Aunque se contrata aseguradoras
para la defensa de médicos, no se cuenta con abogados especialistas en
derecho sanitario y es común perder los casos, señala el ex director
jurídico de la comisión, Alberto Guerrero.
Alfredo Méndez
FUENTE: jornada.unam.mx
FUENTE: jornada.unam.mx
México, DF. En
2010, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) recibió
mil 652 quejas de usuarios insatisfechos por los servicios médicos o
que consideran hubo actos de negligencia médica, cien más que las
que atiende la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en
promedio, de acuerdo con información estadística de la Secretaría
de Salud (SSA).
En años anteriores el
número de quejas no fue menor.
Por ejemplo, entre 2005 y
2008 las quejas sumaron dos mil 346 expedientes tramitados en la
Conamed.
Algunos inconformes
presentan denuncias para obtener alguna indemnización. Otros se
quedan con la duda y la impotencia.
El abogado experto en
derecho sanitario, Alberto Guerrero, ex director jurídico de la
Conamed refirió en entrevista con La Jornada que los
organismos del sector público contratan cada dos años un seguro
privado para defender a sus médicos de cualquier demanda por
prácticas médicas indebidas y negligentes.
“El problema es que las
autoridades de la Secretaría de Salud no exigen que las aseguradoras
cuenten con abogados especialistas en derecho sanitario, por lo que
es muy común que pierdan los casos en tribunales y terminen pagando
indemnizaciones millonarias, cuando no en todos los casos los médicos
son plenamente responsables”, dijo el litigante.
Lucero Mejía Hernández
tenía 19 años de edad cuando perdió su matriz. En julio de 2005,
mientras nacía su segunda hija en el Hospital General de Zona número
98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coacalco,
estado de México, los médicos que le practicaron la cesárea le
dejaron restos placentarios, y eso le provocó infecciones. El
resultado fue la obligada extirpación de la matriz, útero, salpinge
y un ovario de la joven, lo que le impedirá a tener más hijos.
La familia de Marisol
decidió demandar al médico general Yaneth Rosalba Malaga Correa,
quien atendió la cesárea. Otros dos profesionales de la medicina,
identificados como Aiza Torres Ayón y Alfredo Rosas, también fueron
denunciados, “porque no legraron a tiempo para evitar la infección
interina”, dijo en entrevista Alfonso Mejía, padre de la afectada.
En agosto de 2005, Lucero
y su padre presentaron ante la Conamed una queja contra los médicos
del IMSS que provocaron la perdida de diversos órganos de la mujer.
La autoridad admitió la
queja. Después de estudiar el caso, el Seguro Social admitió el
error de los médicos y fijó una indemnización para Lucero de 150
mil pesos.
“Consideramos que esa
indemnización es una burla y no cubre el daño físico y moral
ocasionado a mi hija, por lo que no la aceptamos y nos inconformamos
para seguir los tramites litigiosos contra el IMSS, solicitando 2
millones de pesos de indemnización”, añadió Alfonso Mejía.
El Seguro Social se negó
a cubrir la petición de la familia Mejía Hernández, por lo que la
afectada presentó una denuncia penal contra los médicos y el IMSS
ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En el inter de este
litigio, los denunciantes denunciaron también el supuesto extravío
del expediente médico de Lucero Mejía y recién nacida hija.
Durante las
investigaciones a quedo pericialmente acreditado, tanto con informes
de expertos, como con declaraciones de una decena de médicos, que
Lucero fue víctima de negligencia médica que le ocasión lesiones
de por vida a los 19 años de edad. Aún está pendiente el
resolutivo final de la PGR y de la Conamed.
Otro caso que implicó
una demanda contra un médico de un hospital público ocurrió en
2008.
Gustavo Gracidas
Martínez, secretario de Estudio y Cuenta del ministro Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, demandó al oftalmólogo del Instituto de
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
Jaime Villaseñor Diez, por presunta impericia, falta de previsión y
negligencia médica. El demandante exigió al galeno 8 millones de
pesos de indemnización.
El empleado de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue operado en el año 2005 en
el Hospital Adolfo López Mateos, dependiente del ISSSTE, para
corregir un problema de catarata en el ojo derecho, pero tras la
intervención quirúrgica el paciente tuvo una pérdida de visión en
ese ojo hasta en un 90 por ciento.
Gracidas Martínez fue
defendido por abogados de la empresa Corporativo Jurídico Sanitario
(CJS) SA de CV –una empresa mexicana integrada por abogados
especialistas en derecho sanitario- y ganó el pleito judicial al
trabajador de la SCJN.
Este litigio se desahogó
en el juzgado 14 civil, dependiente del TSJDF (expediente 668/07).
El 21 de septiembre de 2010, después de tres años de juicio, el
juez Fernando Aparicio Rodríguez absolvió al médico del ISSSTE y a
la propia institución de cualquier responsabilidad civil.
“El 20 de julio de
2005, el paciente Gustavo Gracidas fue intervenido quirúrgicamente
de facoemulsificación de catarata en el ojo derecho bajo anestesia
retrobulbar”, argumento el juzgador en el cuerpo de su resolución.
Agregó que “el edema
corneal postquirúrgico en cirugía de catarata con colocación de
lente intraocular es una reacción muy común, pues deriva de falla
de los mecanismo compensadores de la bomba endotelial y no está
relacionado con deficiencias en la cirugía, sino con la respuesta
individual de los paciente.
“(En el caso de Gustavo
Gracidas) dicha deficiencia, se vio favorecida en el caso a estudio,
por la manipulación quirúrgica y la presencia del lente
intraocular, es decir, se trato de un riesgo inherente, sin que el
doctor Villaseñor Diez tuviera elementos clínicos para sospecharlo,
prevenirlo o evitarlo” resolvió el juez Aparicio.
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