TRASPLANTADOS: UNA COMUNIDAD SIN PROTECCIÓN

 Fuente: notio.com.ar

Un proyecto de ley actualmente en el Senado busca garantizar asistencia a los más de 18.000 trasplantados que habitan en las diferentes provincias. Cobertura de medicamentos y estudios, acceso a un trabajo y creación de una figura legal propia son algunos de los puntos principales. 

Marisa tiene 42 años, vive en Banfield y es trasplantada de riñón. Gran parte del tratamiento lo pudo solventar gracias a la obra social de su trabajo en una agencia de publicidad. Sin embargo, cinco días antes del trasplante su jefe la echó. Consiguió cobertura por tres meses más y luego se quedó sin medicamentos. La única solución fue jubilarse a los 30 años para tener la cobertura de PAMI y así poder solventar los costos del tratamiento. “Yo quiero seguir trabajando pero no tengo posibilidades de hacerlo”, afirma Marisa.

Este caso es un ejemplo de las diversas dificultades por las que debe atravesar un trasplantado en Argentina luego de ser operado. Desde el 2005, se impulsa un proyecto de ley para otorgar una cobertura total a este grupo de la población. El mismo pasó por la Legislatura porteña pero no logró el apoyo necesario. Hoy ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y así sólo falta que la Ley de Protección Integral para las Personas Trasplantadas sea debatida en el Senado.

En lo que va del 2011, 291 personas ya fueron trasplantadas y actualmente hay 6.575 pacientes en espera. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) es el organismo que coordina y fiscaliza las actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina. Actúa en todas las provincias junto a 24 organismos jurisdiccionales con el fin de brindar un acceso equitativo al trasplante.

La legislación que regula estas operaciones es la Ley 24.193 de Trasplante de Órganos y Tejidos. El problema es que la misma no hace referencia a las problemáticas actuales de este grupo de la población y no crea la figura legal del trasplantado. Como la única manera para acceder a una cobertura de los medicamentos es mediante un certificado de discapacidad, el trasplantado se convierte en un discapacitado.

El problema aparece en que acceder a dicho certificado no es nada sencillo. “Hay una resolución del Ministerio de Salud del 2003 que establece que un valor químico determina si una persona trasplantada es o no discapacitada. Es una norma totalmente discriminatoria que aplican muchas provincias. Nosotros no elegimos ser discapacitados pero así podemos afrontar obstáculos que en ningún momento pedimos tener”, afirma Alejandro González, secretario del Consejo Asesor de Pacientes del INCUCAI.

Sin cobertura y con muchos viajes

Luego de ser operado, el trasplantado debe llevar adelante un tratamiento con medicamentos denominados inmunosupresores. Los mismos hacen que las células del injerto no ataquen a las del huésped y que así no se rechace el nuevo órgano. Al ingerir los mismos se altera la inmunidad del paciente y por eso se hacen necesarios remedios paralelos para curar las enfermedades que surgen por el uso de los primeros.

“Los linfocitos T del donante al encontrarse en un medio que no les es propio reconocen como extraños muchas células de distintos órganos. Los inmunosupresores sirven para atontar a las células hasta que las mismas sean lo suficientemente tolerantes y reconozcan al órgano como propio”, sostiene Héctor Longoni, jefe del Programa de Trasplante de Médula del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Las obras sociales y las prepagas cubren los medicamentos inmunosupresores al estar obligadas a hacerlo. No ocurre lo mismo con los remedios colaterales de cada situación particular de los pacientes. Lo que se propone con el nuevo proyecto es brindar una cobertura del 100% de la totalidad de ambos fármacos, cubriendo además los costos de la alimentación necesaria.

“La obra social o prepaga cubre un periodo de internación para el trasplante y un tiempo posterior a la operación. Pero esta cobertura se corta después de un tiempo y la realidad es que muchas de las complicaciones son tardías”, describe Longoni.

Paralelamente, ocurre un inconveniente con los centros de trasplante. Para llevar adelante un control el trasplantado debe hacerse estudios periódicos. Los lugares para hacerlo se encuentran solamente en las grandes ciudades y por ende hay que viajar y afrontar el costo del traslado y del alojamiento. Con la nueva ley, se plantea crear un hogar de internación donde se puedan alojar, brindar un pase gratuito para los medios de transporte y garantizar la cobertura de los estudios.

“La ubicación de los centros de trasplante hace que los médicos especializados estén a cientos de kilómetros del lugar de residencia de muchos trasplantados. Esto implica un costo por el envío de la medicación adonde está el paciente y por el traslado de este para hacerse los estudios”, revela Rodolfo Wetzel, presidente de la Asociación de Deportistas Trasplantados de Argentina.

Problemas laborales

Al ser trasplantado, la persona que está trabajando puede conservar su empleo entre 3 y 12 meses de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. Una vez vencido este plazo, se le guarda el puesto de trabajo sin goce de sueldo por 1 año hasta obtener en alta médica. Transcurridos dichos plazos se disuelve el contrato sin ningún tipo de indemnización.

El problema está en que el trasplantado nunca puede acceder a una alta médica y por ende tampoco puede superar un examen pre-ocupacional. Todo esto repercute en la situación familiar del paciente y genera un impacto en la salud tal que puede llegar a afectar hasta el injerto. La falta de ingresos lleva a no poder cumplir con la dieta necesaria y la imposibilidad de viajar a ver al médico especialista.

En el proyecto de ley, se sostiene que ser trasplantado no debe ser causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito privado como público. Además, a la empresa que contrate a un paciente se le descontarán impuestos para poder solventar los mayores costos que implica dicha contratación.

Una comunidad en la red

Germán Montenegro es un joven correntino de 22 años que pasó por un trasplante de hígado. Hoy se encuentra en un proceso judicial con su obra social ya que no le cubre los viajes y estudios que implican su condición. Germán se comunicó con el Consejo Asesor de Pacientes (CAP), se enteró de la existencia del proyecto de ley para los trasplantados y decidió colaborar para que el mismo sea una realidad.

“Desde el CAP me dijeron que era necesario generar un apoyo importante de la gente para que la ley saliera. Intenté llenar ese hueco creando un grupo de Facebook y la respuesta fue instantánea”, sostiene. El mismo día de su apertura la comunidad “Ley Transplantados” sumó 400 personas y a la semana siguiente ya tenía 1500. Hasta el momento de la publicación de esta nota había 2.153 miembros.

En el muro, los integrantes debaten todos los días propuestas para lograr un apoyo real hacia el proyecto y comparten problemas en común como el acceso a los medicamentos y a un trabajo estable.

El 30 de mayo será el día clave para consolidar la iniciativa y darla a conocer en la sociedad. En el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos para Tranplante los miembros del grupo marcharán al Congreso Nacional para pedir por la aprobación de la ley.

Links de interés:
Grupo de Facebook Ley Transplantados