Fuente: wma.net
(17.05. 2011) La Asociación Médica Mundial y la Federación Internacional de organizaciones de la salud y de derechos humanos condenaron hoy miércoles el funcionamiento de los centros de detención administrativos para los que utilizan substancias controladas. Las dos organizaciones afirmaron que debido a que violan los derechos humanos de las personas detenidas en estos establecimientos y funcionan sin respetar los principios aceptados de tratamiento médico, estos centros deben ser cerrados.
Estas organizaciones afirman que los centros detención, a veces llamados centros de desintoxicación obligada, centros de rehabilitación de drogadictos y centros de trabajo y educación, son instituciones en las que las personas que han resultado positivas o sospechosas de consumo de drogas ilegales están detenidas contra su voluntad. Estos sistemas detienen a personas rutinariamente y se estima que existen 400.000 detenidos en el mundo. Los establecimientos no son parte del sistema de justicia ni proporcionan tratamientos de rehabilitación basados en evidencias. Aunque a veces médicos trabajan en los centros, están dirigidos por la policía o militares y los sospechosos de consumo de drogas con frecuencia son detenidos sin consideración de las normas legales, garantía de procedimiento o una necesidad real de tratamiento.
Las autoridades detienen a drogadictos en establecimientos que no ofrecen tratamientos y a menudo imponen trabajo forzado y otros abusos a los detenidos. Esta es una práctica que la AMM y la IFHHRO denuncian, ya que es contraria al comportamiento ético.
El Dr. Wonchat Subhachaturas, Presidente de la AMM, dijo: "La comunidad médica ha reconocido que el tratamiento de la adicción, como el tratamiento para cualquier enfermedad, debe realizarse en beneficio de los pacientes y conforme a los principios establecidos de la ética médica. La terapia medicinal debe ser administrada según las normas profesionales y estar supervisada por médicos con formación especial".
La IFHHRO y la AMM afirman que las personas que consumen o son adictas a substancias controladas mantienen sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho al más alto nivel de salud y a no ser discriminado, no ser detenido arbitrariamente, no sufrir tortura, y trato cruel, inhumano o degradante. Tienen derecho a acceso equitativo a tratamiento médico y servicios de rehabilitación, conforme a los principios médicos generalmente aprobados.
El Dr. Adrian van Es, Director de la Federación Internacional de Organizaciones de Salud y Derechos Humanos, dijo: "Al igual que en otras formas de atención médica, el tratamiento para dependencia de drogas debe ser voluntario y debe respetar y validar la autonomía de la persona. Se deben informar a los pacientes los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento. Además, los programas deben crear entornos de apoyo y relaciones que ayuden a facilitar el tratamiento, proporcionar tratamiento coordinado de trastornos mentales y físicos y abordar factores psicosociales pertinentes".
Ambas instituciones se unen a otras organizaciones para pedir el cierre de estos centros de detención e instan a reemplazar estos establecimientos por tratamiento voluntario en la comunidad basado en evidencias que estén conformes con las normas éticas y de derechos humanos.
(17.05. 2011) La Asociación Médica Mundial y la Federación Internacional de organizaciones de la salud y de derechos humanos condenaron hoy miércoles el funcionamiento de los centros de detención administrativos para los que utilizan substancias controladas. Las dos organizaciones afirmaron que debido a que violan los derechos humanos de las personas detenidas en estos establecimientos y funcionan sin respetar los principios aceptados de tratamiento médico, estos centros deben ser cerrados.
Estas organizaciones afirman que los centros detención, a veces llamados centros de desintoxicación obligada, centros de rehabilitación de drogadictos y centros de trabajo y educación, son instituciones en las que las personas que han resultado positivas o sospechosas de consumo de drogas ilegales están detenidas contra su voluntad. Estos sistemas detienen a personas rutinariamente y se estima que existen 400.000 detenidos en el mundo. Los establecimientos no son parte del sistema de justicia ni proporcionan tratamientos de rehabilitación basados en evidencias. Aunque a veces médicos trabajan en los centros, están dirigidos por la policía o militares y los sospechosos de consumo de drogas con frecuencia son detenidos sin consideración de las normas legales, garantía de procedimiento o una necesidad real de tratamiento.
Las autoridades detienen a drogadictos en establecimientos que no ofrecen tratamientos y a menudo imponen trabajo forzado y otros abusos a los detenidos. Esta es una práctica que la AMM y la IFHHRO denuncian, ya que es contraria al comportamiento ético.
El Dr. Wonchat Subhachaturas, Presidente de la AMM, dijo: "La comunidad médica ha reconocido que el tratamiento de la adicción, como el tratamiento para cualquier enfermedad, debe realizarse en beneficio de los pacientes y conforme a los principios establecidos de la ética médica. La terapia medicinal debe ser administrada según las normas profesionales y estar supervisada por médicos con formación especial".
La IFHHRO y la AMM afirman que las personas que consumen o son adictas a substancias controladas mantienen sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho al más alto nivel de salud y a no ser discriminado, no ser detenido arbitrariamente, no sufrir tortura, y trato cruel, inhumano o degradante. Tienen derecho a acceso equitativo a tratamiento médico y servicios de rehabilitación, conforme a los principios médicos generalmente aprobados.
El Dr. Adrian van Es, Director de la Federación Internacional de Organizaciones de Salud y Derechos Humanos, dijo: "Al igual que en otras formas de atención médica, el tratamiento para dependencia de drogas debe ser voluntario y debe respetar y validar la autonomía de la persona. Se deben informar a los pacientes los riesgos y beneficios de las opciones de tratamiento. Además, los programas deben crear entornos de apoyo y relaciones que ayuden a facilitar el tratamiento, proporcionar tratamiento coordinado de trastornos mentales y físicos y abordar factores psicosociales pertinentes".
Ambas instituciones se unen a otras organizaciones para pedir el cierre de estos centros de detención e instan a reemplazar estos establecimientos por tratamiento voluntario en la comunidad basado en evidencias que estén conformes con las normas éticas y de derechos humanos.
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