Fuente: lagaceta.com.ar
Seleccionar excluyendo. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera. Son definiciones del verbo discriminar que desde hace décadas se conjuga con mucha frecuencia en Tucumán, especialmente con las personas discapacitadas. Según los datos del Indec, en Salta, Jujuy y Tucumán, el 12,2% de la población es discapacitada, sin embargo, el 10% de ellos carece totalmente de cobertura de salud y de asistencia médica. De ese porcentaje, el 32,5% está afectado en sus capacidades motrices y el 26,6% posee, además, otro tipo de minusvalía, ya sea mental, visual o auditiva.
En nuestra edición del lunes, dimos a conocer la historia de Samy, un joven que a los nueve años pudo comenzar la escuela común; era rechazado porque se movilizaba en silla de ruedas y no podía tomar el lápiz debido a que sus muñecas habían quedado contraídas por una parálisis cerebral. La ironía es que luego terminó egresando de la secundaria con promedio nueve.
Los padres de niños discapacitados deben recurrir con frecuencia a la Justicia para conseguir los derechos que legalmente les corresponden. Recientemente, la Sala I falló a favor de un chico de seis años que necesitaba una maestra integradora para asistir a primer grado de un colegio privado. Estas solicitudes se realizan ante la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia, pero allí sólo se cubren los servicios de los alumnos de las escuelas estatales, por lo tanto no le correspondía.
Hace un par de meses, sesionó en nuestra ciudad el equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Servicios de Salud y hubo reuniones de capacitación a prestadores, a obras sociales, a ONGs vinculadas con el sector y también a los beneficiarios sobre las obligaciones que tiene el sistema de seguridad social (obra sociales estatales o privadas y medicina prepaga) con los discapacitados. Un informe del organismo indica que el 50% de las personas con discapacidad accede a los servicios de obras sociales o de medicina privada y entre el 30% y el 40% acude al sistema público de salud. No obstante, casi el 40% de las personas con discapacidad no accede a un tratamiento específico o a servicios de rehabilitación.
Señalamos en otra oportunidad que uno de los principales problemas de estos comprovincianos es que no todas las obras sociales cumplen con la ley nacional 24.901 que prescribe que estas deben cubrir el 100% de los tratamientos y necesidades atinentes a la discapacidad de los beneficiarios. Tucumán está adherido a esta norma, sin embargo, la iniciativa nunca fue reglamentada, de modo que existe un vacío jurídico que impide acceder a los fondos de redistribución. La mayoría de las leyes no se cumplen como ocurre, por ejemplo, con la nacional 22.431 y provincial 7.811 que obligan a las empresas a brindar transporte público libre y gratuito a todos los minusválidos.
Tal vez si gobernantes, empresarios del transporte, arquitectos, directivos de obras sociales, funcionarios, dueños de colegios privados y ciudadanos constituyeran el 12% de la población y el 78% fueran discapacitados que tuviesen el poder y los discriminaran por ser una minoría "normal", tomarían conciencia de esta realidad y se preocuparían verdaderamente por el bienestar de estos tucumanos que esperan que la sociedad los abrace y no los excluya.
Seleccionar excluyendo. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera. Son definiciones del verbo discriminar que desde hace décadas se conjuga con mucha frecuencia en Tucumán, especialmente con las personas discapacitadas. Según los datos del Indec, en Salta, Jujuy y Tucumán, el 12,2% de la población es discapacitada, sin embargo, el 10% de ellos carece totalmente de cobertura de salud y de asistencia médica. De ese porcentaje, el 32,5% está afectado en sus capacidades motrices y el 26,6% posee, además, otro tipo de minusvalía, ya sea mental, visual o auditiva.
En nuestra edición del lunes, dimos a conocer la historia de Samy, un joven que a los nueve años pudo comenzar la escuela común; era rechazado porque se movilizaba en silla de ruedas y no podía tomar el lápiz debido a que sus muñecas habían quedado contraídas por una parálisis cerebral. La ironía es que luego terminó egresando de la secundaria con promedio nueve.
Los padres de niños discapacitados deben recurrir con frecuencia a la Justicia para conseguir los derechos que legalmente les corresponden. Recientemente, la Sala I falló a favor de un chico de seis años que necesitaba una maestra integradora para asistir a primer grado de un colegio privado. Estas solicitudes se realizan ante la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación de la Provincia, pero allí sólo se cubren los servicios de los alumnos de las escuelas estatales, por lo tanto no le correspondía.
Hace un par de meses, sesionó en nuestra ciudad el equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Servicios de Salud y hubo reuniones de capacitación a prestadores, a obras sociales, a ONGs vinculadas con el sector y también a los beneficiarios sobre las obligaciones que tiene el sistema de seguridad social (obra sociales estatales o privadas y medicina prepaga) con los discapacitados. Un informe del organismo indica que el 50% de las personas con discapacidad accede a los servicios de obras sociales o de medicina privada y entre el 30% y el 40% acude al sistema público de salud. No obstante, casi el 40% de las personas con discapacidad no accede a un tratamiento específico o a servicios de rehabilitación.
Señalamos en otra oportunidad que uno de los principales problemas de estos comprovincianos es que no todas las obras sociales cumplen con la ley nacional 24.901 que prescribe que estas deben cubrir el 100% de los tratamientos y necesidades atinentes a la discapacidad de los beneficiarios. Tucumán está adherido a esta norma, sin embargo, la iniciativa nunca fue reglamentada, de modo que existe un vacío jurídico que impide acceder a los fondos de redistribución. La mayoría de las leyes no se cumplen como ocurre, por ejemplo, con la nacional 22.431 y provincial 7.811 que obligan a las empresas a brindar transporte público libre y gratuito a todos los minusválidos.
Tal vez si gobernantes, empresarios del transporte, arquitectos, directivos de obras sociales, funcionarios, dueños de colegios privados y ciudadanos constituyeran el 12% de la población y el 78% fueran discapacitados que tuviesen el poder y los discriminaran por ser una minoría "normal", tomarían conciencia de esta realidad y se preocuparían verdaderamente por el bienestar de estos tucumanos que esperan que la sociedad los abrace y no los excluya.
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