El expediente fue
presentado en la Cámara de Diputados en abril de 2010, siendo girado a
las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Legislación
General., y finalmente obtuvo dictamen con algunas modificaciones el
pasado 9 de noviembre.
UNA MODIFICACION SUSTANCIAL
Asimismo, el dictamen introdujo una
modificación no prevista en la redacción original de la iniciativa,
mediante la cual se dispone que los gastos vinculados a los transplantes
“serán cubiertos a través del Estado por todos los establecimientos de
salud públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y
23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de
Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades
de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de
las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden
servicios médicos asistenciales independientemente de la figura jurídica
que tuvieren”.
Al respecto, cabe señalar que la norma vigente
establece que dichas erogaciones “estarán a cargo de las entidades
encargadas de la cobertura social o sanitaria del receptor, o de éste
cuando no la tuviera”, aspecto que es derogado por el presente proyecto,
al igual que el párrafo según el cual las obras sociales o prepagas
deben notificar si cubren o no los gastos.
APROBADO POR UNANIMIDAD
En los fundamentos de dicho proyecto, la
Diputada González, sostuvo “sabemos de la lucha del Incucai en cuanto a
fomentar la donación de órganos ya que en ella va la posibilidad de dar
vida a otro. Creo firmemente que con este proyecto estamos aportando un
granito más de arena a esta lucha; brindando cobertura médica tanto a
las personas que reciben el órgano como a aquella que lo dona”.
Por
último, es importante destacar que el proyecto fue aprobado por la
Cámara baja por unanimidad, sin disidencias ni observaciones por parte
de ninguno de los bloques políticos que la integran. |
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