Fuente: elintransigente.com
ARGENTINA.- A pocos días del pedido de una madre para poder desconectar a su hija, los diputados Juan Carlos Vega (CC), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Carlos Comi (CC), Oscar Albrieu (FpV), Francisco Fortuna (Córdoba Federal) y Raúl Barrandeguy (FpV) presentaron un proyecto de ley de “que permita un adecuado tratamiento de las condiciones, derechos de los pacientes y deberes de los profesionales de la salud, todo ello a fin de lograr lo que se ha llegado a conceptualizar como ‘muerte digna’”.
La iniciativa “tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a esas personas, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso”.
Al respecto, los diputados remarcaron que “por muerte digna se entiende a la exigencia ética que atiende a la forma de morir y el derecho que cuenta todo ser humano para elegir o exigir para sí y para una persona a su cargo, una ‘muerte a tiempo’, es decir sin abreviaciones tajantes (eutanasia) ni prolongaciones irracionales (distanasia) o cruelmente obstinadas (encarnizamiento médico) del proceso de morir”.
Según indica el sitio Parlamentario.com, el proyecto establece que “la persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal, tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios siempre que esté fundado en un proceso de información suficiente, aunque con ello, se pueda poner en peligro la propia vida del rechazante. En particular a rechazar tratamientos mecánicos o farmacológicos de prolongación de vida”.
“Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si no pudiere firmar, firmará por el paciente una persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la intervención propuesta. Todo deberá constar en la historia clínica o en la declaración vital de voluntad”, resuelve la iniciativa.
En cambio, “cuando la persona esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su médico responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del consentimiento”, se realizará “por la persona designada específicamente a tal fin en la declaración vital de voluntad, por la persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, por los familiares de grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio de lo que pudiera decidir la autoridad judicial competente conforme a la legislación procesal”.
“La eutanasia no constituye ni materia ni objeto de este proyecto de ley. Estamos legislando sobre el derecho humano del individuo a tener una muerte digna”, señalan los legisladores entre los fundamente del proyecto en cuestión.
La norma deberá ser abordada por las comisiones de Salud, cuyo titular es Antonio Morante (FpV); Legislación, que preside Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro); y Derechos Humano cuya presidenta es Victoria Donda (Libres del Sur).
ARGENTINA.- A pocos días del pedido de una madre para poder desconectar a su hija, los diputados Juan Carlos Vega (CC), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Carlos Comi (CC), Oscar Albrieu (FpV), Francisco Fortuna (Córdoba Federal) y Raúl Barrandeguy (FpV) presentaron un proyecto de ley de “que permita un adecuado tratamiento de las condiciones, derechos de los pacientes y deberes de los profesionales de la salud, todo ello a fin de lograr lo que se ha llegado a conceptualizar como ‘muerte digna’”.
La iniciativa “tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a esas personas, así como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso”.
Al respecto, los diputados remarcaron que “por muerte digna se entiende a la exigencia ética que atiende a la forma de morir y el derecho que cuenta todo ser humano para elegir o exigir para sí y para una persona a su cargo, una ‘muerte a tiempo’, es decir sin abreviaciones tajantes (eutanasia) ni prolongaciones irracionales (distanasia) o cruelmente obstinadas (encarnizamiento médico) del proceso de morir”.
Según indica el sitio Parlamentario.com, el proyecto establece que “la persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal, tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios siempre que esté fundado en un proceso de información suficiente, aunque con ello, se pueda poner en peligro la propia vida del rechazante. En particular a rechazar tratamientos mecánicos o farmacológicos de prolongación de vida”.
“Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si no pudiere firmar, firmará por el paciente una persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la intervención propuesta. Todo deberá constar en la historia clínica o en la declaración vital de voluntad”, resuelve la iniciativa.
En cambio, “cuando la persona esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su médico responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del consentimiento”, se realizará “por la persona designada específicamente a tal fin en la declaración vital de voluntad, por la persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, por los familiares de grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio de lo que pudiera decidir la autoridad judicial competente conforme a la legislación procesal”.
“La eutanasia no constituye ni materia ni objeto de este proyecto de ley. Estamos legislando sobre el derecho humano del individuo a tener una muerte digna”, señalan los legisladores entre los fundamente del proyecto en cuestión.
La norma deberá ser abordada por las comisiones de Salud, cuyo titular es Antonio Morante (FpV); Legislación, que preside Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro); y Derechos Humano cuya presidenta es Victoria Donda (Libres del Sur).
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