Fuente: La Nación de Costa Rica
La urgencia del Gobierno, de empresas ligadas a la
medicina y de un sector de la academia, enfrenta ahora una decidida
lentitud de una parte de diputados que objetan el proyecto de ley de
investigaciones clínicas con humanos.
El Partido Acción Ciudadana (PAC), mayor fuerza
opositora en el Congreso, llamó ayer a repensar el proyecto, el cual
está en última fase de discusión, después de ser aprobado en una
comisión.
Problemas con las instituciones que
controlarían las investigaciones, delitos mal establecidos, desventajas
para las universidades y desprotección de los pacientes, son algunos de
los diez señalamientos divulgados ayer por la diputada María Eugenia
Venegas, encargada del PAC para este proyecto.
Estas
posiciones las acuerpan también diputados del Partido Accesibilidad Sin
Exclusión (PASE) y Frente Amplio (FA), quienes coinciden en que la ley
prioriza una “lógica comercial” por encima de los derechos humanos.
Venegas llamó la atención sobre la velocidad con que se ha tramitado el
proyecto; un año, una rapidez inusual en la dinámica legislativa. Ella
lo atribuye a la presión de empresas privadas que en este momento están
imposibilitadas de probar en Costa Rica sus tratamientos con seres
humanos.
Venegas llamó a reflexionar más sobre la
ley, a pesar de que también hay urgencia de académicos de las
universidades públicas. “Las prisas de los académicos no son mis prisas”
dijo ella minutos antes de etiquetarse como académica.
De
momento está prohibido emprender investigaciones científicas con seres
humanos, pues aún prima un fallo de la Sala Constitucional que derogó un
decreto ejecutivo sobre el tema y estableció la necesidad de crear una
ley específica.
Esa ley es la que discuten en el
Congreso ante la expectativa de investigadores universitarios, de
empresas farmacéuticas y del Gobierno, que la consideran vital para
atraer nuevas inversiones. “Es absolutamente indispensable”, dijo en
mayo la ministra de Comercio Exterior, Anabel González.
Con
ella coincidió ayer la diputada Xinia Espinoza, encargada de la
fracción oficialista para este tema, quien consideró incomprensibles las
objeciones de Venegas.
“Ella trabajó mucho con este
proyecto. Debería uno ser consecuente y no anunciar que va a entrabar
por entrabar”, dijo Espinoza quien considera que el problema es “que hay
muchos diputados que creen tener la razón y creen que siempre hay
negocio oculto”.
La legisladora Rita Chaves (PASE), quien preside la Comisión de Asuntos
Sociales, advirtió que el proyecto enfrenta un panorama difícil en el
plenario en estas sesiones extraordinarias, pues se prevé una lluvia de
mociones y también una consulta de constitucionalidad.
“Tenemos que hacer entender al plenario que sería una irresponsabilidad
dejar en manos políticas el control de las investigaciones”, dijo
Chaves, en alusión al poder que tendría el Ministerio de Salud sobre el
Consejo Nacional de Investigación en Salud (Conis), encargado de
supervisar el sistema de investigaciones biomédicas.
Chaves
también lamentó que no se hayan prohibido las investigaciones en niños y
que no se garantice a las personas acceso gratis a los productos en
cuya experimentación hayan participado.
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