Fuente: noticiasurbanas.com.ar
Operaciones urgentes que se hacen con un año y medio de demora, esperas interminables para sacar turnos, problemas edilicios, falta de personal e insumos, dificultad para acceder a medicamentos y prótesis: la salud pública porteña.
Por Clarisa Ercolano
El que espera, desespera. Y si no, basta una recorrida por los hospitales públicos de la Ciudad para toparse con historias donde la salud de los pacientes parece ser una prioridad sólo para ellos mismos. El Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo porteña presentó un balance lapidario sobre el estado de la salud pública, que además incluye a las obras sociales, que no por ser pagas garantizan siempre la debida atención. Conseguir remedios, prótesis o turnos urgentes puede ser una misión imposible. Así, al enfermo no le queda otra opción que ser paciente.
En los hospitales Tornú, Durand y Argerich, el órgano de contralor debió actuar por la falta de entrega de medicamentos, obligación que le compete al Gobierno de la Ciudad. Aunque en menor medida que el año anterior, la falta de acceso a medicamentos que debieron ser provistos por el ministerio que dirige Jorge Lemus constituyó la queja más frecuente entre los vecinos que atienden su salud en hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC).
Las quejas refirieron la faltante o demora en la entrega de remedios incluidos en el listado del Plan Médico de Cabecera, así como importantes retrasos en la tramitación de las compras de las drogas que se encuentran fuera de ese vademécum. La situación afectó a pacientes con patologías crónicas de alta incidencia (como diabetes, epilepsia, hipertensión o trastornos psiquiátricos) y a aquellos que padecen enfermedades que requieren para su tratamiento medicamentos de mayor costo (oncológicos, para hepatitis C o artritis reumatoidea, entre otros). Ninguna de estas patologías puede sobrellevarse sin las adecuadas drogas, pero, pese a esta verdad insoslayable, a los hospitales no les son asignados los fondos para los trámites de ayuda médica y la resolución de éstos depende de la aprobación del nivel central.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad remarcaron ante Noticias Urbanas que fueron mantenidas numerosas reuniones con funcionarios de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud del Ministerio de Salud porteño. Pero que no se ha implementado ninguna política orientada hacia su solución.
Los obstáculos en la compra de prótesis e insumos indicados para cirugías y tratamientos fueron el segundo motivo de reclamo de los vecinos. La espera excesiva en la realización de las cirugías perjudica a los usuarios, que agravan su problema de salud. La frecuente suspensión y reprogramación en las fechas de cirugía plantean, además, la reiteración de estudios prequirúrgicos o la necesidad de prolongar las internaciones preoperatorias a la espera de la intervención. Esta dificultad tiene una relación directa con las demoras en las cirugías cardíacas o traumatológicas o en el inicio de los tratamientos para los que fueron prescriptos los insumos, como por ejemplo, mochilas de oxígeno, leche medicamentosa o audífonos. Desde la Defensoría se prepararon oficios y seguimientos de trámites en entrega de audífonos y prótesis en el hospital Ramos Mejía. Sin embargo, no hubo soluciones por parte de las autoridades correspondientes.
URGENCIA DE UN AÑO Y MEDIO
Una de las actuaciones del organismo que ampara a los porteños basta de ejemplo para explicar qué se entiende por “urgente” en un hospital público. Para una usuaria del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” con indicación de cirugía urgente fue fijada la fecha para fines de octubre de 2009 y realizado el trámite de compra. Sin embargo, por razones presupuestarias, tal adquisición no se concretó en el período 2009, motivo por el cual en 2010 la paciente debió iniciar un nuevo trámite y renovar sus estudios médicos. En noviembre de 2010 la paciente fue informada por un miembro del Servicio de Traumatología de ese hospital que su cirugía sería realizada en febrero de 2011 por problemas con insumos y anestesistas. Casi un año y medio, sinónimo de urgencia.
