Fuente. xornal.com
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte digna, la norma con la que se pretende aclarar qué derechos tienen los pacientes en situación terminal, así como las obligaciones del personal asistencial y sanitario que los tiene a su cargo. Se trata, una vez más, de una normativa que ha abierto el debate moral sobre el derecho a la vida y a la muerte, al igual que ocurriese anteriormente con la nueva legislación sobre el aborto.
Según la ministra de Sanidad, Leire Pajín, se trata de una norma “muy demandada” y con la que se “ha querido dar un paso más y pasar de un modelo asistencial a otro de derechos y garantías”. También quiso dejar claro la titular de Sanidad que con esta nueva legislación “no se despenalizará la eutanasia o el suicidio asistido”, sino que lo que se pretende es que los ciudadanos “afronten sus últimos días con dignidad y el menor sufrimiento posible, con independencia del lugar en qué residan”. Y es que con esta norma se siguen los pasos ya dados en Andalucía, que fue la primera autonomía en regular el derecho a una muerte digna, y Aragón, que el pasado 24 de marzo aprobó una ley similiar con la oposición del Partido Popular, que la consideró una “trampa hacia la eutanasia”.
El asunto contraria mucho tanto a los sectores más conservadores de la sociedad como a la Iglesia católica que, al igual que ocurrió con la nueva ley del aborto, ya han mostrado su oposición absoluta a la regulación aprobada por el Consejo de Ministros. Sin embargo, en estos casos, es de esperar que el Gobierno español, más que ir hacia un lado u otro de la opinión pública, lo que haga sea proteger el derecho a decidir libremente que tienen los ciudadanos. Es lo que debe prevalecer ante todo para que, cuando la situación así lo exija, cada persona, según sus creencias, pueda decidir qué quiere hacer.
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