Fuente: tn.com.ar
Por Guillermo Lobo
La judicialización de la medicina se ha transformado en una realidad tangible en nuestra sociedad. Consultada sobre el tema la Dra. Marisa Aizenberg, Directora Académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, explicó que “Argentina transita un modelo de sociedad litigiosa, atravesada por situaciones que generan un estado de permanente conflicto, que genera una lógica de confrontación judicial, de la que no están exentas las demandas por prestaciones de asistencia sanitaria y los juicios por negligencias médicas”.
“A este esquema se adiciona el aumento de fenómenos violentos interpersonales que vive nuestra sociedad, y que encuentra su reflejo en el ámbito sanitario, en el recrudecimiento de las agresiones hacia los integrantes del equipo de salud, situación que ha contribuido a agravar el problema de la atención sanitaria en general” indica la especialista.
Estudios que está llevando a cabo el Observatorio de Salud, indican en forma preliminar que, a pesar del incremento de los reclamos judiciales, la ciudadanía se muestra igualmente insatisfecha, y sigue existiendo una importante brecha en el acceso a los sistemas de salud y justicia, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables de la población.
La Dra. Aizenberg explica que “nuestra justicia se encuentra colapsada, carece de medios para afrontar el volumen de casos que se presentan en materia de reclamos referidos a prestaciones sanitarias”, y esta preocupación incluso fue expresada por la propia magistratura en la Conferencia Anual de Jueces del año 2010, al considerarlo uno de los temas centrales de tratamiento. Mientras tanto, los litigios ante los tribunales se multiplican, los procedimientos tienden a prolongarse en el tiempo, los gastos ocasionados por dichos procedimientos aumentan, a la par de la insatisfacción de los usuarios del sistema.
Por su parte, la cantidad y complejidad técnica de las leyes que hacen al derecho sanitario, contribuyen a dificultar el acceso a la justicia, siendo la dilación en la resolución de los procedimientos uno de los aspectos más preocupantes de esta problemática, a lo cual deben añadirse otros. Como los derivados de los conflictos de las leyes en un país federal como Argentina, en el que cada provincia se ha reservado para si el dictado de la legislación sanitaria, hecho que dificulta una adecuada articulación de programas y recursos en materia asistencial, a fin de evitar su superposición.
“Todos estos inconvenientes provoca en la práctica, una excesiva judicialización de la salud que dista de lograr su objetivo, cual es el de proteger y amparar al ciudadano”, explica la Dra. Aizemberg.
“Urge por ello repensar estas cuestiones de gran actualidad e indudable trascendencia práctica y abordarlas con madurez y seriedad, teniendo presente que es el Estado quien tiene la obligación de reencauzar la discusión a través de su rol de garante del Derecho de la Salud, en un sistema sanitario fragmentado y desestructurado que vuelve más frágil no solo la posición del paciente, sino como se ha visto en estos últimos tiempos, la de los propios profesionales que integran el equipo de salud, los conflictos se multiplican, las amenazas de juicios también y con ello la inseguridad de pacientes y médicos, afectándose desde todos estos aspectos la prestación del servicio asistencial”, concluye la especialista de la UBA.
observatorioderechoysalud@derecho.uba.ar
La judicialización de la medicina se ha transformado en una realidad tangible en nuestra sociedad. Consultada sobre el tema la Dra. Marisa Aizenberg, Directora Académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, explicó que “Argentina transita un modelo de sociedad litigiosa, atravesada por situaciones que generan un estado de permanente conflicto, que genera una lógica de confrontación judicial, de la que no están exentas las demandas por prestaciones de asistencia sanitaria y los juicios por negligencias médicas”.
“A este esquema se adiciona el aumento de fenómenos violentos interpersonales que vive nuestra sociedad, y que encuentra su reflejo en el ámbito sanitario, en el recrudecimiento de las agresiones hacia los integrantes del equipo de salud, situación que ha contribuido a agravar el problema de la atención sanitaria en general” indica la especialista.
Estudios que está llevando a cabo el Observatorio de Salud, indican en forma preliminar que, a pesar del incremento de los reclamos judiciales, la ciudadanía se muestra igualmente insatisfecha, y sigue existiendo una importante brecha en el acceso a los sistemas de salud y justicia, sobre todo para aquellos sectores más vulnerables de la población.
La Dra. Aizenberg explica que “nuestra justicia se encuentra colapsada, carece de medios para afrontar el volumen de casos que se presentan en materia de reclamos referidos a prestaciones sanitarias”, y esta preocupación incluso fue expresada por la propia magistratura en la Conferencia Anual de Jueces del año 2010, al considerarlo uno de los temas centrales de tratamiento. Mientras tanto, los litigios ante los tribunales se multiplican, los procedimientos tienden a prolongarse en el tiempo, los gastos ocasionados por dichos procedimientos aumentan, a la par de la insatisfacción de los usuarios del sistema.
Por su parte, la cantidad y complejidad técnica de las leyes que hacen al derecho sanitario, contribuyen a dificultar el acceso a la justicia, siendo la dilación en la resolución de los procedimientos uno de los aspectos más preocupantes de esta problemática, a lo cual deben añadirse otros. Como los derivados de los conflictos de las leyes en un país federal como Argentina, en el que cada provincia se ha reservado para si el dictado de la legislación sanitaria, hecho que dificulta una adecuada articulación de programas y recursos en materia asistencial, a fin de evitar su superposición.
“Todos estos inconvenientes provoca en la práctica, una excesiva judicialización de la salud que dista de lograr su objetivo, cual es el de proteger y amparar al ciudadano”, explica la Dra. Aizemberg.
“Urge por ello repensar estas cuestiones de gran actualidad e indudable trascendencia práctica y abordarlas con madurez y seriedad, teniendo presente que es el Estado quien tiene la obligación de reencauzar la discusión a través de su rol de garante del Derecho de la Salud, en un sistema sanitario fragmentado y desestructurado que vuelve más frágil no solo la posición del paciente, sino como se ha visto en estos últimos tiempos, la de los propios profesionales que integran el equipo de salud, los conflictos se multiplican, las amenazas de juicios también y con ello la inseguridad de pacientes y médicos, afectándose desde todos estos aspectos la prestación del servicio asistencial”, concluye la especialista de la UBA.
observatorioderechoysalud@derecho.uba.ar
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