Fuente: diariojudicial.com
Ya hay varios proyectos parlamentarios que plantean modificaciones parciales a la actual legislación de donación y trasplante de órganos. Otras iniciativas proponen la creación de un Sistema de Protección de Trasplantados. Todas las propuestas en la segunda parte del especial de DiarioJudicial.com
Ya hay varios proyectos parlamentarios que plantean modificaciones parciales a la actual legislación de donación y trasplante de órganos. Otras iniciativas proponen la creación de un Sistema de Protección de Trasplantados. Todas las propuestas en la segunda parte del especial de DiarioJudicial.com
Por Gustavo Ahumada
En materia de donación y trasplante de órganos la complejidad del
tema, y la necesidad social de una concientización constante, puede
traducirse a nivel legislativo. En ese marco el Congreso de la Nación
juega un papel permanente en referencia a la actualización legislativa.
En la Cámara de Diputados, el primero de los proyectos que logra la media sanción (marzo de 2011)- de la Cámara de Diputados es una iniciativa presentada por la diputada Nancy González (FpV), que hace foco en los gastos del donante y la consecuente modificación del artículo 16 de la Ley 24.193. Ahora el Senado tiene la última palabra.
Expresamente la media sanción detalla cuestiones con respecto a los gastos que no se encuentran especificadas en la ley vigente. Se consiga que los gastos vinculados con la ablación y/o el implante “serán cubiertos a través del Estado por todos los establecimientos de salud públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661”, así como entre otras, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades.
Un caso actual que puede dar cuenta de la necesidad de actualización de la normativa es la situación que sufren dos hermanas cordobesas (Marisol y Maribel Oviedo) que sufren fibrosis y que presentaron un amparo en la justicia cordobesa para poder recibir órganos de donantes vivos con relación de parentesco. En septiembre del año pasado el juez federal, y actual consejero de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar al amparo.
Esta situación tuvo su recepción casi inmediata en el Congreso, puesto que el fallo del magistrado en la causa "O, M y otra c/ Estado Nacional s/ Amparo" fue el 3 de septiembre y el 9 del mismo mes la diputada Silvana Giudici (UCR) –junto con una gran cantidad de diputados radicales- presentó un proyecto que directamente refiere a la ablación de órganos de personas vivas.
Las reformas que aquí se impulsan incorporan en el artículo 14 de la Ley ya algunos de los órganos que pueden ser objeto de ablación, es decir, el texto actual del artículo 14 del Decreto Nacional n° 512/95, que reglamenta la ley 24.193 e incorpora, además, el supuesto de trasplante de pulmón lobar. “Se permite la resección total, acorde a las técnicas imperantes al momento de la intervención, y únicamente si el receptor padece fibrosis quística, con posible evolución terminal a corto plazo”, reza el texto del proyecto.
Además se modificaría el artículo 15 con el objetivo de ampliar “el campo a todas las posibles relaciones de parentesco, sin plantear limitación alguna para la relación concubinal, por entender que es discriminatorio y arbitrario imponer un tiempo de tres (3) o dos (2) años, dependiendo ello de la existencia o no de hijos”. Así la pretensión de este proyecto es sacar esta limitación y establecer qué "el receptor sea su pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o por adopción hasta el cuarto grado, o por relación concubinal".
La autora del proyecto destacó que los avances tecnológicos “permiten que se realicen trasplantes en vida, sin riesgo para el donante, ante casos de enfermedades complejas que requieren soluciones especiales". Y sentenció que “garantizar el derecho a la vida y al acceso a la salud es una obligación del Estado”.
Para la legisladora: "desde el Parlamento tenemos la obligación de sancionar normas que puedan ser aplicadas sin requerir la intervención judicial ante la existencia de enfermedades complejas".
Otros proyectos, en cambio, apuntan a solucionar otros aspectos del trasplante, como las necesidades de transporte de las personas que necesitan trasplante y no poseen cobertura médica.
También presentado por la diputada González aquí se intentan ampliar las funciones del INCUCAI para los casos en los que los pacientes deban ser trasladados en este contexto y el organismo “deberá analizar y determinar, acorde a la urgencia de la operación, los medios idóneos para el traslado del paciente".
En el mismo sentido, puede mencionarse un proyecto presentado en el Senado y que busca amparar a los trasplantados. La iniciativa presentada por la senadora Sonia Escudero, prevé la creación de un Sistema de Protección Integral para las Personas Trasplantadas que les asegure “su integración familiar y social mediante la atención médica integral, educación, seguridad social e inserción laboral”.
De aprobarse este sistema, no sólo se beneficiaria a las personas trasplantadas, sino también a aquellos que estén esperando un órgano para la realización de un trasplante y que se hallen inscriptas en lista de espera del INCUCAI.
La norma impulsada establece, entre otras cosa, que las obras sociales y las empresas medicina prepaga deban brindar a las personas trasplantadas una cobertura del ciento por ciento en la provisión de medicamentos (incluidos los “colaterales”), así como en los estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud, y un “pase libre” para el transporte que garantice a los trasplantados el uso gratuito de cualquier medio de transporte de pasajeros.
