Fuente:ncn.com.ar
Distintos especialistas en cuestiones de género debatieron en el Seminario de Acceso a la Justicia Reproductiva temas como la despenalización del aborto, los altos índices de mortalidad materna y el acceso a los métodos anticonceptivos. El seminario que comenzó ayer hoy tuvo su última jornada donde se habló de los obstáculos que plantea la religión para acceder a los derechos sexuales y se evaluaron los logros y perspectivas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
El primer panel, que comenzó a las 9 de la mañana, contó con la presencia de Gillian Kane, asesora de la unidad de políticas de IPAS de Nueva York, Marco Vaggione, del Conicet; la periodista Marta Vasallo y la también investigadora del Conicet y de la UBA Vanesa Vázquez.
Del segundo panel participaron Estela Díaz, directora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina; Marta Alanís, coordinadora de la CDD de Argentina; Viviana Della Siega, visepresidenta de INSGENAR; Claudia Anzorena del Colectivo Las Juanas y la antropóloga Florencia López.
Durante la jornada de ayer, Mariana Romero, investigadora de CEDES, opinó que “la mortalidad materna parece ser un tema casi olvidado” y para fundamentar dio datos concretos. “La mortalidad materna no bajó entre 1990 y el 2008. La tasa de mortalidad materna en el mundo es de 400 mujeres por 1000 nacidos vivos en 1990. En 2008 bajó a 260. En Argentina la tasa de mortalidad materna es del 40%”, explicó.
También se refirió a las diferencias de las situaciones dentro del mismo territorio nacional. “Formosa tiene casi el triple de mortalidad materna del país. Una mujer en la Capital Federal tiene 20% menos de posibilidades de morirse que una formoseña”, dijo.
Además recordó que uno de los compromisos del milenio en la Argentina es la reducción de la mortalidad materna hacia el año 2015 al 13%. O sea las tres cuartas partes. No obstante advirtió que si se sigue al ritmo actual se logrará reducir la mortalidad de los 40% actuales al 38,2%. E informó que el aborto es la principal causa de muerte materna: el 27% y que una manera de apaliar un poco el tema es con una buena legislación sobre aborto. “La despenalización no aumenta el número de abortos”, remarcó.
Por su parte, Álvaro Herrero, abogado y director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se refirió a los obstáculos para acceder a la justicia reproductiva, que los calificó como legales y culturales e indicó que están mismo dentro del Poder Judicial. Como obstáculo cultural indicó que no se ve en la facultad el tema de los derechos de las mujeres, que los jueces y fiscales no están acostumbrados a tratar los temas de violencia de género, salud sexual, aborto. En cuanto a los obstáculos judiciales indicó que éstos son los que tienen que ver con el aborto no punible y la despenalización.
De acuerdo con Herrero, los proyectos que en el Senado quieren ampliar los casos de impunibilidad del aborto son innecesarios ya que “no se hace una interpretación correcta del Código Penal sobre los permisos de aborto. No es necesario reformar el Código sino darle una interpretación correcta”. En ese sentido manifestó su conformidad con que en la Corte Suprema esté el caso Fuertes, que es una niña violada de Chubut que la Justicia permitió abortar pero el defensor de menores apeló y llegó a la Corte. “La Corte tendrá ahora la oportunidad de interpretar el Código de manera correcta”, dijo.
En ese mismo orden emitió su beneplácito por el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acogiendo la demanda por violación a los Derechos Humanos de la joven LMR, motivada porque no le permitieron acceder a la interrupción del embarazo.
El dictamen admitió que hubo violación del art. 7 del Pacto (tortura y trato cruel, inhumano y degradante) al considerar que “la omisión del Estado al no garantizar a LMR el derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en el art. 86 inc.2 del Código Penal causó a la joven un sufrimiento físico y moral contrario al art. 7 del Pacto, tanto más grave cuanto se trataba de una joven con discapacidad”.
Además se quejó de que en los hospitales públicos hayan todos médicos objetores de conciencia. Opinó que eso no se puede permitir.
También manifestó el acuerdo de su ONG con la despenalización del aborto y el proyecto que está en Diputados esperando por su tratamiento. “Es mentira lo que algunos dicen por ahí de que para tratar la despenalización del aborto habría que reformar la Constitución porque la Convención de Derechos Humanos lo prohíbe al garantizar la vida. La CIDH dejó en claro que la despenalización del aborto no es contraria a la convención”, señaló.
