Fuente: www.miradaprofesional.com
La aparición de la denominada mafia de los medicamentos puso sobre relieve la necesidad de generar mejores controles en la compra y venta de los fármacos de alta complejidad, que en muchos casos salen del circuito legal que incluye laboratorios, droguerías y farmacias. A los esfuerzos oficiales para tratar de trasparentar el mercado –con el nuevo sistema de trazabilidad a la cabeza –se suman un posible cambio en la forma de comprar estos productos por parte de la sobras sociales sindicales, que podrían dejar de ser compradores directos. El ejemplo del PAMI, que centraliza sus comprar y ahorra millones de pesos.
Según explicó en la edición del domingo el diario Perfil, la posibilidad de que las obras sociales de los sindicatos pierdan la potestad de comprar los medicamentos de alta complejidad “volvió a preocupar a Hugo Moyano esta semana cuando vio nuevamente la noticia en la tapa de los diarios”.
Los técnicos de la Superintendencia de Salud niegan que vaya a aplicarse. “La idea se estudió y se descartó. No tenemos la logística para distribuir medicamentos”, aseguran las fuentes consultadas por ese diario. Como ejemplo, en el PAMI recuerdan cuando la Presidenta se sorprendió al informarse sobre el ahorro que garantizaba el mecanismo de compra de medicamentos del instituto, que al comprar en grandes cantidades para 4,4 millones de personas logra un ahorro de un 39 por ciento promedio.
El sistema fue orquestado por Graciela Ocaña, ex interventora de esa obra social, determinó la centralización de la compra de remedios oncológicos, para el sida y hemofílicos, desde la sede central. “Se compra directamente a la industria farmacéutica –los grandes laboratorios– y al hacer la compra para todo el país obtenemos precios muy bajos, y la seguridad de que el medicamento sea original.
“Con este sistema, los medicamentos se distribuyen en todo el país a través de las farmacias –explican–. En el caso de las obras sociales, el médico recetaría el remedio, lo autorizaría la obra social a través de su auditor y el paciente retiraría la droga de una farmacia a las 48 horas.”
Cuando Ocaña quiso trasladar el sistema a las obras sociales, Moyano se opuso. Las droguerías también se oponen, ya que dejarían de existir como intermediarias.
La aparición de la denominada mafia de los medicamentos puso sobre relieve la necesidad de generar mejores controles en la compra y venta de los fármacos de alta complejidad, que en muchos casos salen del circuito legal que incluye laboratorios, droguerías y farmacias. A los esfuerzos oficiales para tratar de trasparentar el mercado –con el nuevo sistema de trazabilidad a la cabeza –se suman un posible cambio en la forma de comprar estos productos por parte de la sobras sociales sindicales, que podrían dejar de ser compradores directos. El ejemplo del PAMI, que centraliza sus comprar y ahorra millones de pesos.
Según explicó en la edición del domingo el diario Perfil, la posibilidad de que las obras sociales de los sindicatos pierdan la potestad de comprar los medicamentos de alta complejidad “volvió a preocupar a Hugo Moyano esta semana cuando vio nuevamente la noticia en la tapa de los diarios”.
Los técnicos de la Superintendencia de Salud niegan que vaya a aplicarse. “La idea se estudió y se descartó. No tenemos la logística para distribuir medicamentos”, aseguran las fuentes consultadas por ese diario. Como ejemplo, en el PAMI recuerdan cuando la Presidenta se sorprendió al informarse sobre el ahorro que garantizaba el mecanismo de compra de medicamentos del instituto, que al comprar en grandes cantidades para 4,4 millones de personas logra un ahorro de un 39 por ciento promedio.
El sistema fue orquestado por Graciela Ocaña, ex interventora de esa obra social, determinó la centralización de la compra de remedios oncológicos, para el sida y hemofílicos, desde la sede central. “Se compra directamente a la industria farmacéutica –los grandes laboratorios– y al hacer la compra para todo el país obtenemos precios muy bajos, y la seguridad de que el medicamento sea original.
“Con este sistema, los medicamentos se distribuyen en todo el país a través de las farmacias –explican–. En el caso de las obras sociales, el médico recetaría el remedio, lo autorizaría la obra social a través de su auditor y el paciente retiraría la droga de una farmacia a las 48 horas.”
Cuando Ocaña quiso trasladar el sistema a las obras sociales, Moyano se opuso. Las droguerías también se oponen, ya que dejarían de existir como intermediarias.
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