Claro que, alcanzar un turno para practicarse una intervención es otro camino de ripio. Este obstáculo se ubicó en el tercer lugar entre los reclamos frecuentes.
La falta de recursos humanos especializados (anestesiólogos y enfermería en áreas críticas), de recursos físicos y deficiencias de infraestructura son variables que también conspiran contra la salud de los pacientes. Aunque muchas veces salvan vidas, los médicos no hacen milagros. Y trabajar en un ámbito donde falta espacio, fallan equipos o directamente no funcionan, empeora todo. Varias quejas denunciaron problemas en los recursos físicos de hospitales y centros de salud. Algunas, referidas a la aparatología en los hospitales Durand, Penna, Argerich y Ramos Mejía donde ecógrafos, mamógrafos y cámaras gamma, solo sirven de muebles y obstaculizan la realización de estudios y tratamientos. Otros reclamos mencionan problemas edilicios en el hospital Marie Curie, Fernández y Lagleyze, donde peligrosamente las calderas están obsoletas y, en el caso del centro oftalmológico, persisten daños de la inundación de febrero del año último.
Claro que las mejoras no siempre son buenas. O no lo son cuando se empiezan pero se dejan sin terminar. Eso sucede en las obras de remodelación o construcción sin finalizar en los hospitales Pirovano y Penna y en los CeSAC 7 y 27, donde guardias y salas de neonatología subsisten entre los materiales de construcción y el abandono.
HAGAN FILA
La modalidad de presentarse por la madrugada a la espera de obtener un turno de atención para consultorios externos es una práctica extendida entre la población usuaria de hospitales y centros de salud. Ello se debe a la insuficiente disponibilidad de turnos por día y por especialidades en los efectores.
A pesar de representar una barrera generalizada en el acceso a la atención de la salud, este mecanismo está instalado, y el obstáculo es naturalizado por usuarios y trabajadores de las instituciones de salud, por lo cual la cantidad de quejas presentadas es poco significativa en relación a la afectación que produce.
Oftalmología y Odontología han resultado las especialidades más reclamadas por dichas demoras. De ello dan cuenta, entre otras, las actuaciones en el hospital Santa Lucía y el Quinquela Martín.
La Defensoría se encarga también de un ítem áspero: las quejas referidas a distintos procederes institucionales o individuales ejecutados por personal profesional o administrativo de los efectores de salud que vulneran o niegan el pleno acceso al derecho a la salud de las personas. Ello incluye maltrato, mala atención o negligencia hacia los usuarios. También, los casos de discriminación a extranjeros por no poseer documento argentino, violando los derechos garantizados por la normativa nacional vigente en materia migratoria.
“Cada reclamo es evaluado en particular, se asesora a los presentantes sobre sus derechos y se realiza la gestión formal que amerite ante el Ministerio de Salud porteño, recomendando, además, la instrucción del personal en relación a los derechos y normativas vigentes”, precisó en el informe la titular de la Defensoría, Alicia Pierini.
La insuficiente cantidad de turnos para estudios, la aparatología rota y las demoras en su reparación o reposición son la causal directa de la demora en realización de estudios. Otras tardanzas están motivadas en deficiencias en el servicio de Anestesiología, cuando éste es requerido. Tal fue el caso de las actuaciones por estudios de resonancia magnética nuclear de cerebro indicadas a menores atendidos en el hospital Fernández, a quienes se les otorgaba turno con un año de demora. Sin duda, esta barrera puede empeorar el problema de salud de las personas o desalentarlas a continuar en el proceso de atención.
UN MUNDO APARTE
Otras quejas hacen referencia a las dificultades para la obtención de historias clínicas y a las deficiencias en la atención telefónica y de ambulancias del SAME. Las unidades de emergencia médica con las que cuenta la Ciudad se niegan a ingresar a villas y asentamientos, y más de una vez los mismos vecinos trasladan, por sus propios medios, a la persona que necesita atención médica.
