miércoles, 6 de abril de 2011

EN 2010 CONAMED RECIBIÓ 1.652 QUEJAS POR NEGLIGENCIA MÉDICA


Aunque se contrata aseguradoras para la defensa de médicos, no se cuenta con abogados especialistas en derecho sanitario y es común perder los casos, señala el ex director jurídico de la comisión, Alberto Guerrero.
Alfredo Méndez
FUENTE: jornada.unam.mx

México, DF. En 2010, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió mil 652 quejas de usuarios insatisfechos por los servicios médicos o que consideran hubo actos de negligencia médica, cien más que las que atiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en promedio, de acuerdo con información estadística de la Secretaría de Salud (SSA).
En años anteriores el número de quejas no fue menor.
Por ejemplo, entre 2005 y 2008 las quejas sumaron dos mil 346 expedientes tramitados en la Conamed.
Algunos inconformes presentan denuncias para obtener alguna indemnización. Otros se quedan con la duda y la impotencia.

El abogado experto en derecho sanitario, Alberto Guerrero, ex director jurídico de la Conamed refirió en entrevista con La Jornada que los organismos del sector público contratan cada dos años un seguro privado para defender a sus médicos de cualquier demanda por prácticas médicas indebidas y negligentes.
“El problema es que las autoridades de la Secretaría de Salud no exigen que las aseguradoras cuenten con abogados especialistas en derecho sanitario, por lo que es muy común que pierdan los casos en tribunales y terminen pagando indemnizaciones millonarias, cuando no en todos los casos los médicos son plenamente responsables”, dijo el litigante.
Lucero Mejía Hernández tenía 19 años de edad cuando perdió su matriz. En julio de 2005, mientras nacía su segunda hija en el Hospital General de Zona número 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coacalco, estado de México, los médicos que le practicaron la cesárea le dejaron restos placentarios, y eso le provocó infecciones. El resultado fue la obligada extirpación de la matriz, útero, salpinge y un ovario de la joven, lo que le impedirá a tener más hijos.
La familia de Marisol decidió demandar al médico general Yaneth Rosalba Malaga Correa, quien atendió la cesárea. Otros dos profesionales de la medicina, identificados como Aiza Torres Ayón y Alfredo Rosas, también fueron denunciados, “porque no legraron a tiempo para evitar la infección interina”, dijo en entrevista Alfonso Mejía, padre de la afectada.
En agosto de 2005, Lucero y su padre presentaron ante la Conamed una queja contra los médicos del IMSS que provocaron la perdida de diversos órganos de la mujer.
La autoridad admitió la queja. Después de estudiar el caso, el Seguro Social admitió el error de los médicos y fijó una indemnización para Lucero de 150 mil pesos.
“Consideramos que esa indemnización es una burla y no cubre el daño físico y moral ocasionado a mi hija, por lo que no la aceptamos y nos inconformamos para seguir los tramites litigiosos contra el IMSS, solicitando 2 millones de pesos de indemnización”, añadió Alfonso Mejía.
El Seguro Social se negó a cubrir la petición de la familia Mejía Hernández, por lo que la afectada presentó una denuncia penal contra los médicos y el IMSS ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En el inter de este litigio, los denunciantes denunciaron también el supuesto extravío del expediente médico de Lucero Mejía y recién nacida hija.
Durante las investigaciones a quedo pericialmente acreditado, tanto con informes de expertos, como con declaraciones de una decena de médicos, que Lucero fue víctima de negligencia médica que le ocasión lesiones de por vida a los 19 años de edad. Aún está pendiente el resolutivo final de la PGR y de la Conamed.
Otro caso que implicó una demanda contra un médico de un hospital público ocurrió en 2008.
Gustavo Gracidas Martínez, secretario de Estudio y Cuenta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, demandó al oftalmólogo del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Jaime Villaseñor Diez, por presunta impericia, falta de previsión y negligencia médica. El demandante exigió al galeno 8 millones de pesos de indemnización.
El empleado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue operado en el año 2005 en el Hospital Adolfo López Mateos, dependiente del ISSSTE, para corregir un problema de catarata en el ojo derecho, pero tras la intervención quirúrgica el paciente tuvo una pérdida de visión en ese ojo hasta en un 90 por ciento.
Gracidas Martínez fue defendido por abogados de la empresa Corporativo Jurídico Sanitario (CJS) SA de CV –una empresa mexicana integrada por abogados especialistas en derecho sanitario- y ganó el pleito judicial al trabajador de la SCJN.
Este litigio se desahogó en el juzgado 14 civil, dependiente del TSJDF (expediente 668/07).  El 21 de septiembre de 2010, después de tres años de juicio, el juez Fernando Aparicio Rodríguez absolvió al médico del ISSSTE y a la propia institución de cualquier responsabilidad civil.
“El 20 de julio de 2005, el paciente Gustavo Gracidas fue intervenido quirúrgicamente de facoemulsificación de catarata en el ojo derecho bajo anestesia retrobulbar”, argumento el juzgador en el cuerpo de su resolución.
Agregó que “el edema corneal postquirúrgico en cirugía de catarata con colocación de lente intraocular es una reacción muy común, pues deriva de falla de los mecanismo compensadores de la bomba endotelial y no está relacionado con deficiencias en la cirugía, sino con la respuesta individual de los paciente.
“(En el caso de Gustavo Gracidas) dicha deficiencia, se vio favorecida en el caso a estudio, por la manipulación quirúrgica y la presencia del lente intraocular, es decir, se trato de un riesgo inherente, sin que el doctor Villaseñor Diez tuviera elementos clínicos para sospecharlo, prevenirlo o evitarlo” resolvió el juez Aparicio.