También hubo quejas sobre el programa de salud sexual y reproductiva del gobierno. Básicamente lo que objetaron es si bien las intenciones son buenas, las obras sociales no dan gratis los métodos anticonceptivos
Distintos especialistas en cuestiones de género debatieron en el Seminario de Acceso a la Justicia Reproductiva temas como la despenalización del aborto, los altos índices de mortalidad materna y el acceso a los métodos anticonceptivos. El seminario que comenzó ayer hoy tuvo su última jornada donde se habló de los obstáculos que plantea la religión para acceder a los derechos sexuales y se evaluaron los logros y perspectivas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
El primer panel, que comenzó a las 9 de la mañana, contó con la presencia de Gillian Kane, asesora de la unidad de políticas de IPAS de Nueva York, Marco Vaggione, del Conicet; la periodista Marta Vasallo y la también investigadora del Conicet y de la UBA Vanesa Vázquez.
Del segundo panel participaron Estela Díaz, directora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina; Marta Alanís, coordinadora de la CDD de Argentina; Viviana Della Siega, visepresidenta de INSGENAR; Claudia Anzorena del Colectivo Las Juanas y la antropóloga Florencia López.
Durante la jornada de ayer, Mariana Romero, investigadora de CEDES, opinó que “la mortalidad materna parece ser un tema casi olvidado” y para fundamentar dio datos concretos. “La mortalidad materna no bajó entre 1990 y el 2008. La tasa de mortalidad materna en el mundo es de 400 mujeres por 1000 nacidos vivos en 1990. En 2008 bajó a 260. En Argentina la tasa de mortalidad materna es del 40%”, explicó.
También se refirió a las diferencias de las situaciones dentro del mismo territorio nacional. “Formosa tiene casi el triple de mortalidad materna del país. Una mujer en la Capital Federal tiene 20% menos de posibilidades de morirse que una formoseña”, dijo.
Además recordó que uno de los compromisos del milenio en la Argentina es la reducción de la mortalidad materna hacia el año 2015 al 13%. O sea las tres cuartas partes. No obstante advirtió que si se sigue al ritmo actual se logrará reducir la mortalidad de los 40% actuales al 38,2%. E informó que el aborto es la principal causa de muerte materna: el 27% y que una manera de apaliar un poco el tema es con una buena legislación sobre aborto. “La despenalización no aumenta el número de abortos”, remarcó.
Por su parte, Álvaro Herrero, abogado y director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se refirió a los obstáculos para acceder a la justicia reproductiva, que los calificó como legales y culturales e indicó que están mismo dentro del Poder Judicial. Como obstáculo cultural indicó que no se ve en la facultad el tema de los derechos de las mujeres, que los jueces y fiscales no están acostumbrados a tratar los temas de violencia de género, salud sexual, aborto. En cuanto a los obstáculos judiciales indicó que éstos son los que tienen que ver con el aborto no punible y la despenalización.
De acuerdo con Herrero, los proyectos que en el Senado quieren ampliar los casos de impunibilidad del aborto son innecesarios ya que “no se hace una interpretación correcta del Código Penal sobre los permisos de aborto. No es necesario reformar el Código sino darle una interpretación correcta”. En ese sentido manifestó su conformidad con que en la Corte Suprema esté el caso Fuertes, que es una niña violada de Chubut que la Justicia permitió abortar pero el defensor de menores apeló y llegó a la Corte. “La Corte tendrá ahora la oportunidad de interpretar el Código de manera correcta”, dijo.
En ese mismo orden emitió su beneplácito por el dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acogiendo la demanda por violación a los Derechos Humanos de la joven LMR, motivada porque no le permitieron acceder a la interrupción del embarazo.
El dictamen admitió que hubo violación del art. 7 del Pacto (tortura y trato cruel, inhumano y degradante) al considerar que “la omisión del Estado al no garantizar a LMR el derecho a la interrupción del embarazo conforme a lo previsto en el art. 86 inc.2 del Código Penal causó a la joven un sufrimiento físico y moral contrario al art. 7 del Pacto, tanto más grave cuanto se trataba de una joven con discapacidad”.
Además se quejó de que en los hospitales públicos hayan todos médicos objetores de conciencia. Opinó que eso no se puede permitir.
También manifestó el acuerdo de su ONG con la despenalización del aborto y el proyecto que está en Diputados esperando por su tratamiento. “Es mentira lo que algunos dicen por ahí de que para tratar la despenalización del aborto habría que reformar la Constitución porque la Convención de Derechos Humanos lo prohíbe al garantizar la vida. La CIDH dejó en claro que la despenalización del aborto no es contraria a la convención”, señaló.
También hubo quejas sobre el programa de salud sexual y reproductiva del gobierno. Básicamente lo que objetaron es si bien las intenciones son buenas, las obras sociales no dan gratis los métodos anticonceptivos
No hay comentarios:
Publicar un comentario