Fuente: www.lostiempos.com
Alrededor de 1.050.000 bolivianos es el monto que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) recaudaría anualmente con el obligatorio “examen de Elisa de Laboratorio Referencial Sedes” que deben realizar los 5.000 extranjeros que, según Migración, están tramitando su documentación para vivir legalmente en el país en 2011.
La exigencia de este análisis vulnera la ley 3729, para la prevención del VIH /Sida y la protección de los derechos humanos, que fue promulgada y reglamentada en agosto de 2007.
“Lo que están haciendo en Migración (exigir el examen de Elisa) es ilegal, no es correcto pues se basan en una instructiva del Ministerio de Gobierno, que es sólo una resolución, mientras esto una ley (la 3729), pero ellos siempre hacen que esa resolución prevalezca por encima de la ley”, dijo el director del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), Edgar Valdez.
No existe artículo alguno en la ley 3729 que obligue a extranjeros a someterse al test de Elisa.
Este análisis es el requisito número 13 de la lista de documentos que un extranjero debe presentar para obtener la residencia temporal de un año, por la que además tendrá que pagar 1.350 bolivianos por el formulario y 450 bolivianos extra por el carnet de extranjero.
“Son 60 bolivianos que cobran de hemograma, pero eso es externo, en laboratorio privado (…) y el Sedes lo que cobra es 150 bolivianos por la extensión del certificado”, dijo el director del Sedes, Guido Sánchez, quien aseguró que el monto “ha sido fijado en anteriores consejos técnicos. Yo estoy un mes y tenemos sustento legal, a nivel nacional en todos los departamentos cobran”.
En total, cada extranjero paga Bs 210 por el “test de Elisa” al que se somete anualmente.
Para obtener este documento, los extranjeros deben pagar 60 bolivianos al Laboratorio de Referencia Departamental Sedes Cochabamba, por la toma de muestra y análisis del “Elisa para VIH”; pero, el documento en el que se expresa el resultado de esta prueba no es válido para los funcionarios de Migración, quienes exigen un Certificado Médico avalado por el Sedes.
Este certificado es entregado por un funcionario del Sedes por un monto de 150 bolivianos, quien emite el documento sin efectuar ninguna revisión a los extranjeros y se basa sólo en el resultado de la prueba del Laboratorio de Referencia.
Este funcionario administrativo, en el certificado que emite, asegura que “se constata que no adolece enfermedad infectocontagiosa (…) por tanto es apto física y mentalmente para cualquier tipo de actividad”.
Alrededor de 1.050.000 bolivianos es el monto que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) recaudaría anualmente con el obligatorio “examen de Elisa de Laboratorio Referencial Sedes” que deben realizar los 5.000 extranjeros que, según Migración, están tramitando su documentación para vivir legalmente en el país en 2011.
La exigencia de este análisis vulnera la ley 3729, para la prevención del VIH /Sida y la protección de los derechos humanos, que fue promulgada y reglamentada en agosto de 2007.
“Lo que están haciendo en Migración (exigir el examen de Elisa) es ilegal, no es correcto pues se basan en una instructiva del Ministerio de Gobierno, que es sólo una resolución, mientras esto una ley (la 3729), pero ellos siempre hacen que esa resolución prevalezca por encima de la ley”, dijo el director del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), Edgar Valdez.
No existe artículo alguno en la ley 3729 que obligue a extranjeros a someterse al test de Elisa.
Este análisis es el requisito número 13 de la lista de documentos que un extranjero debe presentar para obtener la residencia temporal de un año, por la que además tendrá que pagar 1.350 bolivianos por el formulario y 450 bolivianos extra por el carnet de extranjero.
“Son 60 bolivianos que cobran de hemograma, pero eso es externo, en laboratorio privado (…) y el Sedes lo que cobra es 150 bolivianos por la extensión del certificado”, dijo el director del Sedes, Guido Sánchez, quien aseguró que el monto “ha sido fijado en anteriores consejos técnicos. Yo estoy un mes y tenemos sustento legal, a nivel nacional en todos los departamentos cobran”.
En total, cada extranjero paga Bs 210 por el “test de Elisa” al que se somete anualmente.
Para obtener este documento, los extranjeros deben pagar 60 bolivianos al Laboratorio de Referencia Departamental Sedes Cochabamba, por la toma de muestra y análisis del “Elisa para VIH”; pero, el documento en el que se expresa el resultado de esta prueba no es válido para los funcionarios de Migración, quienes exigen un Certificado Médico avalado por el Sedes.