Quienes aportan dinero de sus ingresos para una obra social muchas veces tampoco la pasan mejor pese a que pagan mes a mes. La mayoría de las quejas presentadas por beneficiarios de obras sociales están referidas al incumplimiento de las prestaciones obligatorias previstas en el PMO (Programa Médico Obligatorio) y de los descuentos en medicamentos para pacientes crónicos. Otras plantean la ampliación de esa cobertura en razón de los tratamientos indicados por el profesional tratante (cirugías, prótesis, insumos, estudios o procedimientos, medicamentos fuera de vademécum), que debidamente justificadas deben ser provistas por la entidad.
En idéntica situación a la que se vive en los hospitales públicos, coberturas en medicamentos, insumos y prótesis son los ítems más reclamados, donde los beneficiarios del Profe Salud son los que, de acuerdo al informe, peor la pasan.“La gestión de los reclamos se realiza partiendo de la concepción de la salud como derecho humano y constitucional, avalado en la normativa internacional, nacional y local, y desde el rol de la Defensoría del Pueblo, en tanto organismo del Estado dedicado a la promoción, protección y defensa de derechos, entre los que se encuentra el dedicado a la salud, media, habla y trata de llegar al arribo de una solución”, explicó Pierini.
Para terminar, un caso extraído del informe de la Defensoría que expone lo poco que, para algunos, vale la vida humana: una paciente del hospital Muñiz por participar en el protocolo de investigación de una droga del laboratorio Schering, recibió durante más de 10 años, y en forma gratuita, ese producto para su tratamiento con resultados positivos para su salud. Sin embargo, una vez que el medicamento fue aprobado por el Anmat y se convirtió en un producto a la venta, el laboratorio decidió discontinuar la entrega. Por medio de la Resolución 1.481/10, la Defensoría exigió a la empresa y a la dirección del nosocomio que garantizaran la continuidad del tratamiento iniciado. El caso fue resuelto a favor de la vecina reclamante. Pero la sensación de no significar mucho más que una rata de laboratorio persiste.
Operaciones urgentes que se hacen con un año y medio de demora, esperas interminables para sacar turnos, problemas edilicios, falta de personal e insumos, dificultad para acceder a medicamentos y prótesis: la salud pública porteña.
Por Clarisa Ercolano
El que espera, desespera. Y si no, basta una recorrida por los hospitales públicos de la Ciudad para toparse con historias donde la salud de los pacientes parece ser una prioridad sólo para ellos mismos. El Área de Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo porteña presentó un balance lapidario sobre el estado de la salud pública, que además incluye a las obras sociales, que no por ser pagas garantizan siempre la debida atención. Conseguir remedios, prótesis o turnos urgentes puede ser una misión imposible. Así, al enfermo no le queda otra opción que ser paciente.
En los hospitales Tornú, Durand y Argerich, el órgano de contralor debió actuar por la falta de entrega de medicamentos, obligación que le compete al Gobierno de la Ciudad. Aunque en menor medida que el año anterior, la falta de acceso a medicamentos que debieron ser provistos por el ministerio que dirige Jorge Lemus constituyó la queja más frecuente entre los vecinos que atienden su salud en hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC).
Las quejas refirieron la faltante o demora en la entrega de remedios incluidos en el listado del Plan Médico de Cabecera, así como importantes retrasos en la tramitación de las compras de las drogas que se encuentran fuera de ese vademécum. La situación afectó a pacientes con patologías crónicas de alta incidencia (como diabetes, epilepsia, hipertensión o trastornos psiquiátricos) y a aquellos que padecen enfermedades que requieren para su tratamiento medicamentos de mayor costo (oncológicos, para hepatitis C o artritis reumatoidea, entre otros). Ninguna de estas patologías puede sobrellevarse sin las adecuadas drogas, pero, pese a esta verdad insoslayable, a los hospitales no les son asignados los fondos para los trámites de ayuda médica y la resolución de éstos depende de la aprobación del nivel central.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad remarcaron ante Noticias Urbanas que fueron mantenidas numerosas reuniones con funcionarios de la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud del Ministerio de Salud porteño. Pero que no se ha implementado ninguna política orientada hacia su solución.