Asimismo, el Ministerio de Salud deberá “promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten a toda persona trasplantada que carezca de recursos suficientes, la adquisición de una adecuada unidad habitacional o la adaptación de su vivienda”.
Este proyecto fue presentado en octubre del año pasado y se encuentra en pleno estudio en la comisión de Salud de la Cámara alta. Incluso ya se han realizado reuniones, de las que participaron representantes del INCUCAI, y aseguran que estará en condiciones de ser tratado el próximo 1 de junio en el recinto.
En la Cámara de Diputados, el primero de los proyectos que logra la media sanción (marzo de 2011)- de la Cámara de Diputados es una iniciativa presentada por la diputada Nancy González (FpV), que hace foco en los gastos del donante y la consecuente modificación del artículo 16 de la Ley 24.193. Ahora el Senado tiene la última palabra.
Expresamente la media sanción detalla cuestiones con respecto a los gastos que no se encuentran especificadas en la ley vigente. Se consiga que los gastos vinculados con la ablación y/o el implante “serán cubiertos a través del Estado por todos los establecimientos de salud públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661”, así como entre otras, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades.
Un caso actual que puede dar cuenta de la necesidad de actualización de la normativa es la situación que sufren dos hermanas cordobesas (Marisol y Maribel Oviedo) que sufren fibrosis y que presentaron un amparo en la justicia cordobesa para poder recibir órganos de donantes vivos con relación de parentesco. En septiembre del año pasado el juez federal, y actual consejero de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytes, hizo lugar al amparo.
Esta situación tuvo su recepción casi inmediata en el Congreso, puesto que el fallo del magistrado en la causa "O, M y otra c/ Estado Nacional s/ Amparo" fue el 3 de septiembre y el 9 del mismo mes la diputada Silvana Giudici (UCR) –junto con una gran cantidad de diputados radicales- presentó un proyecto que directamente refiere a la ablación de órganos de personas vivas.
Las reformas que aquí se impulsan incorporan en el artículo 14 de la Ley ya algunos de los órganos que pueden ser objeto de ablación, es decir, el texto actual del artículo 14 del Decreto Nacional n° 512/95, que reglamenta la ley 24.193 e incorpora, además, el supuesto de trasplante de pulmón lobar. “Se permite la resección total, acorde a las técnicas imperantes al momento de la intervención, y únicamente si el receptor padece fibrosis quística, con posible evolución terminal a corto plazo”, reza el texto del proyecto.
Además se modificaría el artículo 15 con el objetivo de ampliar “el campo a todas las posibles relaciones de parentesco, sin plantear limitación alguna para la relación concubinal, por entender que es discriminatorio y arbitrario imponer un tiempo de tres (3) o dos (2) años, dependiendo ello de la existencia o no de hijos”. Así la pretensión de este proyecto es sacar esta limitación y establecer qué "el receptor sea su pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o por adopción hasta el cuarto grado, o por relación concubinal".
La autora del proyecto destacó que los avances tecnológicos “permiten que se realicen trasplantes en vida, sin riesgo para el donante, ante casos de enfermedades complejas que requieren soluciones especiales". Y sentenció que “garantizar el derecho a la vida y al acceso a la salud es una obligación del Estado”.
Para la legisladora: "desde el Parlamento tenemos la obligación de sancionar normas que puedan ser aplicadas sin requerir la intervención judicial ante la existencia de enfermedades complejas".
Otros proyectos, en cambio, apuntan a solucionar otros aspectos del trasplante, como las necesidades de transporte de las personas que necesitan trasplante y no poseen cobertura médica.
También presentado por la diputada González aquí se intentan ampliar las funciones del INCUCAI para los casos en los que los pacientes deban ser trasladados en este contexto y el organismo “deberá analizar y determinar, acorde a la urgencia de la operación, los medios idóneos para el traslado del paciente".
En el mismo sentido, puede mencionarse un proyecto presentado en el Senado y que busca amparar a los trasplantados. La iniciativa presentada por la senadora Sonia Escudero, prevé la creación de un Sistema de Protección Integral para las Personas Trasplantadas que les asegure “su integración familiar y social mediante la atención médica integral, educación, seguridad social e inserción laboral”.
De aprobarse este sistema, no sólo se beneficiaria a las personas trasplantadas, sino también a aquellos que estén esperando un órgano para la realización de un trasplante y que se hallen inscriptas en lista de espera del INCUCAI.
La norma impulsada establece, entre otras cosa, que las obras sociales y las empresas medicina prepaga deban brindar a las personas trasplantadas una cobertura del ciento por ciento en la provisión de medicamentos (incluidos los “colaterales”), así como en los estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud, y un “pase libre” para el transporte que garantice a los trasplantados el uso gratuito de cualquier medio de transporte de pasajeros.
Asimismo, el Ministerio de Salud deberá “promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten a toda persona trasplantada que carezca de recursos suficientes, la adquisición de una adecuada unidad habitacional o la adaptación de su vivienda”.
Este proyecto fue presentado en octubre del año pasado y se encuentra en pleno estudio en la comisión de Salud de la Cámara alta. Incluso ya se han realizado reuniones, de las que participaron representantes del INCUCAI, y aseguran que estará en condiciones de ser tratado el próximo 1 de junio en el recinto.
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