lunes, 4 de abril de 2011

RECLAMO POR LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS

 Fuente: diariodemadryn.com
El senador nacional Marcelo Guinle reclamó nuevamente al Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, la urgente reglamentación de las leyes 26.396, de Trastornos Alimentarios, que fuera sancionada el 2 de septiembre de 2008 y la 26.529, de los Derechos de los Pacientes, sancionada el 21 de octubre de 2009 y cuyos plazos de reglamentación vencieron en abril de  2010.
“En los últimos dos años, los argentinos hemos logrado avanzar en leyes claves para el ámbito de la salud pública, tales como la prevención y control de los trastornos alimentarios y la ley de los derechos de los pacientes, sin embargo, ninguna de las normas ha sido aún reglamentadas, lo que significa quitarle operatividad a gran parte de sus cláusulas, poniendo a los pacientes, en una situación de indefensión e incertidumbre respecto a sus derechos y las consiguientes obligaciones de las prestatarias de salud”, denunció Guinle.



En su reclamo presentado en el Senado, el legislador chubutense da cuenta de las reiteradas gestiones y reclamos efectuados ante el Ministerio de Salud y el Jefe de Gabinete a fin de hacer plenamente operativa la ley de su autoría que consagra el derecho de los pacientes al acceso irrestricto a su historia clínica y a toda la información relacionada con su salud y posibles tratamientos terapéuticos. Asimismo, denuncia la falta de respuesta por parte de los funcionarios responsables.
Del mismo modo, detalla la falta de avances en lo que respecta a la Ley de Trastornos Alimentarios, norma que prevé un vasto programa de prevención y control, haciendo pleno hincapié en la necesidad de prevenir la obesidad, la bulimia, la anorexia y otros trastornos alimentarios, que lamentablemente no se han implementado a la fecha.
“La importancia de ambas normas para la salud pública y la eficaz defensa de los derechos de los pacientes evidencian la necesidad de proceder con la reglamentación debida, para que se apliquen en su totalidad las leyes, y exista una política más activa en la difusión e implementación de los derechos por ellas reconocidos con la plena aplicación de los mecanismos de control ajustados a derecho previstos en la ley y garantizados por la
Constitución Nacional”, remarcó Guinle.