Los obstáculos en la compra de prótesis e insumos indicados para cirugías y tratamientos fueron el segundo motivo de reclamo de los vecinos. La espera excesiva en la realización de las cirugías perjudica a los usuarios, que agravan su problema de salud. La frecuente suspensión y reprogramación en las fechas de cirugía plantean, además, la reiteración de estudios prequirúrgicos o la necesidad de prolongar las internaciones preoperatorias a la espera de la intervención. Esta dificultad tiene una relación directa con las demoras en las cirugías cardíacas o traumatológicas o en el inicio de los tratamientos para los que fueron prescriptos los insumos, como por ejemplo, mochilas de oxígeno, leche medicamentosa o audífonos. Desde la Defensoría se prepararon oficios y seguimientos de trámites en entrega de audífonos y prótesis en el hospital Ramos Mejía. Sin embargo, no hubo soluciones por parte de las autoridades correspondientes.
URGENCIA DE UN AÑO Y MEDIO
Una de las actuaciones del organismo que ampara a los porteños basta de ejemplo para explicar qué se entiende por “urgente” en un hospital público. Para una usuaria del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” con indicación de cirugía urgente fue fijada la fecha para fines de octubre de 2009 y realizado el trámite de compra. Sin embargo, por razones presupuestarias, tal adquisición no se concretó en el período 2009, motivo por el cual en 2010 la paciente debió iniciar un nuevo trámite y renovar sus estudios médicos. En noviembre de 2010 la paciente fue informada por un miembro del Servicio de Traumatología de ese hospital que su cirugía sería realizada en febrero de 2011 por problemas con insumos y anestesistas. Casi un año y medio, sinónimo de urgencia.
Claro que, alcanzar un turno para practicarse una intervención es otro camino de ripio. Este obstáculo se ubicó en el tercer lugar entre los reclamos frecuentes.
La falta de recursos humanos especializados (anestesiólogos y enfermería en áreas críticas), de recursos físicos y deficiencias de infraestructura son variables que también conspiran contra la salud de los pacientes. Aunque muchas veces salvan vidas, los médicos no hacen milagros. Y trabajar en un ámbito donde falta espacio, fallan equipos o directamente no funcionan, empeora todo. Varias quejas denunciaron problemas en los recursos físicos de hospitales y centros de salud. Algunas, referidas a la aparatología en los hospitales Durand, Penna, Argerich y Ramos Mejía donde ecógrafos, mamógrafos y cámaras gamma, solo sirven de muebles y obstaculizan la realización de estudios y tratamientos. Otros reclamos mencionan problemas edilicios en el hospital Marie Curie, Fernández y Lagleyze, donde peligrosamente las calderas están obsoletas y, en el caso del centro oftalmológico, persisten daños de la inundación de febrero del año último.
Claro que las mejoras no siempre son buenas. O no lo son cuando se empiezan pero se dejan sin terminar. Eso sucede en las obras de remodelación o construcción sin finalizar en los hospitales Pirovano y Penna y en los CeSAC 7 y 27, donde guardias y salas de neonatología subsisten entre los materiales de construcción y el abandono.
HAGAN FILA
La modalidad de presentarse por la madrugada a la espera de obtener un turno de atención para consultorios externos es una práctica extendida entre la población usuaria de hospitales y centros de salud. Ello se debe a la insuficiente disponibilidad de turnos por día y por especialidades en los efectores.
A pesar de representar una barrera generalizada en el acceso a la atención de la salud, este mecanismo está instalado, y el obstáculo es naturalizado por usuarios y trabajadores de las instituciones de salud, por lo cual la cantidad de quejas presentadas es poco significativa en relación a la afectación que produce.
