habitantes solicitó al Gobierno que coloque en el primer lugar de la agenda del Congreso el proyecto de fundación un vitro, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
Para Venegas, así como otros diputados y grupos civiles, el escenario más probable es que Costa Rica sea enjuiciada en los próximos años en la Corte Interamericana por este asunto.
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