Este certificado es entregado por un funcionario del Sedes por un monto de 150 bolivianos, quien emite el documento sin efectuar ninguna revisión a los extranjeros y se basa sólo en el resultado de la prueba del Laboratorio de Referencia.
Este funcionario administrativo, en el certificado que emite, asegura que “se constata que no adolece enfermedad infectocontagiosa (…) por tanto es apto física y mentalmente para cualquier tipo de actividad”.
Emisiones irregulares
El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Henry Soliz, tras ser consultado por este medio explicó que existen al menos tres irregularidades en el hecho de que un funcionario administrativo emita un certificado médico.
Primero, sólo los médicos en ejercicio pueden emitir certificados que hablen sobre la salud de sus pacientes y los funcionarios del Sedes son administrativos, no médicos en ejercicio. Segundo, los médicos no pueden certificar el estado de salud de un paciente al que no han revisado y mucho menos establecer que no “adolecen de enfermedades infectocontagiosas” sólo basándose en el análisis de un tipo de problema de salud; y tercero, los certificados médicos no cuestan 150 bolivianos, pues los especialistas los entregan de forma gratuita con la internación de un paciente.
“El certificado médico es un documento legal, donde se debe evidenciar lo que se le ha encontrado al paciente. La figura es clara, solamente debe ser otorgado y firmado por el médico responsable del caso”, sostuvo Soliz, quien aclaró: “Se está haciendo responsable el médico que firma como si hubiera examinado al paciente y se basan en una norma administrativa que creo sólo está vigente en Cochabamba. El monto es una arbitrariedad, habría que preguntarse dónde van esos fondos y quien ha decidido ese monto”.
Contra la Ley 3729
El director del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), Edgar Valdez, aseguró: “Desde hace años tenemos este problema con Migración, porque además los médicos como médicos no pueden certificar que un paciente no tiene VIH, tampoco un funcionario del Sedes”. En tanto, el coordinador de Salud del IDH, Andrés Vargas, sostuvo que “en ninguna parte de la ley, ni en las excepciones, hay un artículo que establezca la obligatoriedad (para los extranjeros) de hacerse el examen de Elisa, porque es una medida discriminatoria decir para los extranjeros sí, para los bolivianos no. La ley establece que la prueba es voluntaria excepto para donar sangre, en trámites judiciales, niños que nacen de madres con VIH y la lista de las excepciones, en la que no aparece nada de Migración”.
El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Henry Soliz, tras ser consultado por este medio explicó que existen al menos tres irregularidades en el hecho de que un funcionario administrativo emita un certificado médico.
Primero, sólo los médicos en ejercicio pueden emitir certificados que hablen sobre la salud de sus pacientes y los funcionarios del Sedes son administrativos, no médicos en ejercicio. Segundo, los médicos no pueden certificar el estado de salud de un paciente al que no han revisado y mucho menos establecer que no “adolecen de enfermedades infectocontagiosas” sólo basándose en el análisis de un tipo de problema de salud; y tercero, los certificados médicos no cuestan 150 bolivianos, pues los especialistas los entregan de forma gratuita con la internación de un paciente.
“El certificado médico es un documento legal, donde se debe evidenciar lo que se le ha encontrado al paciente. La figura es clara, solamente debe ser otorgado y firmado por el médico responsable del caso”, sostuvo Soliz, quien aclaró: “Se está haciendo responsable el médico que firma como si hubiera examinado al paciente y se basan en una norma administrativa que creo sólo está vigente en Cochabamba. El monto es una arbitrariedad, habría que preguntarse dónde van esos fondos y quien ha decidido ese monto”.
Contra la Ley 3729
El director del Instituto para el Desarrollo Humano (IDH), Edgar Valdez, aseguró: “Desde hace años tenemos este problema con Migración, porque además los médicos como médicos no pueden certificar que un paciente no tiene VIH, tampoco un funcionario del Sedes”. En tanto, el coordinador de Salud del IDH, Andrés Vargas, sostuvo que “en ninguna parte de la ley, ni en las excepciones, hay un artículo que establezca la obligatoriedad (para los extranjeros) de hacerse el examen de Elisa, porque es una medida discriminatoria decir para los extranjeros sí, para los bolivianos no. La ley establece que la prueba es voluntaria excepto para donar sangre, en trámites judiciales, niños que nacen de madres con VIH y la lista de las excepciones, en la que no aparece nada de Migración”.
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