"El médico no tiene que pedir el consentimiento informado (CI) a la gestante en el parto natural, pues no existe la posibilidad de que se niegue a dar a luz. Otra cosa es que se dé opción a utilizar una técnica u otra, y entonces sí se necesita el CI". Carlos Lesmes, magistrado de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo, expresó así su criterio sobre la obligación que tiene el médico de informar en los casos de parto vaginal, uno de los temas que se abordaron en la mesa del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid, en el XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Sobre esta cuestión, Ángel Aguarón de la Cruz, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Gregorio Marañón, perito judicial y miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), reconoció que dentro de la SEGO existe una discusión abierta sobre ofrecer el documento del CI en el parto vaginal o no.
"La sociedad de ginecólogos ha redactado un documento de CI para la gestante que informa de que el 17 por ciento de los partos naturales se complica. El documento se ha distribuido por todos los hospitales y sirve como CI. Nosotros en el Gregorio Marañón estamos ofreciéndolo a la embarazada en la primera consulta como parte de una información más amplia", señaló Aguarón.
- La SEGO ha distribuido un documento en el que informa a la gestante de que el 17 por ciento de los partos vaginales se complica, y sirve como CI
Álvaro Páez Borda, jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario de Fuenlabrada, reconoció la importancia del CI, del que dijo "es de lectura absolutamente inexcusable y deberían de ser más extensos y detallados".
Aumento de césareas
Aguarón insistió en otras cuestiones que son objeto de reclamación a ginecólogos y obstetras, la especialidad que más demandas recibe. El ginecólogo, con 30 años de ejercicio profesional, se refirió al aumento en el número de cesáreas y a las responsabilidades que se están exigiendo a sus colegas por diagnósticos prenatales. "Cuando empecé a trabajar, el número de cesáreas que se practicaban estaba entre el 19 y 17 por ciento y ahora hemos llegado al 30 por ciento. Nunca se ha condenado por hacer una cesárea de más", afirmó Aguarón. En este sentido, Andrés Martínez Arrieta, magistrado de la Sala de lo Penal del TS, recordó que en los tribunales "enjuiciamos el caso concreto", no la actuación sanitaria en general. Y, sobre las condenas de los diagnósticos prenatales en casos de malformaciones que no se informa a la mujer, Martínez dijo que se está indemnizando el daño moral, pues "la paciente hubiera podido tomar otra decisión de conocer datos sobre una malformación del niño", algo que es más evidente con la nueva ley del aborto.
Además, los magistrados afirmaron que no contar con medios adecuados no exime a un centro o a un profesional de hacer estos diagnósticos siendo un derecho reconocido.
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