Fuente: ncn.com.ar
Mientras los medios dan cuenta del pedido de una madre para poder desconectar a su hija, esta semana se sumó en Diputados un nuevo proyecto con firmas de distintos bloques. Miguel Bonasso (Diálogo por Bs As) adelantó que en la próxima sesión pedirá el tratamiento de su iniciativa.
El caso de Camila, una niña de dos años que por complicaciones derivadas del parto se encuentra en un estado vegetativo permanente, reavivó el debate por la “muerte digna”, que desde hace tiempo es relegado por el Congreso.
Bonasso, que presentó su proyecto propio hace un mes, anunció que en la próxima sesión pedirá el tratamiento sobre tablas. Su iniciativa establece que los enfermos terminales o en agonía tienen derecho a “rechazar la aplicación de procedimientos e intervenciones sanitarias”, aún cuando pudieran poner en peligro su vida.
En la Cámara baja hubo otros dos proyectos previos que perdieron estado parlamentario, lo que da cuenta de la poca importancia que los legisladores le han dado al tema. Uno de Federico Pinedo y el ex diputado Luis Galvalisi, presentado en el 2006, y otro de dos años después presentado por la socialista Mónica Fein.
Esta semana los diputados Juan Carlos Vega (CC), Oscar Albrieu (FpV), Carlos Comi (CC), Raúl Barrandeguy (FpV), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Fortuna Francisco (Córdoba Federal) presentaron un nuevo proyecto.
Esta nueva iniciativa propone que “las personas que se encuentren en el proceso de muerte, tienen el derecho a tomar sus decisiones -respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten- con el más completo desarrollo informativo que le precede”.
“La persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal, tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios -con las salvedades hechas en el art. 13-, siempre que esté fundado en un proceso de información suficiente, aunque con ello, se pueda poner en peligro la propia vida del rechazante”, establece el proyecto. Si el paciente no pudiera firmar podrá hacerlo una persona “que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la intervención propuesta”.
Mientras tanto en el Senado hay tres proyectos que esperan ser tratados: una de César Gioja (FpV), otra de Adriana Bortolozzi y una de Samuel Cabanchik (ProBaFe).
La primera fue presentada el año pasado bajo el nombre de “testamento vital”. El senador propone “regular el derecho de autonomía de los ciudadanos a través del testamento vital”, al que define como la manifestación escrita donde consta la voluntad de que no se mantenga con vida al paciente de una enfermedad terminal por medio de tratamientos médicos “que sean desproporcionados o extraordinarios y que impliquen la prolongación en forma abusiva del proceso de muerte”.
Bortolozzi presentó un proyecto para reivindicar “el derecho a la propia muerte”. En él propone que “todo paciente en estado terminal, grave, discapacitante e incurable podrá oponerse a la aplicación de tratamientos extraordinarios”. No obstante, a diferencia de Gioja, el proyecto de la formoseña incluye la posibilidad de la “sedación terminal”, es decir, la inducción de un sueño lo suficientemente profundo como para aliviar el sufrimiento hasta que sobrevenga la muerte.
Como lo propuesto por Cabanchik es en un punto similar a lo propuesto por la formoseña, ambos ya hicieron tratativas para unificar proyectos. También el senador por Probafe establece que el paciente tiene derecho a hacer un testamento vital.
Se reconoce la objeción de conciencia del médico que no esté de acuerdo con algunas de las prácticas que propone la ley. En ese sentido, el centro asistencial, ya sea público o privado, deberá contar con médicos que sí estén dispuestos a hacer lo que la ley plantea. No obstante, la objeción de conciencia no debe ser presentada ante el caso sino cuando el médico se incorpora a trabajar en el hospital o clínica y debe ser hecha en forma escrita.
Mientras los medios dan cuenta del pedido de una madre para poder desconectar a su hija, esta semana se sumó en Diputados un nuevo proyecto con firmas de distintos bloques. Miguel Bonasso (Diálogo por Bs As) adelantó que en la próxima sesión pedirá el tratamiento de su iniciativa.
El caso de Camila, una niña de dos años que por complicaciones derivadas del parto se encuentra en un estado vegetativo permanente, reavivó el debate por la “muerte digna”, que desde hace tiempo es relegado por el Congreso.
Bonasso, que presentó su proyecto propio hace un mes, anunció que en la próxima sesión pedirá el tratamiento sobre tablas. Su iniciativa establece que los enfermos terminales o en agonía tienen derecho a “rechazar la aplicación de procedimientos e intervenciones sanitarias”, aún cuando pudieran poner en peligro su vida.
En la Cámara baja hubo otros dos proyectos previos que perdieron estado parlamentario, lo que da cuenta de la poca importancia que los legisladores le han dado al tema. Uno de Federico Pinedo y el ex diputado Luis Galvalisi, presentado en el 2006, y otro de dos años después presentado por la socialista Mónica Fein.
Esta semana los diputados Juan Carlos Vega (CC), Oscar Albrieu (FpV), Carlos Comi (CC), Raúl Barrandeguy (FpV), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Fortuna Francisco (Córdoba Federal) presentaron un nuevo proyecto.
Esta nueva iniciativa propone que “las personas que se encuentren en el proceso de muerte, tienen el derecho a tomar sus decisiones -respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten- con el más completo desarrollo informativo que le precede”.
“La persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal, tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios -con las salvedades hechas en el art. 13-, siempre que esté fundado en un proceso de información suficiente, aunque con ello, se pueda poner en peligro la propia vida del rechazante”, establece el proyecto. Si el paciente no pudiera firmar podrá hacerlo una persona “que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la intervención propuesta”.
Mientras tanto en el Senado hay tres proyectos que esperan ser tratados: una de César Gioja (FpV), otra de Adriana Bortolozzi y una de Samuel Cabanchik (ProBaFe).
La primera fue presentada el año pasado bajo el nombre de “testamento vital”. El senador propone “regular el derecho de autonomía de los ciudadanos a través del testamento vital”, al que define como la manifestación escrita donde consta la voluntad de que no se mantenga con vida al paciente de una enfermedad terminal por medio de tratamientos médicos “que sean desproporcionados o extraordinarios y que impliquen la prolongación en forma abusiva del proceso de muerte”.
Bortolozzi presentó un proyecto para reivindicar “el derecho a la propia muerte”. En él propone que “todo paciente en estado terminal, grave, discapacitante e incurable podrá oponerse a la aplicación de tratamientos extraordinarios”. No obstante, a diferencia de Gioja, el proyecto de la formoseña incluye la posibilidad de la “sedación terminal”, es decir, la inducción de un sueño lo suficientemente profundo como para aliviar el sufrimiento hasta que sobrevenga la muerte.
Como lo propuesto por Cabanchik es en un punto similar a lo propuesto por la formoseña, ambos ya hicieron tratativas para unificar proyectos. También el senador por Probafe establece que el paciente tiene derecho a hacer un testamento vital.
Se reconoce la objeción de conciencia del médico que no esté de acuerdo con algunas de las prácticas que propone la ley. En ese sentido, el centro asistencial, ya sea público o privado, deberá contar con médicos que sí estén dispuestos a hacer lo que la ley plantea. No obstante, la objeción de conciencia no debe ser presentada ante el caso sino cuando el médico se incorpora a trabajar en el hospital o clínica y debe ser hecha en forma escrita.
No hay comentarios:
Publicar un comentario