Fuente: elsolonline.com
La calidad de vida de las miles de personas con problemas de discapacidad que viven en Mendoza está lejos de ser tratada y mejorada. Es que la Provincia no ha adherido a la ley nacional 24.901, la cual contempla el derecho a las prestaciones de las obras sociales y a una atención totalmente integral para quienes tienen capacidades diferentes. En consecuencia, los padres de los chicos discapacitados sienten la discriminación constante ante la falta de una norma que los ayude a transitar un largo y duro camino.
Mendoza está adherida a la ley nacional 22.431, que contempla y permite el acceso al certificado único de discapacidad con alcance nacional, según explicó a este diario la directora de Discapacidad, María Teresa Cabutti. La funcionaria añadió que "el beneficio se logró tras la adhesión del Estado provincial a las determinaciones concluidas por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero del 2001".
Desde ese año y hasta el 2009, mediante la vigencia de la mencionada normativa, 9 mil personas discapacitadas de las 35 mil que hay en Mendoza han conseguido la certificación, con la cual, en cualquier parte del país, son contemplados y respetados sus derechos. Sin embargo, esta ley no incluye la ayuda que las obras sociales deben otorgar, por lo que las personas con capacidades diferentes de la provincia se hallan desamparadas en este aspecto.
El problema radica en que la ley 24.901 –que no se aplica en Mendoza– es la que establece el beneficio médico integral que cada individuo con capacidades diferente debe tener, "pero la Provincia no puede brindar esta alternativa ni puede tener la ley, porque la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), obra social que se encarga de las prestaciones, es sólo provincial y la ley de discapacidad establece que la prestadora debe ser de alcance nacional", señaló Cabutti.
Y es aquí donde nace la desesperación de los papás que no encuentran esa ayuda sanitaria pese a los años de insistencia y reclamos. La clave de la cuestión es que la OSEP tampoco puede tener la cobertura de 100% que se requiere para la atención de estas personas, debido a que cuenta con un nomenclador propio y, además, porque dicho porcentaje llevaría a la OSEP a la desfinanciación, explicó la funcionaria.
En tanto, la OSEP brinda su atención con una cobertura cuyo porcentaje depende de cada caso en particular. Cabutti insistió en el argumento de que hay un nivel de prestación que no puede ser cubierto de ninguna manera, como el caso de los tratamientos en los llamados centros de día cuyo costo mensual ronda los 8.000 pesos, entre otros. A esto hay que sumarle la falta de ayuda de la Nación, como consecuencia de la falta de adhesión a la ya mencionada ley de discapacidad.
EL CALVARIO DE LAS FAMILIAS. Alejandra Berlanga forma parte de la Asociación de Padres Autoconvocados en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad. Es mamá de un pequeñito de 10 años que tiene Síndrome de Down y fue operado ya ocho veces. Su mayor preocupación es que no cuenta con la cobertura necesaria para el tratamiento psicológico que necesita su hijo, por tanto, las sesiones deben ser financiadas en forma particular.
"Cada vez que necesito de la cobertura de OSEP debo presentar una nota y esperar hasta tres meses por una definición y, a veces, uno no puede quedarse esperando, lo que pasa es que este sistema sanitario discrimina", expresó, consternada, Alejandra, tras relatar que ser madre de un chiquito con capacidades diferentes es una lucha constante en pro de mejorar su calidad de vida.
La calidad de vida de las miles de personas con problemas de discapacidad que viven en Mendoza está lejos de ser tratada y mejorada. Es que la Provincia no ha adherido a la ley nacional 24.901, la cual contempla el derecho a las prestaciones de las obras sociales y a una atención totalmente integral para quienes tienen capacidades diferentes. En consecuencia, los padres de los chicos discapacitados sienten la discriminación constante ante la falta de una norma que los ayude a transitar un largo y duro camino.
Mendoza está adherida a la ley nacional 22.431, que contempla y permite el acceso al certificado único de discapacidad con alcance nacional, según explicó a este diario la directora de Discapacidad, María Teresa Cabutti. La funcionaria añadió que "el beneficio se logró tras la adhesión del Estado provincial a las determinaciones concluidas por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en febrero del 2001".
Desde ese año y hasta el 2009, mediante la vigencia de la mencionada normativa, 9 mil personas discapacitadas de las 35 mil que hay en Mendoza han conseguido la certificación, con la cual, en cualquier parte del país, son contemplados y respetados sus derechos. Sin embargo, esta ley no incluye la ayuda que las obras sociales deben otorgar, por lo que las personas con capacidades diferentes de la provincia se hallan desamparadas en este aspecto.
El problema radica en que la ley 24.901 –que no se aplica en Mendoza– es la que establece el beneficio médico integral que cada individuo con capacidades diferente debe tener, "pero la Provincia no puede brindar esta alternativa ni puede tener la ley, porque la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), obra social que se encarga de las prestaciones, es sólo provincial y la ley de discapacidad establece que la prestadora debe ser de alcance nacional", señaló Cabutti.
Y es aquí donde nace la desesperación de los papás que no encuentran esa ayuda sanitaria pese a los años de insistencia y reclamos. La clave de la cuestión es que la OSEP tampoco puede tener la cobertura de 100% que se requiere para la atención de estas personas, debido a que cuenta con un nomenclador propio y, además, porque dicho porcentaje llevaría a la OSEP a la desfinanciación, explicó la funcionaria.
En tanto, la OSEP brinda su atención con una cobertura cuyo porcentaje depende de cada caso en particular. Cabutti insistió en el argumento de que hay un nivel de prestación que no puede ser cubierto de ninguna manera, como el caso de los tratamientos en los llamados centros de día cuyo costo mensual ronda los 8.000 pesos, entre otros. A esto hay que sumarle la falta de ayuda de la Nación, como consecuencia de la falta de adhesión a la ya mencionada ley de discapacidad.
EL CALVARIO DE LAS FAMILIAS. Alejandra Berlanga forma parte de la Asociación de Padres Autoconvocados en Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad. Es mamá de un pequeñito de 10 años que tiene Síndrome de Down y fue operado ya ocho veces. Su mayor preocupación es que no cuenta con la cobertura necesaria para el tratamiento psicológico que necesita su hijo, por tanto, las sesiones deben ser financiadas en forma particular.
"Cada vez que necesito de la cobertura de OSEP debo presentar una nota y esperar hasta tres meses por una definición y, a veces, uno no puede quedarse esperando, lo que pasa es que este sistema sanitario discrimina", expresó, consternada, Alejandra, tras relatar que ser madre de un chiquito con capacidades diferentes es una lucha constante en pro de mejorar su calidad de vida.
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