MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Más de 100 organizaciones y 7.000 profesionales de la salud piden a la Unión Europea (UE) que garantice el acceso "no discriminatorio" de los inmigrantes irregulares a los servicios de salud. Se trata de una declaración firmada, que bajo el nombre 'Hacia el acceso no discriminatorio a servicios de salud', será entregada este martes ante el Parlamento Europeo por Médicos del Mundo y la red de organizaciones HUMA.
En ella los profesionales de la Sanidad denuncian que "en la mayoría de los países" de la UE las personas sin permiso de residencia encuentran "numerosos problemas" de acceso a la atención sanitaria y piden la eliminación de los "impedimentos" que posibilitan esta situación.
Los problemas de acceso a la Sanidad de los inmigrantes irregulares son el resultado de leyes que "limitan o impiden" la cobertura sanitaria, de la "complejidad" del sistema de salud, de "denegaciones infundadas" del acceso a los servicios médicos y sanitarios, o de cualquier otro tipo de discriminación, junto con el "miedo" de los propios inmigrantes a que se les detenga o se les denuncie.
Sin embargo, todas estas situaciones son contrarias a la deontología médica, que establece que "toda persona tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica adecuada". Por lo que los médicos y otras personas u organismos que proporcionan atención médica, "tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos y buscar los medios apropiados para asegurarlos" cuando éstos sean negados.
Por todo ello, los profesionales sanitarios representados por el Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), el Consejo Europeo de Órdenes Médicas (ECMO), la Federación Europea de Asociaciones de Enfermeras (EFN), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y la Asociación de Estudiantes de Medicina para la Cooperación y Desarrollo, entre otras organizaciones, piden a la UE que garantice el acceso "no discriminatorio" en todos los países que la conforman.
Asimismo, rechazan "toda denuncia" ante cualquier tipo de autoridad pública del país en cuestión y recuerdan que este acceso a la sanidad pública debe ser "costeado por fondos públicos cuando dichas personas no puedan asumir sus costes, en igualdad de condiciones con la población autóctona con el mismo nivel de recursos económicos".
Además, en el caso de España, las organizaciones firmantes piden que el sistema de salud cuente con los "recursos necesarios" para facilitar a todos sus profesionales el "conocimiento cultural y epidemiológico" que permita prestar una atención médica adecuada.
Por otro lado, las mismas organizaciones españolas denuncian "la utilización con fines electoralistas de falsas alarmas sociosanitarias supuestamente provocadas por la inmigración irregular y la aplicación de medidas administrativas arbitrarias que limitan el acceso efectivo al derecho a la salud, por la legislación española (estatal y autonómica), y obstaculizan el ejercicio de la práctica médica".
Más de 100 organizaciones y 7.000 profesionales de la salud piden a la Unión Europea (UE) que garantice el acceso "no discriminatorio" de los inmigrantes irregulares a los servicios de salud. Se trata de una declaración firmada, que bajo el nombre 'Hacia el acceso no discriminatorio a servicios de salud', será entregada este martes ante el Parlamento Europeo por Médicos del Mundo y la red de organizaciones HUMA.
En ella los profesionales de la Sanidad denuncian que "en la mayoría de los países" de la UE las personas sin permiso de residencia encuentran "numerosos problemas" de acceso a la atención sanitaria y piden la eliminación de los "impedimentos" que posibilitan esta situación.
Los problemas de acceso a la Sanidad de los inmigrantes irregulares son el resultado de leyes que "limitan o impiden" la cobertura sanitaria, de la "complejidad" del sistema de salud, de "denegaciones infundadas" del acceso a los servicios médicos y sanitarios, o de cualquier otro tipo de discriminación, junto con el "miedo" de los propios inmigrantes a que se les detenga o se les denuncie.
Sin embargo, todas estas situaciones son contrarias a la deontología médica, que establece que "toda persona tiene derecho, sin discriminación, a una atención médica adecuada". Por lo que los médicos y otras personas u organismos que proporcionan atención médica, "tienen la responsabilidad conjunta de reconocer y respetar estos derechos y buscar los medios apropiados para asegurarlos" cuando éstos sean negados.
Por todo ello, los profesionales sanitarios representados por el Comité Permanente de Médicos Europeos (CPME), el Consejo Europeo de Órdenes Médicas (ECMO), la Federación Europea de Asociaciones de Enfermeras (EFN), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y la Asociación de Estudiantes de Medicina para la Cooperación y Desarrollo, entre otras organizaciones, piden a la UE que garantice el acceso "no discriminatorio" en todos los países que la conforman.
DETERMINAR EL TRATAMIENTO "SIN RESTRICCIONES"
En concreto, solicitan que todos los profesionales de la salud
puedan determinar "sin restricciones" el tratamiento más adecuado para
sus pacientes y que las personas sin permiso de residencia reciban "toda
la información" relativa a las posibilidades de atención sanitaria de
la que disponen.Asimismo, rechazan "toda denuncia" ante cualquier tipo de autoridad pública del país en cuestión y recuerdan que este acceso a la sanidad pública debe ser "costeado por fondos públicos cuando dichas personas no puedan asumir sus costes, en igualdad de condiciones con la población autóctona con el mismo nivel de recursos económicos".
Además, en el caso de España, las organizaciones firmantes piden que el sistema de salud cuente con los "recursos necesarios" para facilitar a todos sus profesionales el "conocimiento cultural y epidemiológico" que permita prestar una atención médica adecuada.
Por otro lado, las mismas organizaciones españolas denuncian "la utilización con fines electoralistas de falsas alarmas sociosanitarias supuestamente provocadas por la inmigración irregular y la aplicación de medidas administrativas arbitrarias que limitan el acceso efectivo al derecho a la salud, por la legislación española (estatal y autonómica), y obstaculizan el ejercicio de la práctica médica".
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