Fuente: diariojudicial.com.ar
Una iniciativa busca que la Auditoría General de la Nación vigile a
las prestadoras. Es impulsada por la diputada Patricia Bullrich, que
reclama más control administrativo, contable y de gestión.
Auditar y controlar a las obras sociales. Ese es el objetivo del
proyecto de ley presentado por lo diputada nacional Patricia Bullrich
que pretende que las prestadoras estén sujetas a un control permanente,
en lo administrativo, lo contable y de gestión, por parte de la
Auditoría General de la Nación (AGN).
Con el proyecto se intenta modificar la ley 23.660 y “establecer un sistema más transparente, que beneficie a las empresas y los clientes”, por parte del organismo que depende del Congreso.
“En los últimos tiempos se ha tomado conocimiento a través de los medios de difusión de ciertas situaciones que empañan el funcionamiento y prestigio de este sector básico del sistema de salud nacional”, afirmó Bullrich al fundamentar su proyecto.
“Resulta necesario, sin que ello implique desnaturalizar el sistema, adoptar algunas medidas de control que contribuyan a clarificar el funcionamiento y las contrataciones que realizan las mismas”, continuó la diputada.
Según Bullrich, numerosas obras sociales reciben, bajo diversas formas, subsidios y/o contribuciones del Estado Nacional, por lo cual se debe dejar expresamente establecido “que las mismas están sujetas al control de la AGN”.
“Las obras sociales sindicales, si bien la ley 23.660 establece que pertenecen a los trabajadores que las componen, también las empresas nucleadas en las Cámaras o Asociaciones empresariales de los mismos sectores, realizan aportes en beneficio de ellas”, siguió la legisladora, con la explicación del contenido del proyecto.
El escrito, de 12 artículos, daría fin a la posibilidad de reelección indefinida, ya que los miembros de la conducción de las obras sociales sindicales no podrán volver a serlo una vez cumplido su mandato.
“Por otra parte, también se establece un sistema de contrataciones por medios de licitaciones públicas y por concurso privado de precios que deberán ser objeto de publicación”, finalizó Bullrich.
Con el proyecto se intenta modificar la ley 23.660 y “establecer un sistema más transparente, que beneficie a las empresas y los clientes”, por parte del organismo que depende del Congreso.
“En los últimos tiempos se ha tomado conocimiento a través de los medios de difusión de ciertas situaciones que empañan el funcionamiento y prestigio de este sector básico del sistema de salud nacional”, afirmó Bullrich al fundamentar su proyecto.
“Resulta necesario, sin que ello implique desnaturalizar el sistema, adoptar algunas medidas de control que contribuyan a clarificar el funcionamiento y las contrataciones que realizan las mismas”, continuó la diputada.
Según Bullrich, numerosas obras sociales reciben, bajo diversas formas, subsidios y/o contribuciones del Estado Nacional, por lo cual se debe dejar expresamente establecido “que las mismas están sujetas al control de la AGN”.
“Las obras sociales sindicales, si bien la ley 23.660 establece que pertenecen a los trabajadores que las componen, también las empresas nucleadas en las Cámaras o Asociaciones empresariales de los mismos sectores, realizan aportes en beneficio de ellas”, siguió la legisladora, con la explicación del contenido del proyecto.
El escrito, de 12 artículos, daría fin a la posibilidad de reelección indefinida, ya que los miembros de la conducción de las obras sociales sindicales no podrán volver a serlo una vez cumplido su mandato.
“Por otra parte, también se establece un sistema de contrataciones por medios de licitaciones públicas y por concurso privado de precios que deberán ser objeto de publicación”, finalizó Bullrich.
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