Oftalmología y Odontología han resultado las especialidades más reclamadas por dichas demoras. De ello dan cuenta, entre otras, las actuaciones en el hospital Santa Lucía y el Quinquela Martín.
La Defensoría se encarga también de un ítem áspero: las quejas referidas a distintos procederes institucionales o individuales ejecutados por personal profesional o administrativo de los efectores de salud que vulneran o niegan el pleno acceso al derecho a la salud de las personas. Ello incluye maltrato, mala atención o negligencia hacia los usuarios. También, los casos de discriminación a extranjeros por no poseer documento argentino, violando los derechos garantizados por la normativa nacional vigente en materia migratoria.
“Cada reclamo es evaluado en particular, se asesora a los presentantes sobre sus derechos y se realiza la gestión formal que amerite ante el Ministerio de Salud porteño, recomendando, además, la instrucción del personal en relación a los derechos y normativas vigentes”, precisó en el informe la titular de la Defensoría, Alicia Pierini.
La insuficiente cantidad de turnos para estudios, la aparatología rota y las demoras en su reparación o reposición son la causal directa de la demora en realización de estudios. Otras tardanzas están motivadas en deficiencias en el servicio de Anestesiología, cuando éste es requerido. Tal fue el caso de las actuaciones por estudios de resonancia magnética nuclear de cerebro indicadas a menores atendidos en el hospital Fernández, a quienes se les otorgaba turno con un año de demora. Sin duda, esta barrera puede empeorar el problema de salud de las personas o desalentarlas a continuar en el proceso de atención.
UN MUNDO APARTE
Otras quejas hacen referencia a las dificultades para la obtención de historias clínicas y a las deficiencias en la atención telefónica y de ambulancias del SAME. Las unidades de emergencia médica con las que cuenta la Ciudad se niegan a ingresar a villas y asentamientos, y más de una vez los mismos vecinos trasladan, por sus propios medios, a la persona que necesita atención médica.
Quienes aportan dinero de sus ingresos para una obra social muchas veces tampoco la pasan mejor pese a que pagan mes a mes. La mayoría de las quejas presentadas por beneficiarios de obras sociales están referidas al incumplimiento de las prestaciones obligatorias previstas en el PMO (Programa Médico Obligatorio) y de los descuentos en medicamentos para pacientes crónicos. Otras plantean la ampliación de esa cobertura en razón de los tratamientos indicados por el profesional tratante (cirugías, prótesis, insumos, estudios o procedimientos, medicamentos fuera de vademécum), que debidamente justificadas deben ser provistas por la entidad.
En idéntica situación a la que se vive en los hospitales públicos, coberturas en medicamentos, insumos y prótesis son los ítems más reclamados, donde los beneficiarios del Profe Salud son los que, de acuerdo al informe, peor la pasan.“La gestión de los reclamos se realiza partiendo de la concepción de la salud como derecho humano y constitucional, avalado en la normativa internacional, nacional y local, y desde el rol de la Defensoría del Pueblo, en tanto organismo del Estado dedicado a la promoción, protección y defensa de derechos, entre los que se encuentra el dedicado a la salud, media, habla y trata de llegar al arribo de una solución”, explicó Pierini.
Para terminar, un caso extraído del informe de la Defensoría que expone lo poco que, para algunos, vale la vida humana: una paciente del hospital Muñiz por participar en el protocolo de investigación de una droga del laboratorio Schering, recibió durante más de 10 años, y en forma gratuita, ese producto para su tratamiento con resultados positivos para su salud. Sin embargo, una vez que el medicamento fue aprobado por el Anmat y se convirtió en un producto a la venta, el laboratorio decidió discontinuar la entrega. Por medio de la Resolución 1.481/10, la Defensoría exigió a la empresa y a la dirección del nosocomio que garantizaran la continuidad del tratamiento iniciado. El caso fue resuelto a favor de la vecina reclamante. Pero la sensación de no significar mucho más que una rata de laboratorio persiste.
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